Las últimas declaraciones del Superintendente de Pensiones, Alvaro Gallegos, en las que cuestionó la irrupción de las AFP en el debate por los efectos de la reforma tributaria, la baja tasa de reemplazo de las pensiones del actual sistema y la participación de las administradoras en inversiones en empresas com La Polar, han generado un intenso debate.
Sin embargo, en este caso la pregunta es: ¿cuál debería ser el rol de un superintendente?
Para el ex titular de Pensiones, y de Valores y Seguros, Alejandro Ferreiro, “la función del regulador exige cierta prudencia y objetividad; la búsqueda de resolver los problemas de la industria, la disposición a dialogar en esa perspectiva. Y no son buenas las opiniones demasiado categóricas, que pueden ser percibidas como agresivas, porque no se apunta en esa dirección”.
Por esto, Ferreiro, que fue superintendente de pensiones entre 2000 y 2003, en el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos Escobar, agrega que “hay buenas razones conceptuales para preferir una aproximación más técnica, más prudente, más equilibrada y a eso debiera apuntar este superintendente y cualquier otro”.
Es más, el ex regulador advierte que “un superintendente tiene mucho poder en la interpretación y aplicación de las normas. Por esto, siempre tiene que ejercerlo con prudencia y equilibrio”.
Ferreiro explica que el cargo implica cierta rigurosidad y claridad en los objetivos, agregando que, a nivel internacional, se ha buscado organismos colegiados, para que exista prevalencia técnica en la función reguladora, equilibrio y continuidad por la importancia de las atribuciones que tienen. “Precisamente para evitar que estos cargos sean ejercidos de manera unipersonal por quienes pudieran tener opiniones muy sesgadas en una u otra dirección”, señala.
Además, afirma que “estos no son puestos para dar gustos personales o para dar a conocer visiones preconcebidas, buenas o malas. Estas declaraciones han sido leídas como aquellas que no se esperan de parte de ningún regulador”.
Este es el ejemplo que se busca replicar en la Superintendencia de Valores y Seguros, en donde la figura del superintendente unipersonal se reemplazaría por una Comisión de Valores y seguros.
Siguiendo recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE, el proyecto reemplazara la figura del superintendente por un gobierno corporativo compuesto por cinco integrantes.
Este proyecto ya había sido impulsado en 2008 por el entonces superintendente Guillermo Larrain, quien señalo en la ocasión que “pasar a una comisión es una evolución que surge del más profundo convencimiento que surge de la necesidad de acercarse a los estándares internacionales en el gobierno corporativo del regulador, de manera de favorecer un desarrollo normativo más profundo y flexible”.
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