El proceso de paz entre el gobierno de centro derecha del presidente Juan Manuel Santos, y la guerrilla izquierdista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) va a dominar de nuevo la agenda nacional en 2015. Los avances en la mesa de negociación van a permanecer lentos, pero un acuerdo es posible para final de año. El panorama económico es positivo, a pesar de que el crecimiento del PIB se desacelerará y el riesgo macroeconómico aumentará por el menor apoyo de las condiciones internacionales. La economía va a crecer 4,3%, ligeramente por debajo de su potencial de largo plazo, mientras la inflación subirá y el déficit fiscal y deuda externa aumentarán.
Santos seguirá bajo presión de varios sectores sociales para que satisfaga las demandas de mejor apoyo del gobierno y servicios. Sin embargo, habrá límites en la capacidad de la administración para satisfacer esas demandas, dadas las más apretadas restricciones fiscales, y esto, combinado con una oposición política más organizada, podría de alguna forma erosionar la efectividad gubernamental.
Un año crucial para la paz
Un colapso en el proceso de paz no puede ser descartado si las negociaciones se prolongan o alcanzan un punto muerto, o si el gobierno es forzado a suspender los diálogos tras alguna acción terrorista inesperada de las FARC. Incluso si, como nosotros asumimos, los partidos alcanzan un acuerdo en los dos temas pendientes de la agenda de negociación de cinco puntos –compensaciones para las víctimas y la condición para la desmovilización de las FARC– asegurar el apoyo popular para el acuerdo será otro desafío abrumador. El gobierno y las FARC tienen visiones opuestas sobre el mecanismo que se debe utilizar para asegurar la legitimación popular de los acuerdos. Alcanzar consenso en este punto podría tomar demasiado tiempo. Además, la aprobación de un referéndum (o el resultado de una asamblea constitucional) se va a complicar por el hecho de que la mayoría de los colombianos rechaza la intención del gobierno de hacer generosas concesiones a las FARC, como a la posibilidad de que sus miembros –incluyendo aquellos culpables de abusos a los derechos humanos– no cumplan sentencia en prisión y puedan presentarse a cargos bajo favorables normas.
Riesgos a la gobernabilidad
Nuestro escenario base asume que Santos va a mantener una mayoría suficiente en la legislatura y eso lo va a facultar para construir alianzas con propósitos específicos que le permitan aprobar más legislaciones controversiales. Una mayor presencia de la oposición en la legislatura limitará las opciones y la efectividad de las reformas. Aunque la mayoría de los colombianos apoya la labor de Santos para alcanzar la paz, las principales prioridades de los ciudadanos son mejorar la calidad de la salud y la educación, reducir la informalidad laboral, frenar el crimen y la corrupción, y avanzar en solucionar las ineficiencias del sistema de justicia. La naturaleza estructural de los problemas en estas áreas va a limitar los logros, incluso con acciones del gobierno y apoyo del congreso. En este contexto, la posibilidad de protestas sociales es alta, lo que plantea riesgos a la gobernabilidad, aunque no anticipamos ningún disturbio al orden constitucional, debido a la fuerte institucionalidad. De cualquier forma, la posición política de Santos podría estar más socavada en 2015 por el éxito mayor al del recientemente creado partido opositor CD del ex presidente de derecha Álvaro Uribe en las elecciones regionales de octubre.
En términos de relaciones internacionales, la administración mantendrá una postura pragmática, pero no pueden descartarse ciertas tensiones con sus vecinos. Asuntos comerciales y económicos con Panamá podrían amargar las relaciones bilaterales, ya que Colombia ha puesto algunas restricciones a las importaciones de ese país. Es más, la demanda de Santos a Panamá para que revele información sobre inversionistas colombianos ahí encontrará resistencia de las autoridades panameñas. Roces con Nicaragua relacionados con la soberanía de las aguas alrededor del archipiélago de San Andrés podrían intensificarse, pero serán resueltas a través de negociaciones de un tratado bilateral para los nuevos límites marítimos, más que una confrontación militar. Relaciones volátiles con Venezuela podrían también llevar a un período de tensión bilateral.
Vientos en contra
La expectativa de cambios en la política monetaria de Estados Unidos continuará reduciendo la entrada de enormes flujos de capitales extranjeros que Colombia y otros mercados emergentes han disfrutado en años recientes. Esto no complicará la capacidad del país de financiar el déficit en cuenta corriente (que pronosticamos va a estar en alrededor de 4,8% del PIB), aunque sí aumentará la actual volatilidad del tipo de cambio y la depreciación del peso. Esto último ayudará a reducir las importaciones y aumentar las exportaciones no tradicionales –y así disminuir el déficit comercial– pero también complicará el control de la inflación. En caso de que la depreciación sea más rápida de lo esperado, el Banco de la República (Banrep) tiene las reservas extranjeras necesarias para intervenir en el mercado, pero podría ser forzado a aumentar la tasa de interés, afectando el crecimiento del PIB, que ya se prevé que se frenará.
El crecimiento económico se va a desacelerar debido a la gradual restricción monetaria del Banrep, una actividad más lenta en el sector minero (antes el mayor motor de la economía) y una combinación de gasto fiscal más lento y un aumento de impuestos tras la reciente aprobación de la reforma fiscal. El panorama fiscal contiene algunos riesgos. El déficit del sector público no financiero aumentará pero se mantendrá manejable, y el déficit del gobierno central crecerá más allá de las metas apuntadas en el plan fiscal a diez años (más allá de 2% del PIB), principalmente debido a la caída mundial en los precios del petróleo. La expansión del déficit fiscal podría resultar en un agudo recorte a la inversión, afectando así aún más el crecimiento del PIB.
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