Rodrigo Sarquis, presidente de Blumar, ya había adelantado en su carta a los accionistas la positiva expectativa que tenía la empresa sobre el gobierno de José Antonio Kast, sobre todo de cara a la implementación de la Ley Lafkenche, la definición de sitios prioritarios o las microrelocalizaciones acuícolas.
El gerente general del grupo pesquero, Gerardo Balbontín, refrendó estas percepciones. A su juicio, "estamos muy expectantes positivamente a los anuncios que se han hecho" sobre esos tópicos. "Creemos que se han abordado los temas que realmente hoy día están afectando el desarrollo y el crecimiento, principalmente de la acuicultura", enfatizó.
Y en relación a la Ley Lafkenche, el ejecutivo dijo que desde 2018 está en trámite la definición de un área de protección costera en Magallanes -esacio conocido como ECMPO- que, de zanjarse, habilitaría inversiones de su filial acuícola por unos US$ 45 millones.
Esto permitiría aumentar la producción de la zona en 15 mil toneladas, sumando en total 50 mil toneladas de salmónidos, detalló.
Respecto a la ley SBAP -del Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas-, Balbontín dijo que esperan que también "se debiera conducir en buenos términos de manera de poder tener un buen balance entre el cuidado del medio ambiente y el desarrollo económico".
En esa línea, el ejecutivo manifestó su positiva opinión sobre el criterio de las llamadas "microlocalizaciones", donde las nuevas autoridades se han manifestado en la idea de agilizar su gestión dado que supone cambiar la concesiones por pocos metros sin afectar mayormente el área en cuestión.
Según el gerente general de Blumar, las "microlocalizaciones" no activarán nuevas inversiones pero sí mejorarán la gestión ambiental de las concesiones ya existentes y en operación.
Otro tema que abordó tras la junta de accionistas fue el polémico fraccionamiento, la ley mediante la cual el gobierno del expresidente Gabriel Boric redujo la proporción de pesca para el sector industrial. Blumar forma parte de las compañías pesqueras que ha demandando el Fisco, en este caso, por US$ 200 millones.
Y si bien el Consejo de Defensa del Estado (CDE) rechazó este lunes los argumentos de la empresa, Balbontín restó relevancia a ese parecer considerando que forma parte del normal curso del proceso legal y enfatizó que perseguir judicialmente este cambio en las reglas del juego es su deber fiduciario de cara a los accionistas.
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Valeria Ibarra
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