La tormenta originada por los casos de boletas ideológicamente falsas destinadas a financiar a políticos está lejos de amainar. Esta vez fue la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) la que reavivó el "temporal" al multar a directores de SQM por no informar al mercado de forma oportuna sobre los dineros que entregó la minera no metálica para financiar campañas, a través de su ex gerente general, Patricio Contesse González.
En específico, el fiscalizador sancionó a los actuales directores de SQM, Juan Antonio Guzmán Molinari -quien oficia de presidente-, Wolf von Appen Berhmann, Hernán Büchi Buc y al ex presidente de lacompañía, Julio Ponce Lerou y al ex director Patricio Contesse Fica. Para cada uno de ellos fijó una multa de 1.000 UF ($ 25,3 millones).
La SVS explicó que analizó la información proporcionada al mercado por la empresa respecto de pagos "que no reunirían los requisitos para ser calificados como gasto bajo la norma tributaria chilena". Ahí se investigó la actuación de los integrantes de la mesa respecto del monto al que podrían ascender los pagos a políticos, lo que fue conocido por ellos el 19 de marzo, pero recién se informó a los accionistas el 25 del mismo mes.
Esta comunicación la hizo el nuevo gerente general, Patricio de Solminihac, a través de una conferencia con inversionistas. Ahí se habló por primera vez de los US$ 11 millones sin respaldo. Pero lo importante es que ese dato se había entregado al directorio el 19 de marzo y, el cuestionamiento del regulador, es que debió enviarse un hecho esencial al mercado.
El relato de la SVS
El documento que da a conocer la sanción, firmada por el superintendente Carlos Pavez, relata los hechos que dieron inicio a la sanción desde que en enero y febrero las versiones de prensa ya señalaban que el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos (SII) habían solicitado antecedentes a SQM.
En el directorio de enero, De Solminihac comunicó que el SII había solicitado información que podrían dar cuenta de boletas de honorarios sin respaldo. En la instancia, los directores nombrados por PCS, requirieron más antecedentes sobre si efectivamente fueros prestados los servicios. De Solminihac dijo que Contesse le había señalado que sí.
Luego se da cuenta la creación del comité ad hoc para investigar esta situación, sin embargo subraya la posición de José María Eyzaguirre -representante de PCS en el directorio- de que Contesse no entregaba la información solicitada y su disconformidad con la decisión del directorio de no colaborar con el Ministerio Público.
La nombrada reunión de 19 de marzo era la cuarta sesión en el mes, tres días después del despido de Contesse y se efectuó sin los renunciados directores de Potash.
Descargos de Ponce
El controlador y ex presidente de SQM, Julio Ponce, presentó en sus descargos que no era necesario el envío de un hecho esencial, porque la cifra era todavía era una estimación, por lo podría no ser veraz.
La SVS respondió que al final de cuentas fue una estimación "más o menos exacto en comparación al valor definitivo" y agregó que lo afirmado por Ponce "podría dar paso a interpretar que SQM, con la venia de su directorio, proporcionó información no veraz al SII", al entregar a ese organismo borradores en la que se hacía mención a este monto.
¿Precedente para directores?
Una de las principales interrogantes que dejó la primera lectura de la resolución de la SVS es la interpretación que se le da al hecho que el directorio de SQM no informó una evaluación preliminar que tenía sobre los montos involucrados en las denominadas platas políticas, lo que debería haber sido comunicado al mercado de inmediato. Esto -explican abogados de la plaza- abre el debate sobre qué informaciones deben comunicarse, algo que hasta el momento apuntaba a aquella que fuera veraz, oportuna y suficiente. En ese sentido, explican que llama la atención que en el comunicado del regulador se acepte que es una información preliminar, pero que aun así debió haber sido informada.
Respecto a la magnitud de las multas, hay quienes las consideran elevadas tomando en cuenta que en el fondo se cuestiona la oportunidad de la información y no se hace referencia a que fuera una acción dolosa. En el ámbito jurídico lo grafican como haber pasado una luz roja, pero sin haber atropellado ni causado daño a nadie.
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