El “pobre” crecimiento de 0,8% que registró en mayo el Indice Mensual de Actividad Económica (Imacec), sumado a la rebaja de las proyecciones de crecimiento del PIB para este año de un 3,6% a un 2,5% que anunció el lunes el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, inquietaron aún más los ánimos en el mundo empresarial.
Previo al anuncio del jefe de las finanzas públicas en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Hermann von Mühlenbrock, ya lanzaba un dura sentencia frente al Imacec de mayo, asegurando que éste ya demostraba que la desaceleración es un hecho incuestionable y que se requerían “medidas urgentes” para impulsar la inversión del sector privado. Acciones que a estas alturas de la discusión, para la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se traducen en cuatro puntos claramente delimitados.
Por esto, al conocido repudio de la cúpula empresarial frente a las reformas, existe consenso en la Casona de Sótero Sanz que en este momento crucial de la economía la reforma constitucional debe salir del mapa si se quiere apostar decididamente por la reactivación. “No debiera tocarse por el momento, porque no están dadas las condiciones de estabilidad social y económicas necesarias para iniciar una discusión de esa envergadura, que hoy sólo traería más incertidumbre”, puntualiza el presidente de CPC, Alberto Salas.
Su par de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, asegura que a pesar de lo complicado que es dar pie atrás al anuncio de iniciar el debate por un “proceso constituyente” en septiembre, el gobierno debe poner un “freno absoluto” en este momento para dar tranquilidad a los mercados y no poner en jaque particularmente la inversión extranjera directa.
Pero más allá de subir el tono de los cuestionamientos en relación a las reformas, la multigremial señala como imperativo mejorar la aplicabilidad de la reforma tributaria, realizando los ajustes técnicos necesarios; construir una Agenda Laboral que se haga cargo de los verdaderos desafíos del mercado laboral junto con mejorar los problemas que el actual proyecto de reforma laboral trae consigo; y mejorar la productividad reimpulsando las agendas pro inversiones, partiendo por el sistema de concesiones.
Las prioridades zanjadas desde la CPC también son compartidas en el Edificio de La Industria, que ve una situación económica cada vez más preocupante que está dando “señales claras de paralización”.
Así, resolver los “severos problemas de implementación” que generaría la reforma tributaria es la principal urgencia que dibuja la Sofofa para dar vuelta el escenario económico. Su presidente, Hermann von Mühlenbrock, propone “aplazar la entrada en vigencia del proyecto, manteniendo un sistema totalmente integrado con tasa máxima de 25% hasta que la economía retome niveles adecuados de crecimiento”. Mientras, a mediano plazo, plantea que los dardos deben apuntar a corregir la reforma laboral que actualmente vive su “segundo tiempo” en el Senado.
El líder de la Cámara Chilena de la Construcción, Jorge Mas, indica que la consigna es “pasar de las palabras a la acción”, entregando certezas respecto de variables críticas para la evaluación de cualquier inversión o proyecto, como es el caso de los costos laborales, el peso jurídico de los permisos administrativos, etc.
Y, además de coincidir en la necesidad de aclarar algunos aspectos de la reforma tributaria y modificar la reforma laboral, insiste en que que la reforma constitucional “se debata en otro momento, en que exista mayor confianza, y en un marco institucional”.
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