El inminente ingreso del plan de reconstrucción de la administración Kast ha generado expectativas en la principal industria del sur del país, la salmonicultura.
Fue el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien la semana pasada adelantó que el megaproyecto del Ejecutivo incluiría medidas para la industria acuícola, con el fin de acelerar las “micro relocalizaciones”; que se puedan hacer con más fluidez los estudios de bancos naturales y los informes ambientales (INFA); y sustituir ciertas medidas de caducidad de concesiones por el pago de una patente. “Va a beneficiar muy fuertemente a Los Lagos, Aysén y Magallanes”, dijo Quiroz.
Consultada por DF, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), liderada por Osvaldo Urrutia, dio detalles de las modificaciones que impulsará el gobierno.
“Vemos con buenos ojos avanzar en el concepto de micro relocalizaciones y ajustes cartográficos dentro de concesiones ya otorgadas”, señaló Urrutia.
El subsecretario hizo el punto de que esta no es una figura nueva, sino que ya se creó para la acuicultura de mitílidos (moluscos como mejillones o choros) en la Ley N° 21.183 del año 2019. “Es una medida acotada, que no implica expansión territorial ni aumento de biomasa, pero que puede generar mejoras relevantes en términos productivos, sanitarios y ambientales”, dijo.
Desde un punto de vista técnico, explicó Urrutia, la medida se traduce en que se habilitarán modificaciones menores que pueden alcanzar ajustes del orden de “decenas de metros” -ya sea en posición o en orientación- de concesiones acuícolas, lo que puede permitir ubicar de mejor manera las jaulas de cultivo dentro del polígono concesionado, sin alterar la superficie autorizada y la carga productiva.
Los acomodos “se sustentan en información oceanográfica y batimétrica actualizada, que permite optimizar variables como la profundidad, las corrientes, la dispersión de residuos y las condiciones de oxigenación”, precisó.
El subsecretario postuló que la implementación considera un procedimiento administrativo “simplificado, pero regulado”, que incluye actualización cartográfica georreferenciada, validaciones técnicas sectoriales y fiscalización por parte de Sernapesca, para así asegurar “la trazabilidad y el cumplimiento de los estándares ambientales y sanitarios vigentes”.
En marzo, Urrutia había adelantado a DF que hay entre 50 a 60 concesiones que podrían ser relocalizadas con soluciones más sencillas, pero que hay otras cuyos traslados chocan con el ordenamiento legal existente, por lo que requieren cambios de carácter reglamentario y/o legal.
Viejo anhelo del salmón
La relocalización se trata de una de las principales solicitudes que la acuicultura viene haciendo a las autoridades durante los últimos años. Las concesiones marítimas han sido identificadas como un ícono de la “permisología”, elevándose al sitial del trámite estatal más lento para los privados.
De hecho, el gobierno de Gabriel Boric aprobó las primeras relocalizaciones luego de 13 años y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas -del Ministerio de Defensa- de esa administración empujó un plan para disminuir los expedientes acumulados. La demanda de la industria no tiene que ver solo con motivos productivos -aunque sí los hay-, sino también con trasladar concesiones que han quedado en zonas que, luego de otorgarse el permiso, han quedado como espacios protegidos, lo que ha tensionado la relación de la industria con comunidades y, en algunos casos, judicializado las operaciones. Por esto, relocalizar es visto como un respiro para la industria también en ese sentido.
De a poco, las micro relocalizaciones han sido fuertemente impulsadas por parte del sector salmonero, porque creen que es la llave para comenzar a destrabar con mayor agilidad.
Urrutia planteó a DF que “hoy la normativa presenta rigideces que, en la práctica, impiden realizar ajustes básicos aún cuando estos permitan reducir riesgos sanitarios y minimizar impactos sobre el entorno”, por lo que -defendió- esta herramienta está en consonancia con el foco de brindar certezas regulatorias y “condiciones propicias para la inversión”.
Con todo, el subsecretario subrayó que no reemplaza las discusiones más estructurales sobre relocalizaciones de mayor escala, pero dijo que sí es un paso “concreto, viable, potencialmente más rápido y responsable” para destrabar situaciones operativas, resguardando estándares ambientales.
Si bien hicieron hincapié en que no conocen el detalle del proyecto aún, gremios del sector entregaron sus primeras apreciaciones.
“Todo lo que entregue certezas y reglas claras para destrabar el desarrollo y crecimiento de la actividad debe contar con el apoyo de todos, sin excepción”, delineó la presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, haciendo el punto de que toda discusión debe considerar criterios ambientales, sociales y económicos, “entendiendo que el sur de Chile no es un territorio de paso, sino el lugar donde se juega una parte importante del crecimiento del país”.
En tanto, el timonel de SalmonChile, Patricio Melero, mostró su disposición a contribuir técnicamente como asociación y señaló que “una regulación adecuada en esta materia podría mejorar significativamente la competitividad del sector, a través de una mejor performance ambiental, sanitaria y productiva de nuestras operaciones”.
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