A menos de una semana de que el Senado retome la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional, el Presidente José Antonio Kast aprovechó el Consejo General Ampliado del Partido Republicano para reforzar el principal eje económico de su administración y enviar una señal tanto al Congreso como al sector privado: el Gobierno no renunciará a una agenda que considera indispensable para recuperar la inversión, generar empleo y devolver dinamismo a la economía.
Aunque el mandatario afirmó que el destino de su administración "no se juega todo en un proyecto de ley", dejó en claro que la reconstrucción seguirá siendo la principal prioridad legislativa durante el segundo semestre. "Son 1.461 días de Gobierno (...) muchas veces uno puede avanzar, otras mantener y en algunas ocasiones retroceder, pero la meta siempre es la misma: recuperar y reconstruir nuestra patria", sostuvo ante dirigentes, parlamentarios y consejeros de la colectividad.
La frase marcó el tono de una intervención que buscó combinar autocrítica, proyección política y defensa de la agenda económica. Kast reconoció que ha debido adaptar parte de su estrategia para construir mayorías en el Congreso, aunque descartó que ello implique un cambio en los principios de su administración. "Mi base sigue siendo la misma", afirmó, explicando que gobernar exige trabajar con las instituciones existentes y construir acuerdos para avanzar en las reformas.
La reconstrucción como eje del crecimiento
Gran parte del discurso estuvo dedicado a defender la Ley de Reconstrucción, iniciativa que el Ejecutivo considera el principal vehículo para reactivar la economía. Kast sostuvo que el proyecto busca entregar certezas a quienes invierten, fortalecer la creación de empleo y recuperar la competitividad del país, en un escenario que calificó como especialmente desafiante por la polarización política.
"Estamos avanzando. No ha sido nada de fácil, porque hay una disputa política e ideológica gigantesca", señaló el mandatario. Sin embargo, aseguró que persistirá en la tramitación de la iniciativa "por el bien de los chilenos", enfatizando que el objetivo final es "tener más trabajo y más inversión".
Sin mencionar directamente a la oposición, cuestionó el tiempo que ha tomado la discusión legislativa y advirtió que prolongar la incertidumbre tiene costos concretos para la economía. En su análisis, la demora en aprobar medidas de incentivo termina postergando proyectos de inversión, afectando la generación de empleo formal y debilitando las expectativas de crecimiento.
Señal al Congreso tras la negociación tributaria
Las declaraciones del Presidente se produjeron apenas un día después de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, optara por retirar la indicación que rebajaba el impuesto de Primera Categoría desde 23% a 22%, manteniendo la tasa originalmente acordada para preservar el entendimiento alcanzado con senadores del PPD respecto del régimen de invariabilidad tributaria.
La decisión fue interpretada en el oficialismo como una muestra de flexibilidad política para evitar poner en riesgo la aprobación del proyecto. Con ello, el Ejecutivo privilegió mantener una reducción gradual del impuesto corporativo hasta 23% en 2029, desechando una rebaja mayor que amenazaba con fracturar el acuerdo parlamentario construido durante las últimas semanas.
En paralelo, la iniciativa mantiene otros incentivos económicos considerados estratégicos por el Gobierno, entre ellos mecanismos de depreciación acelerada para nuevas inversiones, beneficios para proyectos inmobiliarios, incentivos a la repatriación de capitales, simplificación de permisos sectoriales y un crédito tributario al empleo focalizado en empresas exportadoras de servicios basados en conocimiento.
Asimismo, el proyecto incorpora nuevos beneficios tributarios para tratamientos de enfermedades catastróficas financiados por empleadores y perfecciona el régimen de exención de contribuciones para adultos mayores, junto con nuevas exigencias de transparencia en la determinación de los avalúos fiscales.
Empleo, inversión y agenda social
Más allá de la reconstrucción, Kast aprovechó el encuentro para repasar otras iniciativas que considera prioritarias. Destacó el avance del proyecto de Sala Cuna Universal, señalando que continuará su discusión "de manera responsable, no con promesas populistas", y defendió el plan Re-Nacer para enfrentar la caída de la natalidad como parte de una estrategia de largo plazo.
También puso énfasis en la mesa nacional por el empleo encabezada por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, afirmando que el desafío laboral requiere políticas estructurales más allá del ciclo económico. Según explicó, el objetivo del Gobierno es aumentar la participación laboral, mejorar la productividad y generar condiciones para un crecimiento sostenido de los salarios reales.
En materia de seguridad, el mandatario reiteró que el combate contra el crimen organizado seguirá siendo una prioridad transversal de la administración, argumentando que no existe crecimiento económico sostenible sin orden público ni certeza jurídica para quienes emprenden e invierten. "Una cosa es detener delincuentes y otra es enfrentar a los carteles de la droga", sostuvo, advirtiendo que esa estrategia tendrá costos, pero asegurando que el Estado mantendrá una ofensiva permanente contra las organizaciones criminales.
Un llamado a ampliar los acuerdos
En el plano político, Kast buscó proyectar cohesión dentro del oficialismo y llamó a fortalecer el trabajo territorial del Partido Republicano de cara a la segunda mitad del mandato. Reivindicó el carácter colectivo de su administración y descartó personalismos. "Yo trabajo en equipo. Un equipo no es una sola persona y eso es lo que nos hace fuertes en el tiempo", afirmó, agregando que el Gobierno seguirá buscando acuerdos con quienes compartan el objetivo de recuperar el crecimiento y reconstruir el país.
El mensaje también buscó responder a quienes han cuestionado la estrategia de negociación del Ejecutivo. "Cuando algunos dicen que cambié, yo no cambié", aseguró, defendiendo las concesiones realizadas durante la discusión legislativa como parte del ejercicio propio de gobernar en un sistema democrático.
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