Es la carta más importante que tiene por jugar el sector agropecuario y a la vez la más temida por el oficialismo. Productores rurales afirman estar dispuestos a paralizar las ventas de la soya nueva, a partir de abril (cuando en general ingresa al mercado el grueso de la cosecha), en repudio a las políticas sectoriales del kirchnerismo.
Fue la principal amenaza que surgió tras la asamblea de la ciudad de Pehuajó, realizada el viernes, y que dio el puntapié inicial para lo serán 45 días de activa consulta con las bases productivas, y con la vista puesta en una protesta nacional que complique los planes del gobierno, en pleno año electoral y cuando se necesita de la liquidación de los agrodólares. Esa amenaza, y sus efectos, puso a funcionarios a trabajar para relanzar una Junta Nacional de Granos, que aunque no implica monopolio estatal para comprar poroto, ejercería presión.
La administración central depende en el primer semestre de las exportaciones soyeras para mejorar los números de la alicaída economía. Cuando se pronostican 50 millones de toneladas de producción y a valores internacionales actuales (unos US$ 524 por tonelada), la campaña soyera que viene se valora en US$ 26.200 millones. Esa sería la inyección de divisas que los envíos de la oleaginosa dejaría este año, de las cuales más de US$ 9.000 millones quedará en manos del Estado por la aplicación del 35% de derechos de exportación.
El presidente de Sociedad Rural (SRA), Luis Etchevehere, confirmó que la principal propuesta en Pehuajó fue frenar la comercialización de soya por tiempo indeterminado. “Se busca que se apliquen medidas que devuelvan la competitividad al campo”, remarcó.
En la asamblea también se habló de una eventual rebeldía fiscal ante la creciente presión impositiva. Además, se exigió el término de la intervención oficial en los mercados de granos y carne.
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