La reforma previsional aprobada a principios de año por el Congreso y cuya ley fue publicada el 26 de marzo de 2025, introdujo los cambios más profundos al sistema de pensiones desde su creación en más de cuatro décadas y aumenta la cotización en un total de 7% con cargo al empleador.
A raíz de las modificaciones que introduce la nueva Ley, Deloitte advirtió una serie de nuevas exigencias que surgen para las empresas, y adelantó que aún existe mucha incertidumbre sobre la interpretación de la normativa, lo que "aumenta el riesgo de incumplimientos, lo que podría derivar en multas y sanciones".
En primer lugar, adelantaron que el incremento gradual del nuevo aporte previsional, generará efectos en la estructura de costos y de planificación financiera. Lo que a juicio de Deloitte, se hace aún mayor en un contexto de constantes cambios normativos que siguen aumentando el costo de personal. Esto último, se explica por una implementación por etapas y la aparición progresiva de nuevos reglamentos.
Uno de los problemas más críticos que identificó Deloitte, es que muchas empresas no cuentan con sistemas de gestión especializados o integrados para manejar sus procesos previsionales, lo que “no sólo ralentiza la actualización de los cálculos para el cumplimiento normativo, sino que también aumenta significativamente el riesgo de errores”, aseguraron desde la entidad.
Asimismo, implicaría un mayor esfuerzo del área de recursos humanos y finanzas en adaptar sistemas.
Otro punto relevante que identificó la audítora, es que en el caso de que una persona natural mantenga relación estable de prestación de servicios regulares, bajo supervisión directa, la relación civil podría ser considerada como una laboral, lo que le permitiría al prestador reclamar beneficios laborales, tales como cotizaciones previsionales.
Sin embargo, para que esto ocurra, el prestador de servicios debe presentar una demanda ante el Tribunal Laboral competente, el cuál determinará si existe o no una relación laboral entre las partes.
Sanciones asociadas a incumplimientos
Para junio de 2026 está prevista la entrada en vigencia del Sistema Único de Cobranza (SUC), el cual centralizará el cobro prejudicial y judicial de las cotizaciones previsionales impagas en un solo ente.
Deloitte advirtió que el no declarar o pagar correctamente las cotizaciones previsionales, puede resultar en una multa de UF 0,75 por cada trabajador (unos $ 29.429).
A lo anterior, se suman los reajustes e intereses sobre los montos adeudados. “En caso de reclasificación del personal a honorarios recurrentes (declaración judicial), la empresa estaría obligada a pagar retroactivamente todas las cotizaciones previsionales no enteradas (incluyendo el nuevo 1% y futuros aumentos), con sus respectivos reajustes e intereses”, aseguraron.
Adicionalmente, la Dirección del Trabajo, podría aplicar multas por infracciones derivadas de no cumplir con las obligaciones del empleador, las que son variables, pero pueden llegar hasta $4.200.000, para infracciones graves, por cada evento de fiscalización.
“La Ley de Delitos Económicos establece como delitos en materia laboral y de seguridad social aquellas conductas en que el empleador, sin el consentimiento del trabajador, omite el pago de cotizaciones previsionales o declara una renta imponible inferior a la real con el fin de reducir sus contribuciones”, sostuvo la Big Four.
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