“Es una decisión arriesgada, pero necesaria”, expresa un personero que ha seguido de cerca el proceso, tras la presentación de la memoria boliviana el pasado 15 de abril. En esa misma dirección, otras fuentes cercanas al caso advierten que es un riesgo que se debe correr, y que como en todo juicio, existen las mismas posibilidades tanto de ganar como de perder. Las mismas fuentes indican que una posible derrota no tendría efectos jurídicos negativos para nuestro país, sólo habría un “daño en el terreno mediático”.
El día después de, para muchos, la “sorpresiva” determinación de la presidenta Michelle Bachelet comienzan a hacerse evaluaciones de lo que fueron estos casi tres meses de consultas. El diputado miembro de la comisión de RR.EE de la Cámara, José Manuel Edwards (RN), quien pasó de una línea conservadora hacia una postura alineada con la idea de impugnar ahora, señala que a medida que se fue dando el proceso, se fueron conociendo sólidos argumentos jurídicos que fortalecían la posición chilena por una impugnación preliminar.
En ese plano, la mandataria escuchó esas razones, a las cuales también suscribieron los ex presidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, como la de sus abogados más cercanos que, en su gran mayoría, optaban por la tesis contraria: impugnar en febrero. Quien, finalmente ,habría jugado un rol clave en la decisión presidencial fue el canciller, Heraldo Muñoz. El ministro, según comentan cercanos a la causa, fue convenciéndose que el factor político tenía un rol clave en las decisiones que se tomarían, y alentado más aún por los argumentos jurídicos con que se contaban, armando un puzzle completo.
Los escenarios
En un corto plazo, la CIJ debe notificar a Bolivia de la impugnación chilena, suspendiéndose el proceso de fondo. Podría existir la posibilidad de abrirse una réplica y una posterior dúplica. Tras ello, Bolivia deberá contestar los argumentos chilenos. Luego, de unos 6 a 9 meses, vendrá la parte oral del juicio, que podría extenderse por dos semanas. Alegatos donde sólo se ve la competencia de la CIJ, sin entrar en temas de fondo. En el fallo pueden ocurrir tres escenarios. El primero que la Corte acoja la impugnación, ante lo cual se termina el proceso; segundo que no se acepte, ante lo cual se seguiría con el fondo; y un tercer escenario, donde la Corte podría establecer una competencia acotada, sobre algún punto que así lo considere (en el conflicto entre Colombia y Nicaragua ocurrió este escenario en el ejemplo más reciente de una solicitud similar a la chilena). Todas estas tres decisiones son inapelables. En lo inmediato, el gobierno chileno deberá, tal como ya lo hizo Bolivia, nombrar un juez adoc en la Corte para que participe en los alegatos orales.Todo este proceso, no duraría más de dos años.
En derecho
“Chile siempre ha sido respetuoso del derecho internacional, tanto así que estamos haciendo uso de una facultad que otorga la misma corte. Resultan sorprendentes las declaraciones de Bolivia, pero estamos acostumbrados a escucharlas”, expresó el canciller Múñoz contestándole a las declaraciones emitidas por Evo Morales, respecto a nuestra supuesta “contradicción” de respeto al derecho.
Fuerte réplica boliviana a decisión de Bachelet
Pocas horas tardó en reaccionar el presidente boliviano, Evo Morales, a la decisión anunciada el martes en la noche por la presidenta Michelle Bachelet de que Chile invocará la incompetencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya este mes. En las pantallas del país altiplánico, apareció acusando a la posición chilena de contradictoria al rechazar la competencia del "principal órgano de administración de justicia para resolver diferencias entre estados y simultáneamente se manifiesta respetuoso del derecho".
Además, con el recurrente componente político que ha sido protagonista en todo el proceso de la demanda, aludió a los magistrados del caso señalando que "Bolivia mantiene su confianza en la Corte y los jueces, los únicos competentes para resolver este incidente", enfatizando en que los argumentos paceños buscan "el cumplimiento de las obligaciones asumidas libremente por los estados". La declaración de Morales sólo acabó luego de que éste le asegurara a su país que seguirán defendiendo la causa y que "la violencia de la invasión no puede generar derechos definitivos" y que "la unidad del pueblo boliviano me fortalece la seguridad de nuestra victoria".
Otras autoridades bolivianas también respondieron a la decisión chilena. Eugenio Rojas, presidente del Senado, intentó poner en entredicho que este asunto sea una política de Estado en Chile -algo que Bachelet ha afirmado categóricamente- apuntando a que "internamente Chile se dividió sobre el tema marítimo y eso preocupa a su gobierno porque hay líderes políticos de izquierda que apoyan a Bolivia. La extrema derecha obligó a la presidenta Bachelet a que declare incompetente a La Haya".
Otros parlamentarios, como la diputada Flora Aguilar, jefa de bancada del partido MAS, expresó que "con esta decisión se sienten derrotados".
Las declaraciones de ex cancilleres del vecino país, también se hicieron notar en la escena.
Javier Murillo de la Rocha, interpretó la decisión chilena como una muestra de inseguridad y "falta de confianza" frente a los "sólidos argumentos bolivianos". Según él, "si Chile hubiese tenido la contundencia que decía tener, no hubiera tenido temor alguno para seguir enfrentando en la Corte por las vías establecidad".
Por su parte, el otrora secretario de Estado, Armando Loaiza, intentando adelantar el fallo certificó que sería "casi imposible" que la Corte acepte los argumentos chilenos, ya que, según él, la demanda boliviana no apelaría al tratado de 1904.
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