Un nuevo paso con miras a avanzar en materia de probidad y transparencia dio ayer el Senado, cuyos máximos representantes suscribieron un convenio con la Contraloría General de la República, a través del cual este organismo pone a disposición de la Cámara Alta la plataforma de declaración de intereses y patrimonio con que cuenta.
Con la implementación de esta iniciativa se busca dar nuevas señales para revertir la mala percepción que la ciudadanía tiene del Congreso, de manifiesto en diversas encuestas, pese a que ha sido bien evaluado por organismos internacionales.
En la actividad, además del presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, participó el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara Alta, Hernán Larraín, y el contralor de la República, Jorge Bermúdez.
Este último explicó que “a través de este convenio, el Senado y la Biblioteca del Congreso, ha puesto de manifiesto su intención” de hacer la declaración de patrimonio e intereses a través de la Contraloría sin tener la obligación de hacerlo por ser un ente autónomo.
Lo que sí es obligatorio desde octubre pasado, cuando la Ley 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, entró en vigor, es que los parlamentarios realicen no sólo una declaración de patrimonio, sino también de intereses.
A juicio de Lagos, “con estas nuevas herramientas vamos mejorando los mecanismos que teníamos para hacer más transparentes nuestros intereses, nuestros patrimonios y, de esa manera, velar para que a la hora de tomar decisiones en el momento de legislar y votar sepamos quién es quién y cuáles son sus eventuales conflictos de interés”.
Por su parte, Larraín explicó que este convenio permitirá “hacer nuestros propios estudios en base a esta plataforma que va a manejar la Contraloría y aconsejarle a los parlamentarios cuándo pueden y no pueden, a juicio de la Comisión de Ética del Senado, participar en una votación”.
El senador gremialista añadió que “de aquí en adelante, las comisiones de ética, más la Oficina de Ética Parlamentaria que se va a crear, nos va a permitir trabajar con esa información, de manera de poder advertir cada vez que un proyecto de ley va a ser votado, si acaso alguno de los parlamentarios tiene algún conflicto de interés y poder advertirlo, aconsejarlo o sugerirle que no vote”.
Sin embargo, también aclaró que pese a ello “la decisión de votar o no es del parlamentario”. Pero aunque no se le puede impedir que vote, si lo hace teniendo algún conflicto “podemos tomar medidas a posteriori”, que debería contemplar el nuevo proyecto de ley que se tramita.
Pese a estos avances, Larraín admite que existe una contradicción entre el prestigio internacional que tiene el Congreso chileno y la percepción ciudadana, lo que atribuye a “una desconfianza en el mundo político y parlamentario, quizás porque lo que trasciende de la labor parlamentaria es una mirada más mediática, más conflictiva, más política que de su trabajo legislativo”.
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