El coordinador legislativo de la fundación Ciudadano Inteligente, el abogado Octavio del Favero, fue uno de los 54 dirigentes que firmó una declaración pública rechazando la eventual prórroga para el refichaje que deben cumplir por ley los partidos políticos al 14 de abril. Pero el potencial retraso de la entrada en vigencia de la norma que obliga a las tiendas políticas a reempadronar a 17.500 de sus militantes no es el único tema que preocupa a la organización que integra este profesional, y que ya prepara un nuevo informe de “Del Dicho al Hecho”, donde analizarán el cumplimiento de las promesas realizadas por el gobierno.
- ¿Qué tan correcto ha sido el desarrollo del trámite legislativo en el tema de intendentes?
- La discusión se ha visto teñida por los intereses de los personajes que están tomando esta decisión, respecto a los peligros políticos que puede representar para ellos esta nueva figura. La posibilidad de que parlamentarios puedan postularse, sin asumir ningún costo y además conservando sus cargos, revela que no hay una toma de conciencia del momento político que estamos viviendo. Eso, en el contexto de desconfianza que estamos viviendo, me parece extremadamente irresponsable.
- ¿Y cómo se ve esto desde la ciudadanía?
- Alimenta la sensación de que el servicio público es un espacio donde uno accede más a privilegios que a responsabilidades. Aumenta aún más la distancia y el escepticismo con respecto a lo que sale del Congreso, y el peligro está en eso, no solamente la legitimidad de esta decisión, sino las otras, que pueden haber pasado por procesos correctos y adecuados, pero se ven manchados con estas circunstancias.
- También se han visto problemas por falta de quórum ¿qué tan conscientes son los parlamentarios de las consecuencias?
- Hay una sensación de que los parlamentarios no cumplen con las exigencias mínimas de un trabajo, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de las personas, generando una situación de disconformidad y de enojo importante. La experiencia de los parlamentarios, más allá de su función y labor propia, al menos en su mecánica cotidiana, se debería parecer cada vez más a la de un ciudadano ordinario.
- El Estudio Nacional de Transparencia reveló que la sensación de corrupción en organismos públicos aumentó en seis puntos, llegando al 63%, ¿esta tendencia está llegando a un techo o seguirá en aumento?
- Creo que tiene que ver un poco con que en Chile hemos perdido la inocencia respecto al tema. Es normal que cuando se produce un destape importante se produzca una mayor desconfianza a medida que uno se va enterando de cuestiones que antes no sabía.
Lo importante al menos, ya que la corrupción no va a desaparecer del todo, es que sí se estén tomando las soluciones que permitan que las cosas que están sucediendo, no se repitan de la misma forma. Hasta ahora, han habido reacciones adecuadas, a nivel de reformas legales. Lo importante también es que la conducta específica de los actores también se adecue al espíritu de esa normativa y del nuevo standard que exige la ciudadanía.
- El estudio también revela que el 95% de los encuestados confía poco o nada en los partidos políticos ¿La nueva ley de partidos revertiría esa situación?
- No es suficiente y ninguna ley lo sería. Lo que hace una ley es crear un esquema donde coloca incentivos o procedimientos para que la dinámica cambie, y en ese sentido la ley tendería a darle más fuerza a la militancia por sobre la dirigencia, a contrapesar las funcionalidades y los órganos internos de los partidos, y en ese sentido la ley tiene un buen diseño, pero los partidos son más que el diseño interno, y ese necesario que ellos también hagan el trabajo que de alguna forma dejaron de hacer, que es un trabajo de vinculación, de cercanía ciudadana.
En esa dirección también está pensado lo que es el nuevo financiamiento público, que no solo evita que los partidos tengan que recurrir a las empresas para poder financiarse, sino que cuentan con recursos que también le permiten desplegar estas tareas a nivel territorial.
- ¿Qué le preocupa del refichaje?
- El refichaje tiene un doble objetivo: permite depurar los padrones internos, lo que nos asegura, junto con la nueva obligación de un militante un voto, que las elecciones internas de los partidos representen los intereses y visiones de los afiliados. Segundo, es una oportunidad para que los partidos se reconecten con su base social. La posibilidad de ampliar los plazos para el refichaje no parece contribuir a regenerar esa conexión. En ese sentido, ha sido muy valiosa la reacción de varios dirigentes que han descartado la posibilidad de que esos plazos se amplíen.
- ¿Qué opinión le merece el caso que afecta a la senadora Van Rysselberghe? ¿Debiese renunciar?
- Los antecedentes revelados son gravísimos y muestra cómo predominaron los intereses particulares en la Ley de Pesca. Es fundamental que los representantes de los gremios empresariales condenen de forma decidida este tipo de prácticas, que se revise una legislación que ha perdido toda base de legitimidad y que las autoridades involucradas asuman su responsabilidad. Ahora toca a la senadora y su partido demostrar si para ellos es importante resguardar la legitimidad de su cargo y actuaciones dando señales que aclaren los hechos o que eviten el daño institucional mientras esto ocurre.
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