El revés sufrido por el Ministerio Público ante el Tribunal Constitucional por la investigación en la arista penal del caso de la colusión entre las papeleras dejó a la Fiscalía Sur en una incómoda posición.
La semana pasada, el TC declaró la admisibilidad de la consulta presentada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para mantener la reserva sobre los antecedentes entregados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y que sustentaron el requerimiento por el delito de colusión presentado contra CMPC y la sueca SCA, cuestión que ambas firmas reconocieron, acogiéndose al mecanismo de delación compensada.
El alegato del Ministerio Público estuvo encabezado por el jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, Raúl Guzmán.
El fiscal Cristían Galdamez, que lleva la arista penal del caso, había solicitado la entrega de los expedientes al TDLC para agregarlos a su investigación, lo que fue denegado por el organismo. Luego de esto, acudió a la Corte de Apelaciones de San Miguel.
La primera negativa del TC -aún debe ver el fondo de la causa- pone en una posición incómoda a la Fiscalía Sur, ya que sin contar con mayores antecedentes, la investigación arriesga a quedar estancada, o, en el peor de los casos, ser desechada por falta de antecedentes. Este hecho es reconocido por fuentes de la mencionada Fiscalía, quienes sostiene que se dificulta su accionar al contar con menos información para configurar el caso.
Acá los estándares de prueba son la clave, comenta otra fuente. En el caso de los juicios en tribunales administrativos, el peso de la pueba es menor que en los penales, donde la parte acusadora debe ser mas acuciosa y contar con hechos concretos, no solo con supuestos.
Sin los antecedentes reservados que maneja la FNE y el TDLC es dificil que la arista penal avance, dicen las fuentes.
En la Fiscalía la investigación sigue su curso. A la fecha, y según ha trascendido, han llegado a declarar el empresario Gabriel Ruiz-Tagle, el ex gerente de CMPC Tissue, Jorge Morel Bulicic, y la ex ejecutiva de la firma de los Matte, Cecilia Haberle. Los dos primeros se han acogido al derecho de guardar silencio.
Confidencial
La negativa del TDLC y la FNE a entregar los antecedentes, dice una fuente, apunta al "corazón" de la institucionalidad de Libre Competencia: la confidencialidad con que se llevan las investigaciones.
Sin esto, comenta, las empresas y los ejecutivos involucrados en casos de colusión, por ejemplo, serían mucho mas reacios a entregar antecedentes y, por lo tanto, el combate a los carteles sería más dificil.
En los juicios penales, la Fiscalía debe liberar todos los antecedentes contenidos en los expedientes para asegurar la defensa de los imputados, lo que es visto por los abogados de libre competencia como un "peligro", especialmente en el caso de que se hagan públicas cuestiones comerciales sensibles para las empresas -como acuerdos con proveedores o clientes, balances y detalles de costos-, y que las podrían afectar frente a sus competidores.
Otro punto en discusión es la viabilidad que tiene utilizar los artículos 285 y 286 del Código Penal para perseguir los casos de colusión y otras infracciones.
Estas normas, presentes desde el siglo XIX en el código, responden a "otra lógica", sostienen. Estos artículos ya fueron utilizados para someter a juicio a los ejecutivos involucrados en al caso Farmacias, los que finalmente fueron absueltos por el tribunal al no acreditarse los delitos.
las claves de la disputa con el TDLC
Primer round
El 3 de noviembre pasado, el fiscal adjunto jefe de la fiscalía Sur, Cristián Galdamez, solicitó al TDLC que se le remitiera toda la información contenida en el requerimiento por colusión presentado por la FNE en contra de CMPC y la sueca SCA. Esto fue denegado por el TDLC.
Fiscalía insiste
Ante la negativa del TDLC, la Fiscalía insistió ante la Corte de Apelaciones de San miguel, la que determinó que los antecedentes requeridos para la investigación penal fueran remitidos en un plazo de 24 horas. En paralelo, el TDLC ingresó una consulta al TC por la contienda de competencia entre ambos tribunales, la que fue declarada admisible por el organismo.
Lo que viene
Pese al revés sufrido por el Ministerio Público ante el TC, aún debe resolverse el fondo del asunto: si se entrega o no la información requerida. El TC tiene prevista una nueva audiencia para las próximas semanas. La sentencia definitiva estaría en enero próximo.
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