El 4 de noviembre recién pasado, la Contraloría General de la República emitió un dictamen, en respuesta a un requerimiento formulado por cuatro instituciones bancarias y en el cual también se hizo parte la Asociación de Bancos, con el objeto de precisar el alcance de las facultades legales del Sernac.
Ello, a raíz de las exigencias impuestas y las responsabilidades a priori atribuidas por dicho organismo, con ocasión del fraude y clonación que afectó a titulares y emisores de tarjetas en la Región de la Araucanía a mediados de 2012.
El dictamen de la Contraloría establece que el Sernac "no cuenta con atribuciones para impartir órdenes a las instituciones bancarias acerca de las medidas que deben adoptar respecto de problemas generados con sus clientes, como tampoco para atribuirles responsabilidades pecuniarias".
El pronunciamiento del Contralor, Ramiro Mendoza, fue solicitado a raíz de 10 oficios, emitidos por el Sernac en 2012, los que fueron impugnados por los bancos BBVA, Bice, Itaú y Security, con motivo de las exigencias y responsabilidades impuestas a las entidades bancarias por el Sernac, arrogándose una competencia que le corresponde a los Tribunales de Justicia y sin considerar la decisión adoptada por los propios bancos de abonar voluntariamente en las cuentas de los clientes los montos defraudados por acción de delitos cometidos por terceros.
El dictamen concluye que "si bien ese organismo se ha encontrado facultado para requerir a las entidades recurrentes, a través de los oficios impugnados, la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, no ha resultado procedente la incorporación en ellos de menciones como las indicadas en el párrafo precedente", aludiendo a las órdenes impartidas a los bancos, así como a las responsabilidades pecuniarias atribuidas a éstos.
Por consiguiente, declara que "en lo sucesivo", el Sernac "deberá actuar con estricta sujeción a sus atribuciones legales".
La Asociación de Bancos valoró este dictamen, ya que a juicio de la entidad "con esto se reafirma el imperio del estado de derecho, basado en el principio de legalidad, que obliga a los órganos del Estado a actuar siempre dentro de competencia y en la forma prescrita por la ley. Lo anterior, junto con el principio de separación de poderes y la garantía del debido proceso, según los cuales la determinación de responsabilidades y sanciones corresponde a los tribunales de justicia, fundado en un proceso previo legalmente tramitado y de acuerdo con el procedimiento establecido por el legislador".
Cabe recordar que en julio de 2012 se advirtió la existencia de giros anormales en cuentas de clientes de los bancos, lo que activó los mecanismos de monitoreo de transacciones y permitió establecer que se trataba de una clonación de tarjetas. Tras este hecho, la industria aplicó sus medidas mitigadoras de fraudes y voluntariamente reversó los cargos que se produjeron como resultado de ese delito y se generaron medidas adicionales de seguridad.
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