Con la inquietud respecto a los plazos que justifican la urgencia del gobierno para aprobar el proyecto de estabilización para las cuentas de la luz, ayer la comisión de Minería y Energía del Senado continuó la tramitación del texto luego de las indicaciones ingresadas, aunque en un tenso clima debido a la diferencia de posiciones.
Según explicó el ministro de Energía, Claudio Huepe, la Comisión Nacional de Energía (CNE) envió su informe respectivo, por lo que “debemos enviar a Contraloría el decreto el 11 de julio”.
“Nosotros debemos enviar a Contraloría el decreto el 11 de julio”, dijo Huepe.
El gobierno detalló que, si el proyecto se aprueba, se tendría que dictar un informe diferente que justifique el decreto, que debería haber entrado en vigencia el 1 de julio.
Huepe volvió a la carga aclarando que el mecanismo de estabilización no es un sistema de subsidio, pero tiene incorporado en este caso particular -a diferencia del Mepco, por ejemplo- un aporte neto del Fisco.
En el debate, los senadores preguntaron por la condicionalidad en que estaba redactado el poder disponer de la realización de aportes anuales. Sobre las dudas respecto al aporte de US$ 20 millones, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que es un asunto de técnica jurídica y que no es que siembre dudas sobre su ejecución. Y el “hasta” es en función del propio funcionamiento del mecanismo. Eso sí, admitió que “quizás podemos buscar algún ajuste en la redacción que permita dejar más claro que el hasta depende exclusivamente de hecho que se requiera compensar o mitigar alzas de tarifas que es el propósito de este aporte”.
Mientras, respecto a la magnitud del aporte Marcel sentenció que “no vemos una justificación ni tampoco tenemos mucha disponibilidad de recursos hoy para aumentarlo por un objetivo más simbólico”.
Acera, la Sofofa, el Consejo Minero, fueron algunos actores que presentaron ayer diversos cuestionamientos. La directora ejecutiva de Acera, Ana Lía Rojas, enfatizó que la presión que se le quiere poner a este proyecto “no tiene que ser en función del 11 de julio que el Ejecutivo pretende imponer” y presentó diversos ejemplos de demoras en la publicación de resoluciones en el Diario Oficial, proponiendo además la creación de un Mepco eléctrico.
Fue en ese momento que Huepe interrumpió la presentación. Luego, tras ser advertido de los códigos propios de la instancia, dijo que quiere romper el abuso que se ha hecho en el último tiempo de las modificaciones legales sin consideración al sector energético.
“El Mepco no es un subsidio, lleva asociado un impuesto. No sé si lo que está proponiendo la representante de Acera es que pongamos un impuesto a la energía eléctrica”, lanzó Huepe.
Mientras, Marcel cuestionó por qué se sigue insistiendo en el concepto de subsidio. “Mientras tengamos esa palabra cruzada en la definición de los otros mecanismos de estabilización será muy difícil que nos podamos entender en torno a este proyecto”, dijo.
“La magnitud de las propuestas que tenemos en esta presentación es no es un mecanismo de estabilización sino que subsidios estatales por US$ 3.250 millones”, agregó.
En medio de las dudas por el futuro de la generación renovable, Huepe recalcó que “hay plena confianza en que estas políticas no están afectando en absoluto la transición energética”. En ese momento, la senadora Yasna Provoste consultó sobre las garantías que el texto no inviabilizará inversiones pro transición energética. Huepe tomó escuetamente la polémica que abrió ayer Enel al desmentir a Acera respecto a la inviabilidad del articulado. “Enel sacó una declaración pública diciendo clarísimamente que no se inviabilizan las inversiones. Si los propios actores lo dicen, es bastante evidente el punto”, lanzó.
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