Por Víctor Hugo Moreno
Desde que se inició el debate sobre la reforma al sistema electoral, se encendieron las primeras alarmas -tanto en el oficialismo como en la oposición- respecto a un punto central: ¿El aumento en el número de diputados y senadores, involucrará mayor gasto fiscal? El gobierno ha insistido en que el proyecto está concebido para que ello no ocurra. En ese contexto, hoy será clave para dilucidar las dudas al respecto, cuando el director de presupuestos, Sergio Granados, junto al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo y la ministra secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón, expongan ante la comisión de Hacienda de la Cámara el informe financiero, documento que hasta el cierre de esta edición continuaba siendo afinado por el Ejecutivo.
Sin embargo, ayer en La Moneda, el jefe de Gabinete le aseguró al presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Pablo Lorenzini (DC), que los organismos de asignaciones parlamentarias, que funcionan de forma externa al Congreso, velarán en un plazo de 4 años, es decir antes de las próximas elecciones parlamentarias de 2017, un modelo de reasignaciones, con el fin de que el mayor número de legisladores no involucre ninguna recarga extra al erario nacional. En ese plano, el parlamentario, aseguró que se llegó a un acuerdo con el ministro en ese sentido, y que se tendrá que trabajar en vías de buscar las fórmulas para que dicho deseo del Ejecutivo efectivamente se pueda cumplir. Lorenzini advirtió desde un primer minuto sus dudas respecto a si con solo reasignaciones se podría contener este aumento (25 diputados y 12 senadores más).
En ese escenario, la comisión de Hacienda solicitó un informe a la Biblioteca del Congreso que determinó que el proyecto conllevaría un mayor gasto de $13.000 millones. Gasto en el cual todos coinciden en que efectivamente será mayor, el punto es que ese gasto sea solo vía reasignaciones. Y en eso, el gobierno ha sido enfático en que deberá hacerse por ese medio. El informe financiero que será dado a conocer en detalle hoy, señalaría que a la Cámara de Diputados el mayor número de escaños significarían $3.600 millones más y que éstos deberán ser estudiados por las comisiones de reasignación. En ese plano, desde la Nueva Mayoría surgen algunas ideas como congelar los salarios de todas las autoridades públicas, no sólo de los parlamentarios, o trasladar el Congreso a Santiago, como lo propone el senador Alejandro Navarro (MAS), quien considera que con esa medida se ahorraría una gran cantidad de recursos.
Solución a 2018
Otro de los asistentes al encuentro de ayer en La Moneda, fue el jefe de la bancada de diputados DC, Matías Walker, quien también ha mostrado dudas respecto a cómo se cubrirá, lo que sin duda, como afirma, será un mayor gasto fiscal. Sin embargo, se mostró confiado en que el Congreso encontrará la fórmula más adecuada: “Es el Congreso Nacional el que fija año a año su presupuesto de gastos y raesignaciones parlamentarias. Es una materia que debe determinar una comisión de asignaciones parlamentarias que es externa, para 2018. Si bien esto no va a tener costo fiscal cero, como hemos advertido algunos de nosotros, es perfectamente posible que de aquí al 2018 el Congreso lleve a cabo las reasignaciones para que no haya mayor gasto fiscal”, comentó el parlamentario en conversación con DF.
Horas antes el vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, también salió al paso de las dudas por un mayor gasto, asegurando que no serán necesario más dineros fiscales: “No va a haber recursos adiciones. Tendrán que realizarse los estudios de parte de las respectivas corporaciones para llevar a efecto las reasignaciones que se requieran”, enfatizó.
Pese a este panorama, desde algunos sectores del mismo oficialismo aún persisten dudas. Algunos parlamentarios sostienen, en privado, que es muy difícil lograr los recursos sólo con reasignaciones, pero que, por ahora, resultaría “impopular” anunciar a la opinión pública que la esperada reforma al sistema binominal traiga consigo un mayor gasto del Estado.
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