Era una bomba de tiempo. Hace unas semanas trascendió que LAN Argentina veía amenazada su operación doméstica en el país vecino a raíz de una acción del Organismo Regulador del Sistema Nacional Aeroportuario (Orsna), que notificaría el desalojo a gran parte de las aerolíneas que operan en el terminal Jorge Newbery, más conocido como Aeroparque, que está ubicado en Buenos Aires.
Efectivamente, las empresas más pequeñas que operan en el terminal fueron notificadas de esta decisión, no así LAN Argentina, que continuó operando en medio de la incertidumbre, hasta que el martes el organismo gubernamental le comunicó que tenían diez días para abandonar las instalaciones que ocupa en el aeropuerto.
El vicepresidente ejecutivo de Latam Airlines, Enrique Cueto, indicó ayer a la SVS que la decisión del Orsna es ilegítima y que no se trata de un hecho aislado, sino que “estaría en línea con un creciente nivel de acciones en contra de nuestra empresa, con el objeto de dañar nuestras operaciones en Argentina”.
Conocida la noticia la compañía activó dos frentes para tratar de impedir esta medida que hasta ahora no ha afectado a las operadoras Austral y Aerolíneas Argentinas, ésta última la principal competidora de LAN en ese mercado.
Los máximos ejecutivos de la matriz de la aerolínea se movieron primero en el plano político. Apenas conocida la notificación, Ignacio Cueto, CEO de la firma, quien estaba en Colombia viajó de inmediato a Santiago para reunirse con autoridades locales. La intención de la empresa es que la Cancillería chilena, el gobierno trasandino y las sedes diplomáticas de ambos países se hagan partícipes del tema (ver nota pág. 6).
“Hay que entablar la mayor cantidad de instancias de diálogo con el gobierno argentino para tratar de buscarle una solución a este tema”, sostuvieron en Latam.
Vía judicial
En paralelo, la firma ligada a la familia Cueto tomará la vía judicial para “defender el derecho legítimo de LAN Argentina para seguir operando con su hangar, en el cual se invirtieron US$ 5 millones y donde tenemos contrato vigente hasta 2023”, indicaron desde la firma.
En la aerolínea esperan que la justicia trasandina acoja la medida cautelar que interpondrán (que incluye una orden de no innovar) durante los ocho días que faltan para que se concrete el desalojo.
Añadieron que a corto plazo su operación en Argentina, donde 55 de los 295 vuelos locales diarios salen desde el terminal en cuestión, seguiría en pie.
De momento, LAN Argentina sigue utilizando su hangar, que representa el 5% de la superficie del área sur o industrial de Aeroparque, con lo cual pueden atender con normalidad sus vuelos domésticos (a 14 destinos) y otros dos que provienen de Santiago. Sin embargo, el director de asuntos corporativos de la firma en ese país, Agustín Agraz, dijo que sin esta instalación sus operaciones son inviables.
Altas fuentes de la empresa añadieron que si ese fuera el caso tendrían que recurrir a planes de contingencia como instalar un hangar en otra ciudad de Argentina o en el aeropuerto de Ezeiza, lo que no haría rentable esta actividad. Incluso, mencionan que podrían hacer mantenimientos en la misma loza, pero eso no sería sostenible en el largo plazo.
Fuentes de Latam aseguran que el gobierno argentino les había propuesto algunas opciones, “pero nosotros les comunicamos que necesitamos ese hangar”.
Ayer, los sindicatos aeronáuticos en Argentina se declararon en estado de alerta y de movilización permanente a causa de esta acción que calificaron como una “secuencia de hostigamiento” que se suma a episodios anteriores contra la firma.
La polémica resolución
En noviembre de 2012 el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) emitió por primera vez la resolución 123 donde estableció que en virtud de un cambio en el plan regulador de esta terminal se readecuarían las posiciones de estacionamiento de aeronaves para aumentar la capacidad del recinto y responder al incremento en la demanda de servicios aéreos, fundamentalmente de aviones mayores (tipo Boeing 737 y 757 o Airbus A 320).
Esta orden establece únicamente la necesidad de reubicar en otros terminales a las naves con capacidad inferior a 30 pasajeros, lo que afectaba a cuatro empresas locales. Todo lo anterior, a partir del 1 de agosto pasado.
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