Una semana después de que el oficialismo diera una señal de unidad, alineado tras el nuevo impulso que la presidenta Michelle Bachelet dio a la reforma educacional luego del cónclave en Cerro Castillo, un nuevo flanco de discusión se abre ante la posibilidad de un eventual acuerdo con la Alianza -como el alcanzado en el Senado por el cambio tributario- en materia educacional.
Fue la ministra Secretaria General de la Presidencia (Segpres), Ximena Rincón, quien abordó el tema señalando que “todos los protocolos que se puedan suscribir para ir ordenando el debate y encauzando la discusión, bienvenidos sean, porque el país demanda que nos hagamos cargo de sus necesidades“.
Al poco rato de la intervención de Rincón, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, procuró condicionar el consenso propuesto. “Si la oposición tiene disposición en torno a los tres principios estructurales obviamente que su contribución de cómo cambiar un modelo de educación de mercado a uno como derecho social, nosotros súper contentos de acogerlos”, dijo.
En la misma línea, el vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, luego del comité político también salió a establecer límites a la sugerencia de acuerdo, afirmando que “todos los sectores que deseen sumarse al esfuerzo por cambiar la educación en base a los principios del programa, obviamente que podrán realizar su contribución”.
Las inmediatas precisiones que surgieron desde La Moneda, coincidieron con las aprensiones que simultáneamente plantearon los partidos más de izquierda de la Nueva Mayoría, el PC, la IC y el MAS. En este sentido, el timonel comunistas, Guillermo Teillier, afirmó que “si la derecha todavía defiende el lucro, es difícil llegar a acuerdo”.
Y al tiempo que los ministros y presidentes de los partidos precisaban las condiciones para un acuerdo, los diputados de la Comisión de Educación, discutían acaloradamente en el ex Congreso. Finalizada la sesión, enfatizaron en la inviabilidad de un consenso, que fue lo único en lo que se mostraron de acuerdo los parlamentarios de la NM y la la Alianza.
Así, el diputado Giorgio Jackson (RD), puntualizó que “si es que de un momento a otro, quienes están a favor del lucro, selección y copago, cambian de opinión y quieren estar en contra de ellos, bienvenido a sumarse. Pero si es que aterrizamos los pies en la realidad, eso es bastante difícil”. En la misma línea, Mario Venegas (DC) añadió que “evidentemente hay diferencias insalvables”.
En tanto, desde la oposición, el diputado José Manuel Edwards (RN) afirmó que “en este proyecto de ley, es imposible que lleguemos a un protocolo de acuerdo. No conocemos el resto de la reforma. Las platas no cuadran, no hay ni siquiera acuerdo dentro del gobierno”.
En la misma dirección reaccionaron desde la UDI, donde rechazaron de plano cualquier posibilidad de acuerdo.
Su presidente, Ernesto Silva, tras afirmar que en la reforma había que “partir de cero”, sentenció que “la UDI no está diponible para un acuerdo menos malo”.
El único sector que consideró la posibilidad de un acuerdo fue Amplitud, que hizo un llamado a buscar un consenso tras acudir a Palacio a presentarle una propuesta al ministro del Interior.

"No se logrará la inclusión"
"Quiero dejar en claro que no tengo intereses particulares". Así comenzó la exposición que hizo ayer la ex ministra de Educación, Mariana Aylwin (DC), en la comisión del área de la Cámara. La precisión la hizo frente a los cuestionamientos que se le han hecho desde la Nueva Mayoría. En su intervención citicó duramente el proyecto del gobierno, enfatizando en que posterga la educación pública y que, por el contrario, se impulsan medidas que no tendrían consecuencias en la práctica. "Las expectativas desmedidas que se tienen en el fin al lucro y la selección, no se cumplirán, no se logrará el efecto esperado.
La mayoría de los colegios no selecciona y sólo un tercio de los colegios particulares subvencionados tiene fin de lucro. ¿Vale la pena tensionar el sistema por esa minoría?"."Soy muy escéptica de que la inclusión se vaya a dar por este proyecto. El copago, en cambio, es lo más importante del proyecto", agregó. Con las descalificaciones que comenzaron con la ronda de preguntas, Aylwin respondió que "ser sostenedor no es mucho peor que ser diputado", aludiendo a la desconfianza que existe también hacia el mundo político. Tras su exposición, los diputados de la Alianza se le acercaron para felicitarla. "Esperamos que tomen en cuenta sus sugerencias", de dijo el diputado Kast (Evópoli).
La senadora Ena Von Baer junto a diputados y alcaldes dio a conocer la propuesta.
UDI plantea cambiar el foco de la reforma educacional
Junto con rechazar toda posibilidad de acuerdo con el Gobierno, por considerar que el proyecto tiene problemas "estructurales", la UDI presentó un documento con su propia propuesta en materia educacional.
Bajo el título de "Una educación más justa para un Chile más libre", en 12 páginas se consigna el trabajo realizado por dirigentes de ese partido en conjunto con 26 expertos en el área.
Actuando como vocera del grupo, la senadora Ena Von Baer - quién integra la comisión de educación de la Cámara Alta- explicó que la propuesta se basa en cuatro pilares "que consideramos que son las bases para alcanzar una educación más justa en un Chile más libre", que detalló: la familia -no el Estado- como centro de la educación; los profesores; los sostenedores y directores, y el ambiente escolar.
Tras afirmar que el proyecto del gobierno tiene "una mirada ideológica, sesgada" que no apunta a mejorar la calidad, Von Baer manifestó que eso sólo se logra "con una educación pública municipal fuerte y de calidad".
En esa línea, la parlamentaria -que estuvo acompañada de algunos diputados y alcaldes- explicó parte de los contenidos de la propuesta, entre los que destacan entregar a los sostenedores estatales, que serían los municipios, las herramientas necesarias para llevar adelante su gestión, como participar en la contratación y remuneración de profesores, además -entre otras cosas- de más involucramiento de la comunidad educativa, que considere a directores con poder y el reemplazo al estatuto docente.
Paralelamente se considera un financiamiento con más recursos para todos los niños sin discriminar y una mayor inclusión social en las escuelas, para lo que se propone la ampliación y aumento de la Subvención Escolar Preferencial a todos los establecimientos subvencionados del país y no sólo a los que han firmado el Convenio de Igualdad de Oportunidades.