El conglomerado de medios de comunicación Copesa será escuchado por la Corte Suprema. El pasado 27 de enero, el grupo dueño de La Tercera presentó ante el Tribunal de Libre Competencia (TDLC) una solicitud para que éste iniciara un prodecimiento para dictar “Instrucciones de Carácter General” que establezcan un mecanismo para determinar la remuneración que –en su opinión– plataformas digitales de motores de búsqueda, video sharing, video streaming y redes sociales que integran sistemas de inteligencia artificial generativa, deberían pagar a medios de comunicación en línea por el uso de su contenido.
El pasado 13 de marzo, sin embargo, el TDLC rechazó la solicitud de iniciar dicho proceso. En respuesta, asesorados por la firma Rojas Pacini, el conglomerado presentó un recurso de reclamación que ahora –según anunció el TDLC el jueves pasado– será visto por la Corte Suprema. En caso de obtener luz verde, el máximo tribunal podría ordenarle al organismo regulador dar inicio al procedimiento solicitado.
Gen IA versus medios de comunicación
La reclamación tiene su origen en la “irrupción de ChatGPT”, señala Copesa en el primer escrito presentado en enero ante el TDLC. Desde aquel entonces, argumentan, las principales plataformas (como motores de búsqueda, video streaming y redes sociales) han incorporado “nuevas interfaces en sus servicios para proporcionar acceso a estos potentes sistemas IA generativa (Gen IA) que reformulan contenidos en línea”.
El ejemplo más común es el de Google. Entre 2023 y 2024, el motor de búsqueda multinacional creó “IA Overview”, que genera un resumen de la consulta hecha por el usuario, muchas veces, a partir de contenido publicado anteriormente por medios de comunicación.
En la práctica, argumentó el conglomerado, este uso indirecto de información podría afectar la libre competencia y perjudicar directamente a los medios de comunicación y sus ingresos, “que dependen de atraer la atención de los usuarios para servir publicidad en sus sitios web”. Esto, según Copesa, ya ha manifestado consecuencias: “Los niveles de tráfico de referencia hacia los medios de comunicación en línea han caído drásticamente. Y las proyecciones indican que dicho tráfico seguirá cayendo, con la consecuente disminución de ingresos de los medios”.
Así, con el objetivo de establecer un mecanismo regulador de monetización, solicitaron al TDLC “dar inicio a un procedimiento para la dictación de Instrucciones de Carácter General”. Sin embargo, el pasado 2 de marzo, el organismo le cerró la puerta al conglomerado y rechazó la solicitud.
Sus argumentos, en simple, fueron tres: la no obligación de parte del tribunal para dictar instrucciones solicitadas; que los antecedentes presentados “no son suficientes” y que éstos tampoco justificarían “la necesidad de dar certeza jurídica a los agentes económicos acerca de los criterios utilizados en el análisis”. Además, se mencionó que hoy existe otro proceso en el TDLC (donde el mismo Copesa acusa a Google de ejecutar “prácticas anticompetitivas explotativas”), “lo que hace peligroso avanzar en paralelo”.
Pero Copesa no dio el brazo a torcer, y hace dos semanas presentó una reclamación con argumentos en contra –entre ellos, que el TDLC debía explicar sus razones concretas para no dar a lugar y que el proceso en curso contra Google es de diferente naturaleza– que ahora serán evaluados por la Corte Suprema. En consecuencia, será esta máxima instancia la encargada de decidir si instuir (o no) al TDLC de iniciar el procedimiento solicitado.
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Catalina Vicuña
