Su primera gran derrota legislativa sufrió el Gobierno esta semana: la Cámara de Diputados cerró la puerta a la idea de legislar la reforma tributaria, una de las emblemáticas de la administración del Presidente Gabriel Boric, que permitiría habilitar otros cambios que impulsa el Ejecutivo, como el alza a la Pensión Garantizada Universal, la reducción de las listas de espera o la sala cuna universal. Un hecho que el mundo económico está mirando con atención también por sus posibles implicancias fiscales.
Richard Francis, director senior de Soberanos en Fitch Ratings, considera que lo ocurrido este miércoles “es un importante revés para la agenda de reformas y complicará los planes para reducir las desigualdades sociales”. El economista plantea que si bien el Gobierno tiene la opción de presentar la reforma en el Senado, en su opinión, “es probable que el proyecto de ley deba diluirse aún más para obtener el apoyo suficiente para su aprobación en medio de una oposición más fuerte”.
Incluso, el representante de la agencia clasificadora de riesgos considera que “en general, el Gobierno tendrá que reevaluar la forma de aplicar su programa de gasto social, es decir, un mayor gasto en sanidad, educación y pensiones, lo que podría dar lugar a mayores déficits y deuda en el futuro en ausencia de una reforma fiscal adecuada”.
Un cuadro a mediano plazo que se daría “en última instancia”, dice, y plantea que el rechazo “también es indicativo de la elevada incertidumbre política que persiste en el país, que seguirá pesando sobre la inversión y las perspectivas económicas”.
De cara a una eventual insistencia sobre la reforma en el Senado, Francis declara no tener “una opinión firme sobre qué áreas habría que cambiar”. Pero, advierte que, si se opta por ese camino, conseguir el apoyo suficiente “probablemente requeriría cambios”.
Los próximos años
Quien también está siguiendo el debate político nacional es Manuel Orozco, analista de la calificación soberana de Chile de Standard & Poor’s (S&P). El economista advierte que “dada una gobernanza fiscal que tiende a permitir nuevos gastos estructurales solo si existen nuevas fuentes de ingreso estructural, el rechazo de la reforma tributaria será una importante limitante para la expansión del gasto social en los próximos años, una promesa de campaña del Gobierno actual”.
Pero detalla que su escenario base aún no incluía la materialización de la reforma, por lo que el que la Cámara le haya cerrado la puerta no afecta sus proyecciones fiscales, las que estiman un nivel de deuda neta del gobierno general en torno al 30% del Producto Interno Bruto (PIB) para este año.
Considerando lo anterior, Orozco detalla que “el rechazo de la reforma pone en evidencia la gradualidad y señales mixtas de las instituciones y fuerzas políticas chilenas para atender demandas sociales”.
Indica que, por un lado, siguen señalando la institucionalidad y características democráticas del proceso constituyente. Pero, por otro lado, advierte que “ante un persistente escenario global adverso, el progreso acotado para fortalecer otros aspectos estructurales como la limitada movilidad social o el sistema de pensiones domésticos, se traduce en una continua incertidumbre sobre el modelo económico y social en Chile en el largo plazo”.
A estos comentarios se sumó por la tarde William Foster, vicepresident y senior credit officer de Moody’s Investors Service, quien planteó que el rechazo de la reforma "complicará el proceso de consolidación fiscal en Chile". Agregó que "lo anterior respalda nuestra visión de que, si bien el gobierno ha expresado un compromiso con la consolidación fiscal, presiones resultado de las demandas de la población por un aumento del gasto social habrán de dar lugar a déficits fiscales superiores a los previstos por las autoridades".
Ante este cuadro, la clasificadora espera que se registre un aumento gradual del nivel de deuda del Gobierno, lo que llevará a que la relación deuda/PIB se ubique ligeramente por encima de 40% en los próximos años, anticipa el experto.
Capital político "acotado"
Otra preocupación expuso Fernando Jorge Díaz, economista de Citi para Chile, quien señaló que "la principal conclusión es que el Gobierno tiene un capital político muy acotado, y que eso le va a hacer muy difícil empujar reformas". Recordó que el proyecto impositivo había estado en discusión por meses, y aún así fue rechazado, "sorpresivamente".
En su opinión, eso sí, no habría "grandes impactos" en lo macroeconómico. Dice que, por un lado, se podría argumentar que "el resultado demuestra que el marco general de la economía chilena, las reglas de juego, son difíciles de cambiar y eso debería generar mayor previsibilidad". Pero acota que "ello estaba bastante descontado ya".
Otro factor es el riesgo fiscal, uno que no advierte, ya que en su opinión "el gobierno priorizará el orden fiscal". El economista destaca que "el Presidente Boric ha sido muy responsable fiscalmente en su primer año, y pienso que el Gobierno cree que un deterioro fiscal impulsaría la inflación y por ende sería contraproducente".
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