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Socios de Swell Capital inician proceso de reorganización judicial: piden "aunar las voluntades" de sus acreedores

Por primera vez, Juan Luis Montalva y Nicolás Iglesis se refirieron a la situación de la gestora de fondos. Plantean reestructurar sus pasivos y así, afirmaron, "viabilizar el desarrollo de sus operaciones y sus planes de negocios a futuro".

Por: J. Troncoso Ostornol | Publicado: Viernes 6 de agosto de 2021 a las 06:24 hrs.
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Los socios Swell Capital, Juan Luis Montalva y Nicolás Iglesis, solicitaron a la justicia, ayer jueves, la apertura de un procedimiento concursal de reorganización judicial de la gestora de fondos, que enfrenta una grave crisis en medio de acusaciones de estafa, apropiación indebida y falsificación de instrumento privado.

La aproblemada gestora de fondos nació en 2018 de la mano de Octavio Gamboa junto con Montalva e Iglesis. Gamboa es un viejo conocido de Sanhattan y ya participó como agente de valores en la extinta GS Valores; Montalva es un empresario de la construcción que opera a través de la firma Comosa y cuya familia paterna está vinculada a la gigante del rubro de la intermediación y gestión financiera con foco en lo inmobiliario, Montalva Quindos; mientras que Iglesis hizo una larga carrera en BTG en el área de administración de alto patrimonio.

El negocio principal era administrar dinero de amigos y familiares en dos formatos: a través de los fondos Norswell e Intra Trade, dedicados a los derivados -principalmente forwards, unos contratos que sirven para apostar al precio futuro del dólar- y cuyo back office lo prestaba Sartor, la misma firma que estuvo detrás de la compra del control de Azul Azul a Carlos Heller. 

La otra línea de negocios de la gestora es la operación de mesa de dinero directa en derivados financieros en moneda extranjera. 

Todo explotó luego que Gamboa se auto denunció ante el Ministerio Público.

En su solicitud de reorganización judicial, Rodrigo Zegers y Martín Molina, los abogados de Iglesis y Montalva (que en la acción legal figuran como representantes legales de Swell), detallaron que el giro principal de la firma consiste en la prestación de servicios y asesorías financieras, realización de operaciones de cambios internacionales y la compra y venta de divisas por cuenta propia o ajena; centrando especialmente su operación en la celebración de contratos de forward con sus clientes, de acuerdo a sus instrucciones y específicos requerimientos, además de la operación de fondos de inversión privados (FIP) que administran el dinero de sus aportantes.

Añadieron que para poder operar en este mercado y contratar forwards, el cliente, ya sea FIP u otro, debe proporcionar una garantía suficiente (dinero o instrumentos fácilmente liquidables) para cubrir las eventuales pérdidas que puedan producirse durante la ejecución del contrato.

Los abogados señalaron en su escrito presentado a la justicia que las actividades vinculadas a las operaciones de los contratos forwards fueron desarrolladas por Gamboa. "Atendida su vasta experiencia profesional, prestigio y capacidad en materia de inversiones en el mercado de monedas y derivados detentó, inicialmente, el cargo de gerente General de Swell y, posteriormente (desde el 2 de enero de 2020 y hasta el día 5 de julio de 2021) el cargo de gerente de Inversiones, teniendo pleno acceso al sistema interno de control de las operaciones forwards, a los sistemas contables, a cuentas corrientes y, en general, a toda la información de la compañía y de sus clientes", dice la solicitud de reorganización judicial.

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Luego, se añade: "El 2 de julio de 2021, el Sr. Octavio Gamboa Fernández se autodenunció ante la Fiscalía dando cuenta de que (con la colaboración del Sr. Michael Suárez Pardo, quien se desempeñaba en el cargo de gerente de Administración y Finanzas de Swell o controller), al menos a partir del mes de enero del año 2021 dispuso ilícitamente tanto de las garantías entregadas a Swell por clientes de la compañía como también de capitales propios de Swell, en beneficio exclusivo de su sociedad Inversiones Boris Ltda., causando un perjuicio directo a nuestra representada de más de $7.000 millones".

Por esto, señalaron los abogados, "es necesario iniciar un procedimiento de reorganización judicial de la empresa deudora, con el objeto de reestructurar sus pasivos, aunando las voluntades de sus acreedores para tal efecto, resolviendo estructuralmente su situación financiera y así viabilizar el desarrollo de sus operaciones y sus planes de negocios a futuro", dijeron los abogados de Iglesis y Montalva.

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