El denominado “robo del siglo” en Chile, perpetrado el 9 de marzo de 2020 en el Aeropuerto de Santiago, suma una -hasta ahora desconocida- nueva arista: las compañías de seguros que ya pagaron casi US$ 16 millones de indemnización por el hecho buscarían recuperar el millonario monto entregado.
Las firmas del giro asegurador Axa XL Underwriting Agencies, Brit Syndicates Limited, HDI Global Specialty SE y Cavalier Insurance Company Limited, además de la gigante del transporte de valores Brink’s Global Services International (BGS), solicitaron a la justicia decretar una medida prejudicial preparatoria de exhibición de documentos en contra del Fisco de Chile, la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel y la firma de servicios de logística aeroportuaria Aerosan Airport Services.
Las aseguradoras apuntarían a fallas en la seguridad del terminal. Incluso, las sociedades indican que “los hechos evidenciarían la eventual existencia de responsabilidad del Fisco de Chile”.
Al momento del robo, los aseguradores mantenían un contrato vigente con la mencionada empresa de transporte de valores. Cada uno asumió el respectivo riesgo en diferentes proporciones o porcentajes, de manera que, verificado el siniestro, procedieron a responder a su asegurado pagando las correspondientes indemnizaciones.
El abogado Ricardo Rozas Hurtado, del estudio JJR Abogados, representa a las aseguradoras en el país, así como también los intereses del propio asegurado, que tuvo que pagar el deducible de la póliza y otros cargos.
En su presentación a la justicia, precisó que las aseguradoras, tras pagar la indemnización, se subrogaron los derechos para ejercer las acciones contra quienes sean responsables.
“Así las cosas, es necesario para nuestras representadas el conocer con el mayor detalle posible todos los aspectos relativos a eventuales fallas de seguridad de las instalaciones del aeropuerto y que, en definitiva, pudieron haber facilitado la comisión del ilícito. En efecto, al tenor de la amplia cobertura dada en los medios de prensa y de las declaraciones allí vertidas por algunas autoridades, es posible anticipar que existieron fallas en la seguridad”, sostuvo el abogado, quien destacó que el de 2020 no fue el primer robo en el terminal.
Recordó que, en agosto de 2014, se sustrajeron $ 6 mil millones, y que en marzo del año pasado existió un intento de robo, el cual, si bien resultó frustrado, derivó en un enfrentamiento armado que dejó como resultado dos personas fallecidas.
“De este modo, este patrón -aparentemente reiterado- de intentos para cometer robos a camiones de valores dentro del aeropuerto ha dejado de ser un hecho aislado, lo que amerita el correspondiente análisis de antecedentes que las solicitadas puedan -y debiesen- tener en su poder para evaluar las acciones indemnizatorias correspondientes bajo la legislación nacional”, sostuvo Rozas.
¿Negligencia imputable?
El contrato de seguro fue suscrito por las partes en diciembre de 2019, con vigencia hasta el 1 de enero de 2021. La póliza establecía un límite general de cobertura de hasta US$ 200 millones.
Así, tras el robo, la empresa BGS denunció el siniestro, procediéndose a la liquidación del mismo y con ello cada uno de los aseguradores indemnizó por el monto de su correspondiente porción, pagándose US$ 15.810.533.
El abogado insistió en que, por el hecho del pago, tiene lugar la subrogación legal a favor de los aseguradores en los derechos que tenía BGS, en su calidad de asegurado, contra todos quienes resultaran responsables.
“Como es sencillo de prever, el cuantioso monto que tuvieron que indemnizar los aseguradores que represento a raíz del robo supone un perjuicio patrimonial de elevadas proporciones. Esta parte entiende que los hechos evidenciarían la eventual existencia de responsabilidad del Fisco de Chile, por falta de servicio o negligencia imputable a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que es un organismo público de la Administración del Estado, que, entre otras cosas, no habría adoptado las medidas de seguridad y protección suficientes, y producto de lo cual pudo facilitarse el acceso de quienes perpetraron el hecho al burlar los medios de seguridad existentes”, sostuvo el abogado, quien solicitó a la justicia que se ordene exhibir todos los protocolos, directivas, instrucciones u otros documentos atingentes, que sean relativos a las mejoras que fueron dispuestas y debieron ser adoptadas por la autoridad luego del robo ocurrido en agosto de 2014, para que, de ese modo, pueda contrastarse la situación y estado de las medidas de seguridad del aeropuerto con aquella existente al 9 de marzo de 2020.
En cuanto al concesionario Nuevo Pudahuel, solicitó -entre otros documentos- que se exhiban eventuales pólizas de seguro contratadas y que pudieran haber estado vigentes al momento del robo, en conjunto con el denuncio del siniestro e informe de liquidación.
Mismos antecedentes se solicitaron para Aerosan Airport Services, pues, de acuerdo con los antecedentes disponibles, el robo ocurrido se materializó al interior del recinto donde se encuentran sus bodegas.
La justicia ya dio curso a la medida prejudicial el pasado 7 de marzo, y convocó a las partes a una audiencia de exhibición de documentos, la que aún no se materializa.
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