Más de 1.000 cámaras equipadas con Inteligencia Artificial (IA) y un contrato por más de US$ 17 millones para reforzar la seguridad en Antofagasta, Calama y Tocopilla quedaron en el centro de la polémica tras cuestionamientos al proceso de licitación.
El contrato contempla la instalación de 1.245 cámaras de televigilancia con IA y 64 lectores automáticos de patentes que se ubicarán en puntos estratégicos de estas ciudades para permitir un monitoreo en tiempo real de zonas con alta incidencia delictual y mejorar la capacidad de seguimiento de vehículos vinculados a delitos, especialmente aquellos con encargo por robo.
El 6 de marzo, la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta adjudicó su instalación a la empresa Ingbell Chile SpA, decisión que fue criticada por Sistesa SpA, otro de los oferentes, que denunció fallas en el proceso de evaluación y anunció acciones ante la Contraloría para solicitar la revisión del procedimiento.
Entre los cuestionamientos de Sistesa está cómo se evaluó la experiencia de las empresas en proyectos de cámaras de vigilancia y sistemas tecnológicos similares, ya que, según la firma, algunos antecedentes presentados por los postulantes no habrían sido evaluados con el mismo criterio durante el proceso.
La acción busca que el organismo fiscalizador analice si el proceso se ajustó a las normas que regulan las compras públicas y si los criterios utilizados en la evaluación técnica y económica de las propuestas se aplicaron de manera correcta.
Accidentado recorrido
El proceso comenzó el 30 de diciembre de 2025, cuando la iniciativa fue publicada en el portal de Mercado Público. El período para presentar ofertas se extendió hasta el 19 de febrero de 2026, y durante ese tiempo se generó un alto interés por parte de empresas del rubro tecnológico y de seguridad.
Según los registros, se formularon más de 700 consultas técnicas por parte de compañías interesadas y se realizaron visitas técnicas en terreno con el fin de que los oferentes evaluaran las condiciones de infraestructura y conectividad necesarias para el proyecto.
Sin embargo, desde las primeras etapas comenzaron a surgir críticas de algunos participantes. Empresas del sector plantearon que ciertas exigencias técnicas contenidas en las bases podían limitar la competencia al requerir características muy específicas en los equipos y soluciones tecnológicas solicitadas.
Otro punto cuestionado fue el calendario del proceso. Algunas compañías señalaron que el período para preparar las ofertas coincidió con el cierre del año y la temporada de vacaciones, lo que habría dificultado el desarrollo de propuestas técnicas complejas dentro del plazo establecido.
Pese a estas críticas, desde la Delegación Presidencial Regional se defendió la estructura de la licitación. La autoridad sostuvo que las bases fueron elaboradas conforme a la normativa vigente en materia de compras públicas y que las exigencias técnicas responden a los estándares que requiere un sistema de televigilancia de alta capacidad.
Asimismo, se indicó que todas las consultas formuladas por las empresas interesadas fueron respondidas dentro de los plazos establecidos por el proceso y que la evaluación de las ofertas se realizó siguiendo los criterios definidos en las bases de licitación.
Detalles del sistema
El sistema considera cámaras fijas y dispositivos con giro de 360 grados capaces de operar de día y de noche, además de tecnología para análisis automatizado de imágenes. Junto con ello, el proyecto incluye la instalación de redes de transmisión de datos, respaldo eléctrico y la implementación de centros de monitoreo equipados con servidores y sistemas de almacenamiento para el registro de imágenes.
La iniciativa cuenta con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, tras haber sido aprobada previamente por el Consejo Regional. El monto total del proyecto alcanza cerca de $ 17.300 millones.
La distribución de las cámaras fue definida a partir de análisis policiales que identificaron sectores con mayores niveles de delitos. De acuerdo con el diseño del plan, los lectores automáticos de patentes se ubicarán principalmente en accesos y salidas de las ciudades, lo que permitirá detectar el paso de vehículos con encargo por robo o vinculados a investigaciones en curso.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
