Una nueva advertencia lanzó este lunes el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto a la situación de las finanzas públicas chilenas, teniendo como trasfondo la publicación de un nuevo decreto de política fiscal de parte del Ministerio de Hacienda.
A inicios de mes, el Ejecutivo actualizó el decreto de trayectoria del balance estructural para los cuatro años de la actual administración, cuyo contenido ya había adelantado en la discusión de la Ley de Presupuestos 2024 en octubre, pero cuya oficialización se dio recién este mes.
En dicho texto, la cartera liderada por Mario Marcel estableció metas anuales de reducción del déficit estructural mayores a las originales, estableciendo el objetivo en -0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 -el último año del actual Gobierno-, un empeoramiento de dos décimas respecto al decreto anterior.
"El Consejo alerta que si esta nueva cifra de déficit se mantiene en los años siguientes, no garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas, y podría generar que la deuda pública sobrepase su nivel prudente en la próxima década”, advierte el organismo en su informe.
Hacienda estableció una regla dual para el manejo de las finanzas públicas, en el que además del déficit estructural proyectado se fija una perspectiva de la deuda bruta del Gobierno Central, cuyo nivel sostenible se calculó en 45% del PIB.
El organismo presidido por Jorge Rodríguez Cabello plantea que al considerar las mayores tasas de interés reales y menores perspectivas de crecimiento económico, "se requiere un mayor esfuerzo en términos de balance estructural para estabilizar la deuda pública. Esto contrasta con el deterioro de 0,2 puntos porcentuales del PIB del balance estructural para 2026”.
"Asimismo, el Consejo insiste en que no existen espacios para nuevos gastos permanentes en los próximos años si no se aumentan las fuentes de recursos también permanentes, las que pueden provenir de un mayor crecimiento tendencial, nuevos ingresos tributarios, menor evasión o elusión tributaria, reasignaciones o mayor eficiencia del gasto", continúa.
Estabilizar la deuda
En el reporte, el CFA enfatiza que para estabilizar la deuda bruta por debajo de su nivel prudente de 45% del PIB, se requiere un equilibrio en el balance estructural. O sea, llegar a un resultado de 0% del PIB en el mediano y largo plazo y que no se mantenga hacia adelante el saldo negativo de 0,5% del Producto fijado por Hacienda.
“Incluso con un balance estructural en equilibrio, para que exista una estabilización de la deuda neta se suma el desafío de disminuir los ‘otros requerimientos de capital’, como, por ejemplo, la capitalización de empresas públicas, y reconstruir los activos financieros del Tesoro Público”, plantea el Consejo.
Asimismo, el documento también advierte que la estabilización de la deuda bruta prevista por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en su último Informe de Finanzas Públicas (IFP) considera una reducción de los activos financieros del Tesoro Público, que pasarían de 4% a 3,2% del PIB entre 2023 y 2028.
"Por ello, el Consejo recalca que la deuda neta -es decir, la deuda bruta menos los activos financieros del Tesoro Público- no se estabilizaría. De hecho, según las proyecciones de la Dipres, la deuda neta aumentaría en los próximos años, pasando desde 34,2% del PIB en 2023 hasta 38% del PIB en 2028", complementa el Consejo.
Por lo tanto, el CFA insistió en su recomendación de que a futuro el Gobierno considere un nivel prudente de deuda neta en vez de deuda bruta, por ser un indicador "más completo" para medir la sostenibilidad de las finanzas públicas.
"Esta obligación, junto con la de establecer metas anuales de balance estructural debidamente fundamentadas en el contexto macrofiscal, debería quedar establecida en el proyecto de ley sobre Responsabilidad Fiscal en trámite”, concluyó el texto.
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