Dos meses cumplió el abogado Pedro Lea-Plaza como director del Servicio Civil, cargo que asumió luego de 30 años de carrera profesional principalmente en el sector privado. Un recorrido que, según expone, le permitió hacer “un match perfecto” entre su visión, el mandato del Presidente y la dedicación que ha visto en los profesionales del organismo en orden a “modernizar la gestión en el Estado”.
Esa tarea la pone en el primer lugar, pues su objetivo como cabeza del Consejo de Alta Dirección Pública (ADP) es que lleguen a los cargos ADP los mejor preparados.
Dado lo anterior, se ha planteado hacer una planificación estratégica en el Servicio Civil para los próximos cuatro años. “Tenemos que hacer más fiscalización, más supervisión, más acompañamiento para lograr una modernización en todos los servicios. Mejoras legales son posibles, pero hoy -más allá de eso-, lo que podemos hacer es una mejora en los procesos internos del servicio y de reclutamiento, selección y evaluación de desempeño en los distintos servicios públicos”, expone.
Quien fuera parte del equipo de reclutamiento de personas en la oficina del entonces mandatario electo José Antonio Kast, dice este gobierno es el que que menos egresos no voluntarios ha tenido, sumando primer y segundo nivel jerárquico.
“El gobierno que más cambios hizo en las primeras semanas y el primer año fue el gobierno de Bachelet II. Ese fue un gobierno que arrasó con el sistema; y los siguientes, Piñera II, Boric y este han estado en los mismos niveles”, expone antes de entrar en las cifras.
“En las primeras seis semanas, este gobierno ha sido el que menos ha desvinculado en jefaturas de primer y segundo nivel jerárquico”.
Al término de las primeras seis semana desde asumir el mandato, Lea-Plaza precisa que el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet registró la tasa más alta de egresos no voluntarios, con 186 casos, equivalentes a 27,7% de los 671 nombramientos vigentes al inicio del período. Estos números fueron de 76 casos y un 9,6% de 793 nombramientos vigentes en el segundo mandato del Presidente Piñera; de 57 casos y un 5,9% de 958 nombramientos vigentes con Boric; y 80 casos, un 6,7% de 1.180 del Presidente Kast.
Si se consideran los egresos solo del primer nivel jerárquico, en el segundo período de Bachelet se vieron 51 casos de los 84 nombramientos vigentes; en el segundo de Piñera 44 casos de 95; en Boric con 45 casos de 100 nombramientos vigentes; y en la actual administración 34 casos de 111 nombramientos vigentes.
- ¿Se debe mantener o quizás le resta espacio al sistema ADP la facultad que tienen los Presidentes de designar a 12 directores de servicio en forma directa, las llamadas balas de plata?
- Cuando en un sistema democrático la voluntad popular se manifiesta al elegir al Presidente de la República, este debiera llegar con todo su equipo para poder implementar las políticas públicas que ha ofrecido en un programa de gobierno a la ciudadanía durante la campaña. Y el ideal sería que se instale muy rápido en el gobierno y de manera eficiente. Las 12 balas de plata me parece que es poco, creo que debieran ser muchas más balas de plata, pero que pasen por un filtro de mérito.
En el caso del Presidente Kast así fue, se hizo en la Oficina del Presidente Electo. ¿Y para qué? Para los efectos de que el gobierno se pueda instalar rápidamente. Está la idea de que mérito y confianza se oponen, no es así, se complementan. Cuando el Presidente llega, no gobierna solo; tampoco lo hacen los ministros y subsecretarios.
Si una organización de 500 mil personas, que son los funcionarios públicos, no los manejas con 100 personas ni con 1.000. Necesitas por lo menos instalarte con unas 3 mil o 4 mil personas que permitan rápidamente implementar las políticas públicas que le ofreciste a la ciudadanía y por lo cual la ciudadanía te eligió.
“Tenemos que hacer más fiscalización y supervisión para lograr una modernización en todos los servicios”.
- ¿Cuánto sería un número ideal de balas de plata para nuestro Estado?
- Honestamente, por lo menos los 130 cargos de Alta Dirección Pública de primer nivel jerárquico debieran ser balas de plata con un filtro de mérito. Sería una instalación mucho más fluida con personas que saben lo que tienen que hacer de alguna manera ya chequeadas; y que así el Estado siga funcionando. Hoy es muy fácil hacer esos procesos de selección y de evaluación.
- Ha estado en el debate la necesidad de una reforma al empleo público. ¿La considera necesaria especialmente por el régimen de contrata y honorarios que siempre tensiona?
- Sin duda, el empleo público requiere modernizarse y para eso se requiere de un acuerdo transversal entre todos los involucrados, tener el mismo propósito de modernización, porque ese es el objetivo de reformar el empleo público, sacar los bolsones de precariedad que hay en ese trabajo, pero también flexibilizarlo. Es decir, romper las barreras de la inamovilidad, por ejemplo.
Entonces, es una discusión muy compleja que involucra, por supuesto, a los expertos, a los centros de estudio, a las universidades, a las autoridades políticas y a las asociaciones de funcionarios. Pero si no hay un acuerdo transversal, si hay algún sector que majaderamente se opone a modernizar el Estado, va a ser muy difícil hacerlo.
- ¿Siempre está el temor ahí de que van a haber despidos y eso frena cualquier discusión?
- Hay que buscar la forma en que las personas no se sientan amenazadas. A lo mejor no se trata de sacar gente, sino que de reconvertirla, de introducir capacitación. Hoy día hay tecnología que te permite acelerar los procesos, mucha inteligencia artificial, en fin. Y eso puede ayudar a eficientar la función pública sin necesidad de tener que sacar a nadie.
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