Asegurando compartir totalmente la necesidad de que a las familias más vulnerables se les garantice el suministro eléctrico durante la vigencia del Estado de Catástrofe por el coronavirus, y eventualmente luego de su término mientras se recupera la normalidad económica del país, Acera reconoce de igual manera su preocupación respecto a cómo se implementarán las medidas contenidas en el proyecto de ley que busca prohibir los cortes de servicios básicos a todos los clientes.
“Las empresas generadoras 100% Energías Renovables No Convencionales (ERNC) socias de Acera se encuentran en una situación que no les permite incurrir en mayores costos. Estas compañías han sido afectadas duramente por varias situaciones ocurridas en el último tiempo”, sincera el director ejecutivo del gremio, Carlos Finat, aludiendo por ejemplo al financiamiento del mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica y una menor demanda de energía, mientras las empresas ejecutan significativas inversiones en el país. “Es sumamente importante al momento de definir las medidas la claridad y la estabilidad de las reglas del mercado, donde -en este caso- no son las generadoras de energía quienes deberían asumir este nuevo cargo, y en particular la situación de las empresas ERNC, donde la mayoría de ellas son de tamaño mediano o pequeño y ven su continuidad en riesgo”, señala.
- Sobre el proyecto anterior, el gobierno cree que, de llegar a convertirse en ley, la situación de pequeños distribuidores eléctricos de servicios eléctricos podría complicarse. ¿Coinciden?
- Sí, coincidimos. Desde Acera, estimamos que, si el 40% de los clientes regulados no pagara su cuenta de electricidad durante tres meses –período de catástrofe-implicaría casi US$ 300 millones menos de recaudación por parte de las distribuidoras, y que el proyecto de ley estaría traspasando al segmento de generación. De ocurrir esa situación y esa menor recaudación, de ser asumida por las empresas generadoras, varias empresas ERNC podrían verse expuestas al incumplimiento de sus compromisos con sus financistas y, por lo tanto, arriesgarían su liquidación. A esto hay que sumar que, a junio de este año, la CNE proyecta una deuda al segmento de generación de US$ 576 millones a raíz del mecanismo de estabilización de tarifas.
- El ministro de Energía reconoció que están conversando con las empresas para profundizar la ayuda y que es una opción incluir a trabajadores suspendidos y acogidos a la Ley de Protección del Empleo. ¿Qué les parece?
- Nos parece bien que este tipo de medidas sean implementadas para todos aquellos que lo necesiten, pero es clave que los destinatarios de cualquier beneficio sean focalizados y que se pueda estimar su alcance, porque, de otra manera, es imposible tener una planificación clara, de largo plazo y, además, genera una incertidumbre financiera adicional.
- ¿Cuál podría ser la solución para conciliar la ayuda a la población con evitar complicaciones financieras de actores de la industria?
- Las medidas que se tomen requieren necesariamente ser implementadas con los mecanismos para garantizar la cadena de pagos que se inicia por la recaudación de los pagos de los usuarios finales, que en nuestro ordenamiento jurídico está a cargo de las empresas distribuidoras y de las cooperativas eléctricas. A nuestro juicio, es el sector de las empresas distribuidoras el que debería asumir ese costo, con el apoyo del Estado, garantizando la integridad de la cadena de pagos hacia el resto de la industria y especialmente hacia las generadoras que ya cargan con la estabilización de tarifas ante el estallido social.
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