“La demanda no contiene la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya. Muy por el contrario, la exposición de los hechos ofrecida es deliberadamente vaga”.
De esta manera, a través de su abogado Cristóbal Eyzaguirre, los accionistas de CMPC, Eliodoro y Bernardo Matte Larraín, se refirieron por primera vez a la demanda presentada, en agosto de 2016, por Enrique Eugenio Covarrubias Donoso, accionista minoritario de La Papelera y exprecandidato presidencial, que demandó –entre otros- a quienes fueron directores de la compañía en el periodo en que se coludió con SCA Chile en el mercado del papel tissue.
El contador auditor acusó graves perjuicios (baja en el precio de la acción) tras revelarse el acuerdo entre las dos empresas, y solicitó una indemnización de $ 651 millones, considerando daño emergente y moral, además de lucro cesante.
En su escrito, Covarrubias dice que de acuerdo a la ley de sociedades anónimas, los demandados son solidariamente responsables de ese tipo de actos.
“La demandante evita aportar antecedentes mínimos para determinar la rentabilidad de su inversión en CMPC, lo que hace imposible a esta parte comprender (y menos aún, rebatir) el cálculo de los montos invocados a título de lucro cesante”, dice un escrito firmado por Cristóbal Eyzaguirre y José Miguel Huerta, del estudio Claro & Cia., y que también defienden a Jorge Larraín, Martín Costabal, Jorge Marín y Arturo Mackenna.
Los abogados solicitaron “subsanar” la demanda en una serie de puntos, con costas. “Oponemos la excepción dilatoria de ineptitud del libelo fundada en los serios defectos de forma de la demanda, los cuales impiden a esta parte preparar una adecuada defensa”, señalaron.
A juicio de los juristas, el cálculo del lucro cesante por parte del demandante se funda en la diferencia que habría existido entre la rentabilidad efectiva obtenida y aquella que supuestamente le correspondería conforme a derecho, afirmando que la ganancia en base a su inversión habría sido de $ 174,4 millones.
“El actor no aporta datos que permitan apreciar la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, así como los dividendos obtenidos, sino se contenta con incluir (…) una referencia a la supuesta rentabilidad obtenida sin entregar elementos básicos para realizar dicho cálculo”, señalaron.
Según los abogados, la forma en cómo está planteada la demanda “compromete gravemente el derecho de defensa de esta parte”, ya que, afirman, “supone una fuente de obscuridad respecto de la cosa pedida”.
¿Demanda prescrita?
Exejecutivos de SCA Chile y CMPC ya respondieron a la demanda y solicitaron que sea rechazada, incluso, apuntaron a que la acción ya estaría prescrita.
El exgerente general de CMPC Papeles, Eduardo Serrano, recurrió a la Corte de Apelaciones por cuanto insiste en que la acción judicial iniciada por el accionista minoritario de La Papelera es poco clara.
“Como la demandante no tiene ninguna claridad respecto de los hechos que se le adjudican a cada demandado, no ha podido especificar de forma clara los hechos que imputa respecto de cada uno de ellos, y por ese motivo se ve obligada a ejercer su acción de manera ambigua, no cumpliendo con los requisitos de una demanda”, sostuvo la defensa de Serrano ante el tribunal del alzada luego que el titular del 16º Juzgado Civil de Santiago no acogiera la excepción dilatoria de ineptitud del libelo.
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