El denominado "pacto fiscal" que dio a conocer este martes el Presidente de la República, Gabriel Boric, tiene seis ejes, siendo uno de los principales -por su impacto recaudatorio y para los contribuyentes tanto personas como empresas- el de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias y reforma del impuesto a la renta.
¿La razón? Con este conjunto de medidas para combatir la evasión y la elusión, con el propósito de aumentar el nivel de cumplimiento fiscal, Hacienda busca recaudar el equivalente a 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), más de la mitad de la recaudación total del pacto (2,7%).
Si bien no se entregaron mayores detalles, al analizar los documentos entregados por Teatinos 120 en la etapa de diálogos con grandes empresarios y gremios de PYME, queda en evidencia que la cartera insistirá en una serie de medidas que ya consideraba la reforma tributaria rechazada en marzo en la Cámara de Diputados, pero con matices y concesiones.
Por ejemplo, se repondrá la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, que ahora se amplía no solo a compañías, sino también a entidades con o sin personalidad jurídica e independiente de si tengan o no fines de lucro. Cuando reciban fondos estatales, alguna información de los beneficiarios finales será pública. Todo esto en medio de la polémica por el mal uso de recursos públicos en el caso Convenios.
Asimismo, el Ejecutivo insistirá con la aplicación administrativa de la Norma General Antielusión (NGA), que será realizada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y no los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA, como ocurre hoy), pero con matices: se creará un comité asesor que emitirá opinión sobre los casos y el servicio no podrá aplicar nuevamente la norma en un mismo caso, independiente de cuál sea el resultado judicial.
Teatinos 120 puso adicionalmente sobre la mesa la creación de una nueva norma especial antielusión cuando se realicen operaciones destinadas a evitar la generación del IVA en la enajenación de inmuebles a través de sociedades.
También, Hacienda insistirá con la creación de la figura del "denunciante anónimo" con fines tributarios, quien podrá denunciar ilícitos que lesionen las arcas fiscales a cambio de una recompensa, pero también incluyendo multas para quienes entreguen denuncias o información falsa. En este punto, el Gobierno tomará en consideración el trabajo legislativo realizado en el trámite en la Cámara, donde se matizaron las atribuciones de esta nueva figura.
En el caso del SII, se persevera en la multijurisdicción, que significa que una dirección regional podrá fiscalizar a contribuyentes en otras áreas del territorio nacional, también aplicando mejoras en la fiscalización dentro de los grupos empresariales y a los términos de giro de actividades.
La propuesta de Hacienda busca que se establezca como delito tributario el transporte o almacenamiento de bienes que no han cumplido con sus obligaciones tributarias; a su vez, se mejora el tipo penal y se aumentan sanciones a quienes ejerzan el comercio clandestino, sobre todo a través de medios digitales; y también se incorporan medidas cauterales para investigaciones por delitos tributarios, como el embargo de bienes y el congelamiento de activos financieros.
Hacienda puso sobre la mesa la ampliación de los supuestos para hacer efectiva la clausura de establecimientos. Así, se incorpora el no envío de los documentos electrónicos al SII como un hecho que gatille el cierre temporal.
¿Cuáles rendirán más?
Cualquier cambio legal que tienda a reducir la informalidad y el comercio ilegal generará un impacto importante desde el punto de vista de la recaudación y, al mismo tiempo, tendrá un efecto disuasivo en la realización de "estas conductas", plantea el partner de Tax & Legal de HLB Surlatina, Alex Mansilla.
"Destaco aquella medida que pretende eliminar la exención del IVA a las importaciones de bienes por hasta US$ 41, la que evitará que se genere el incentivo que actualmente existe a la subvaloración de productos; o la que busca sancionar como delito el transporte y almacenamiento de bienes que no han cumplido con sus obligaciones tributarias, que permitirá atacar el comercio ilegal desde el origen de la cadena de comercialización; y la que pretende incrementar las sanciones a quienes presenten declaraciones falsas de impuestos o que falseen datos al momento de realizar inicio de actividades ante el SII", complementa.
El incorporar en la ley medidas precautorias destinadas a combatir el comercio informal, y que podrían consistir en la retención de bienes o sumas de dinero de contribuyentes informales, en tanto no se regularicen, pueden ser una "herramienta efectiva", argumenta el socio de Recabarren & Asociados, Luis Felipe Ocampo.
Donde es menos optimista es respecto a las medidas antielusivas: "Una medida ineficiente es trasladar la calificación de la elusión como facultad del SII. Esto generará mayor litigiosidad y la mayor recaudación esperada, si llega, lo será después de un juicio que puede durar a lo menos cinco años. Y ello sin contar una seria afectación de los derechos de los contribuyentes", plantea.
Soledad Diharasarri, socia del estudio Palma, cree que una medida que puede rendir más para reducir la evasión y elusión es dotar al SII de mejoras tecnológicas y a los TTA de recursos para bajar los tiempos de tramitación de las causas judiciales: "Una de las propuestas que afecta directamente la confianza en el sistema es el controvertido denunciante anónimo, que a nuestro parecer no hace mas que entregar incentivos perversos para el denunciante, así como también saturar el sistema con denuncias que muchas veces no tienen sustento", agrega.
Modernizar al SII y tribunales
Las medidas más eficientes son las que fortalecen y modernizan la administración tributaria, como aumentos de fiscalizadores y mejoras tecnológicas que permitan, por ejemplo, automatizar procesos y usar inteligencia artificial en las fiscalizaciones, considera el socio de BLTA-SW Chile, Rodrigo Benítez.
"Las medidas antielusivas ya han logrado su función de desincentivar y prevenir las planificaciones tributarias agresivas. Ya se han iniciado procedimientos de persecución a eventuales conductas elusivas que pueden ser consideradas ilegales. En este sentido, estimo que ajustes a la Norma General Antielusiva obtendrá efectos recaudatorios muy marginales", enfatiza.
El socio de Impuestos Internacionales de Grant Thornton Chile, Oliver San Juan, apunta también a modernizar la administración de impuestos, ya que -dice- existen "diferencias considerables" entre las distintas unidades que mantiene del SII, lo que hace que una discusión sobre una misma materia -en un proceso de fiscalización- pueda ser "sustancialmente más sofisticado y desafiante" en una unidad que en otra del SII.
Por lo tanto, también dice que hay que mirar con atención el pilar de mayor transparencia que incluye el pacto: "Si esa transparencia se reduce exclusivamente a la incorporación de más declaraciones juradas, más obligaciones de información, más obligaciones de reporte, existe el riesgo de que los cruces de información no sean precisos, o de que estemos caminando a un sistema tributario muy complejo y de difícil aplicación en la práctica".
Medidas PYME y medición de evasión y elusión
Cristian Mena, socio de Mena Alessandri & Asociados, pone el foco más bien en las medidas para incentivar el cumplimiento de las PYME, lo que ayudará a aumentar la recaudación y la legitimidad del sistema: "Estamos comprometidos a fomentar la defensa y la educación tributaria entre las PYME, fortaleciendo iniciativas como la Dedecon y proponiendo la creación de un Fondo de Educación Tributaria. Estas medidas tienen como objetivo proporcionar a las PYME las herramientas necesarias para cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales y promover una cultura tributaria responsable y transparente", expone.
Mientras que el presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro, califica como un "buen avance" las propuestas de mayor transparencia, siempre y cuando estas sean recíprocas: "Es positiva la norma que establece conocer los beneficarios finales de las empresas, pero también la autoridad fiscal debe actuar con la misma transparencia, entregando por ejemplo los datos oficiales de evasión y elusión en forma sistemática".
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