Las tensiones entre un presidente y su bloque político son ciertamente inevitables dadas las distintas funciones que deben ejercer en el aparato del Estado. En algunos casos, como el de la propia Michelle Bachelet en su primer mandato, la distancia se agudiza por las características del jefe de gobierno y por la propia composición del conglomerado. Pero un asunto es la tirantez y otro distinto es el divorcio entre un gobernante, sus partidos y su base parlamentaria, como se ha observado esta semana en Chile con un nivel de estridencia inédito desde 1990.
La rebelión oficialista en el Congreso por la ley corta que pretendía resolver los problemas del padrón electoral y el cambio de gabinete que Bachelet parece haber hecho a contrapelo, pero sin considerar las peticiones de su bloque, revelan la desafección entre la Presidenta y la Nueva Mayoría. A menos de 17 meses del término del mandato, el nuevo clima político del oficialismo tiene consecuencias todavía impredecibles, aunque una resulta evidente: las dificultades que tendría el Ejecutivo en el trámite de su agenda legislativa, que intentará salvar lo que queda de su programa de reformas. En un período marcado por las campañas y las elecciones, Bachelet deberá sacar adelante asuntos complejos como la Reforma a la Educación Superior, la desmunicipalización del sistema escolar, la agenda de descentralización, la despenalización del aborto en tres causales, el proyecto de autocultivo de marihuana y el matrimonio igualitario. Con lo que ha ocurrido en la última semana, el futuro de los proyectos posiblemente dependerá menos de la habilidad del comité político que de la voluntad de los legisladores de la centroizquierda.
Será, aparentemente, una tramitación agónica.
El golpe de autoridad presidencial
La compleja discusión del proyecto de elección de intendentes a comienzos de octubre fue apenas el presagio de lo que ocurrió esta semana en el Congreso. En medio de la grave crisis desatada por los errores en la inscripción de unos 467.000 chilenos, el oficialismo se rebeló ante el gobierno en medio de la tramitación de la ley corta que pretendía solucionar el problema del padrón electoral a pocos días de las elecciones. El comité político de La Moneda había recomendado a Bachelet enviar esta iniciativa, aunque ciertamente resultaba inviable sacarla adelante con solo un día de discusión en la Cámara y una jornada de trámite en el Senado. Sin el apoyo de los legisladores de la Nueva Mayoría, que condicionaron su respaldo a que el Ejecutivo concretara la renuncia de las autoridades involucradas, el gobierno tuvo que protagonizar el bochornoso episodio de retirar el proyecto de ley. El daño, como reconocen públicamente los dirigentes del sector, parece irreparable.
Hasta ahora no se sabe lo que realmente sucedió, aunque existe cierto consenso en que el asunto se originó en el Registro Civil, dependiente del Ministerio de Justicia. Tampoco se conoce si existirá alguna alternativa para solucionar el problema, aunque ciertamente no se conseguirá antes de las elecciones de este domingo. Pero si antes del escándalo del padrón los expertos vaticinaban un nivel de abstención superior al 60%, ahora resulta impredecible prever los efectos que tendrá el cambio de domicilio electoral en el electorado: podría aumentar la cifra de personas que no acudirán a sufragar en señal de protesta o, incluso, impulsar a la mayor participación. Las municipales de pasado mañana, en definitiva, sería una de las elecciones menos predecibles que se hayan celebrado en Chile en los últimos 28 años.
En la Nueva Mayoría hace un tiempo largo la energía se concentra en las municipales y en los complejos movimientos de la instalación de los presidenciables, pero no en el Ejecutivo. Acusan a La Moneda de vacío de poder, de una discreta interlocución con los partidos del bloque y de indiferencia por la sucesión. Pero sobre todo, las tensiones internas apuntan a que la Presidenta parece inmutable ante el 15% de aprobación que le concedió la última CEP, el crecimiento discreto de la economía y el débil apoyo ciudadano a las reformas, que han atravesado serios problemas de implementación. Las reiteradas presiones del conglomerado durante los últimos dos meses para que Bachelet realice un cambio de gabinete y la negativa de la Presidenta a concretarlo, son una expresión del choque de fuerzas. Pero la rebelión oficialista del Congreso de esta semana es probablemente la mayor muestra de la desarticulación política de la centroizquierda.
El cambio de gabinete del miércoles profundizó la crisis en el sector en vez de alivianarla. La presidenta no estuvo dispuesta a ceder ante las presiones de la Nueva Mayoría, que pedía una reestructuración en el equipo político y sobre todo la salida del ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, apuntado como el principal responsable del fracaso en la ley corta para corregir los errores del padrón. Pero Bachelet –que valora la lealtad y que no le gusta que intenten dirigir sus decisiones–, pese a las consecuencias políticas optó por mantener en su cargo al economista. Fue un golpe de autoridad hacia su conglomerado: no les consultó previamente a los partidos, les avisó con un par de horas de anticipación y, sobre todo, no les dio en el gusto con los cambios. No es la primera vez que ocurre en alguno de los dos mandatos de la socialista. A diferencia de otras ocasiones, sin embargo, la presidenta no cuenta ahora con la fortaleza del apoyo ciudadano que la hacía inmune a las críticas de los partidos, que de todas formas la apoyaban en el Congreso.
Con un escenario donde las reformas crujieron, quedaron inconclusas o, definitivamente, se cayeron, la última etapa de este gobierno dependerá en buena medida de la capacidad de sacar adelante los seis proyectos emblemáticos que quedan de un programa que se ha deshilachado en el tiempo.
El gobierno no le pasa la posta a Lagos
Luego de haberse resistido por dos meses a realizar un cambio de gabinete, no resultan evidentes las razones de la Presidenta para realizar el ajuste a solo cuatro días de las municipales. Dada su relación de confianza, Bachelet hasta ahora no había querido remover a Javiera Blanco de Justicia, pese a las crisis que habían marcado su gestión hace un año con la paralización del Registro Civil, las muertes del Sename y las pensiones de Gendarmería. Pero la insostenible situación de la abogada luego de los errores en el padrón electoral pudieron haber precipitado el cambio, como la posibilidad de que La Moneda se haya enterado con anticipación de que la PDI incautaría el computador de Blanco desde el ministerio por oden de la Fiscalía, por el caso de las jubilaciones millonarias. Llegar con Blanco como ministra hasta el día de las elecciones se hizo imposible.
La sorpresiva decisión de la presidenta Bachelet tiene menos relación con la salida de Máximo Pacheco, que fue fichado por el expresidente Ricardo Lagos para transformarse en su generalísimo: coordinará los asuntos programáticos, tendrá en sus manos las articulaciones políticas y su renuncia ha representado para algunos una nueva muestra de la desafección del oficialismo con el gobierno. Hasta ahora, sin embargo, a diferencia de lo que ha trascendido, no parece probable que el laguismo haya presionado para que su salida del Ejecutivo se produjera justo antes de las elecciones y que esta decisión haya arrastrado a los otros dos ministros que dejaron el gabinete. El laguismo habría dejado la fecha de salida de Pacheco en manos de la Presidenta.
Sea como fuere, lo que resultaría evidente es que Bachelet no parece haber reconocido que su gestión tenga deficiencias políticas y, tanto por la fecha elegida como por la dimensión del cambio, tomó la decisión de ajustar su gabinete bastante a contrapelo. Porque aunque esté decidida a no tocar a su equipo político ni siquiera luego de las municipales, existe la posibilidad cierta de que deba hacer un nuevo cambio antes del 19 de noviembre, la fecha límite que tienen las autoridades para dejar el Ejecutivo si quieren postular a algún cargo en las elecciones de 2017.
En el mundo político algunos han sacado cálculos apresurados sobre las posibles preferencias que tendría La Moneda respecto de las candidaturas presidenciales de la Nueva Mayoría. El propio senador Alejandro Guillier indicó que muchos comparten la “intuición” de que el gobierno se está cuadrando con la postulación de Lagos. Pero al margen de las preferencias de uno y otro ministro, resulta altamente improbable que Bachelet esté jugando a favor del expresidente. Nunca han tenido una relación de especial cercanía y a quienes conocen a la mandataria les resulta difícil pensar que esté pavimentando con interés el camino de retorno a La Moneda de Lagos. A la Presidenta, adicionalmente, nunca se le ha visto especialmente preocupada de la sucesión. No ocurrió en las elecciones de 2009 y ahora no se ha mostrado particularmente interesada en ejercer el liderazgo de su coalición.
En una semana en que la Nueva Mayoría perdió desde diferentes ángulos –finalmente para nadie es bueno el divorcio entre Bachelet y su bloque–, el único ganador del sector es Lagos, al menos en imagen. Logró reclutar como su generalísimo a Pacheco, probablemente el ministro mejor valorado del gobierno. El expresidente, de paso, entregó una importante señal al mundo político. Si en Chile Vamos y hasta en el oficialismo apostaban en privado a que bajaría pronto su candidatura, el escenario se ha movido en una dirección contraria. Con el PPD aparentemente ordenado en torno a su figura, a los socialistas se les estrecha el espacio para no declinarse finalmente por su postulación. Las encuestas que muestran que Lagos estrecha su distancia con Guillier y el fichaje de Pacheco –un socialista con fuertes lazos en la DC–, representan una razón (más) para que los democratacristianos también terminen sumándose al laguismo.
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