Poco más de un mes le tomó al Congreso la tramitación del proyecto que autoriza un aumento de US$ 6.200 millones del techo máximo de la deuda del gobierno central para 2026.
La iniciativa del Ejecutivo, que ingresó a la Cámara Baja el 3 de junio, se votó este martes en la Sala del Senado y tras ser aprobada por la mayoría de la corporación quedó en condiciones de ser promulgada.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, siguió atentamente la votación y reiteró que el Estado enfrenta un escenario fiscal “muy distinto” al que suponía cuando asumió, aunque aclaró que esta propuesta no constituye un “cheque en blanco”.
De este modo, el oficialismo logró los 26 votos necesarios para su aprobación con el respaldo de 28 senadores, otros 15 en contra y solo una abstención. A pesar del rechazo de la oposición que no estaba disponible para avalar la iniciativa, porque ella significa -desde el punto de vista de un grupo de senadores opositores- un mayor “deterioro fiscal”.
El proyecto tiene por objeto adecuar el límite máximo de endeudamiento autorizado para el año 2026 a las necesidades actualizadas de financiamiento del gobierno central porque, según explicó el Ejecutivo, “la actualización de las perspectivas macroeconómicas y fiscales para 2026 dan cuenta de una situación fiscal más deficitaria que lo considerado durante la formulación presupuestaria”.
Esto quiere decir, un mayor déficit proyectado de US$ 3.800 millones; la apreciación del peso generó un requerimiento adicional de US$ 900 millones, para financiar el mismo nivel de obligaciones en moneda nacional; y, adicionalmente, se necesita financiamiento por US$ 1.500 millones “para el cumplimiento de compromisos ineludibles de pago del Estado, reflejados en el elevado nivel de deuda con proveedores y el bajo nivel de caja”, según explicó de manera reiterada el Ejecutivo ante las respectivas comisiones de Hacienda del Congreso, en el marco de la defensa del proyecto.
Criterios para ejercer la autorización
Esta autorización podrá ser ejercida a través de decretos supremos dictados por el Ministerio de Hacienda, en los cuales se deberá identificar el destino específico de las obligaciones que se contraigan y se indicarán las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio de la deuda, señala la iniciativa.
Y especifica que copias de estos decretos deberán ser enviadas a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara, dentro de los quince días hábiles siguientes a su publicación en el Diario Oficial.
Cabe recordar que el Consejo Fiscal Autónomo participó como invitado en el debate, en el marco del cual planteó la necesidad de algunas precauciones. Una de ellas insta a “mantener el esfuerzo de consolidación comprometido por la actual administración”.
En este contexto, la presidenta del organismo, Paula Benavides, alertó acerca de que las proyecciones para 2026 sitúan la deuda bruta entre 43,1% y 43,6% del PIB, reduciendo el margen respecto “al nivel prudente definido por la regla fiscal (45% del PIB)”, y que operar cerca de ese umbral o sobrepasarlo no es inocuo: “una deuda más elevada incrementa de manera permanente el gasto por intereses, componente que ya registra presiones crecientes y puede presionar al alza las tasas de interés, encareciendo el crédito para hogares y empresas; afectando la actividad económica y reduciendo el margen de maniobra fiscal ante eventos extraordinarios adversos”.
Por ello agregó: “Resulta indispensable que se avance simultáneamente en la implementación sostenida de las medidas necesarias para materializar una senda de consolidación fiscal que permita estabilizar la deuda pública por debajo de su nivel prudente”.
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