“Podrán existir seguros privados voluntarios, los que en ningún caso podrán sustituir o duplicar el rol del Estado”. Este punto del artículo 18 sobre el Derecho a la Salud votado en particular por la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional el viernes pasado, encendió las alarmas en el sector privado ya que establece limitaciones que, de ser aprobadas finalmente, impedirían a las isapres -y en general a todas las compañías que ofrecen seguros en este ámbito- proveer coberturas a la gran mayoría de las prestaciones actuales.
“Lo aprobado por esa comisión termina con las isapres y los seguros complementarios, y también reduce a los prestadores a una mínima participación. El camino que se está siguiendo es el de un fin inminente del sector privado en salud, con un desmantelamiento que implicaría un salto al vacío para millones de afiliados”, afirma el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón.
“Lo aprobado por esa comisión termina con las isapres y los seguros complementarios, y también reduce a los prestadores de salud privados a una mínima participación”.
La disposición forma del artículo que será sometido próximamente a la aprobación del pleno de la Convención y que establece un futuro Sistema Nacional de Salud “de carácter universal, público e integrado”, costeado a través de las rentas generales de la nación y que, además, podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones con el “solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema”, fondos cuya administración estará a cargo de un órgano público.
Y si bien este escenario general ya ha sido internalizado por el sector privados en el sentido de que su ámbito de acción quedará circunscrito a un rol asegurador de “segundo piso” –lo cual, además, está en línea con las bases del programa del actual gobierno–, Simón indica que el punto del artículo 18 antes mencionado haría inviable ese modelo, no sólo para las isapres sino que en general para la industria que ofrece seguros complementarios de salud.
De hecho, en la industria estiman que no obstante la propuesta de la Convención permite la existencia de los seguros privados, su impedimento para ofrecer productos a patologías y servicios ya incluidos en el sistema nacional reduciría la acción de los seguros complementarios a menos del 10% de las prestaciones existentes. “Tal como está redactado, el texto actual elimina el seguro complementario. Si se entiende que el Sistema Nacional de Salud es muy integral abarcando la mayoría de las atenciones que las personas necesitan y que los seguros privados sólo se pueden actuar más allá de esa cobertura, por lo tanto queda disponible una proporción bajísima de prestaciones reduciendo enormemente su espacio de operación”, indica el dirigente gremial.
Sobre la base de datos de la Asociación de Aseguradores, Simón subraya que un total de ocho millones de personas tiene seguros complementarios.
“Hacemos un llamado al pleno de la Convención a que recapacite respecto de lo que está planteando la comisión para no minimizar la participación del sistema privado en el sector salud a niveles tan extremos y que puede causar un problema de acceso muy importante a la población entera. Salvo que el pleno de la Convención actúe, estamos frente a un inminente fin del sistema privado de salud”, enfatiza el presidente de la Asociación de Isapres.
-En otro de sus puntos, la comisión limitó la relación del futuro sistema nacional con los restantes prestadores de salud exclusivamente a entidades sin fines de lucro, lo cual deja afuera a las clínicas. ¿Cómo lo evalúa?
-Las consecuencias desde el punto de vista agregado son gravísimas, en el sentido de que, por un lado, casi no quedaría aseguramiento privado, ya sea a través de Isapre o a través del seguro complementario, y las personas ya no tendrían ese apoyo para concurrir a un prestador. Y desde el punto de vista de las clínicas, quedarían limitadas a convertirse en instituciones sin fines de lucro para poder participar de alguna medida en la red pública, o seguir de forma independiente, pero recibiendo pagos directos del paciente ya que los seguros para apoyar tales atenciones no existirían. Por lo tanto, se reduciría también el espacio en el cual los prestadores de salud privados pueden ofrecer su servicio.
-¿Qué implicaría tener a los dos pilares del sistema privado de salud en ese escenario?
- Vemos un golpe muy importante a la participación de las entidades privadas en el sector salud no solo en el área previsional. Hay que entender que Chile siempre ha tenido un sistema de salud mixto –actualmente con 15 millones de personas en Fonasa y tres millones en isapres- y existe una complementación muy grande en el sentido de que aproximadamente la mitad de las personas del seguro público usan la red prestadora privada, que a su vez es financiada mayoritariamente por las isapres. Entonces, al final 10 millones de personas usan regularmente el sistema privado prestador que ahora tendría limitado su campo de acción de todos esos servicios.
-Si finalmente esa propuesta avanza en la Convención y es aprobada ¿en qué pie quedaría la reforma a la salud que ha comprometido el actual gobierno que establece la existencia de seguros privados complementarios al fondo universal público?
- Efectivamente, el gobierno ha postulado un sistema en el cual efectivamente estaba el sistema público y habían seguros complementarios, lo que se venía esperando que esa discusión se iba a dar en torno a la cotización del 7%. Pero al eliminar el seguro complementario, la propuesta de la Convención elimina esa posibilidad de desarrollar la reforma en ese sentido y a, nuestro juicio, queda también cuestionada en su viabilidad. Entonces, si esa propuesta deteriora los servicios a los actuales usuarios de isapre y de Fonasa ¿Quién gana con esto?
Balance final 2021: pérdidas históricas
de la industria totalizaron $ 149 mil millones
En un ejercicio 2021 marcado por pérdidas históricas -empujadas por la reactivación de las atenciones no Covid y el incremento de 38% de las licencias médicas hasta representar el 43% del monto global de sus cotizaciones– las isapres reportaron en febrero un balance preliminar anual con cifras en rojo por $ 137 mil millones. Y con la entrega de los resultados pendientes de Cruz Blanca, la cifra definitiva arroja un déficit total de $ 149 mil millones.
A los factores anteriores, Gonzalo Simón añade el congelamiento durante tres años de los planes de las isapres, los cuales ahora están nuevamente en proceso de reajuste para el periodo 2022-2023 a contar de julio con un alza máxima de 7,6%. “Conforme a los cálculos de la Superintendencia de Salud, el crecimiento real de los costos desde 2019 hasta ahora totalizaba un 30%, por lo que entendíamos que el promedio iba a ser de 10% pero la cifra final fue 7,6%. Este monto se queda corto con el encarecimiento de costos, la recuperación de atenciones, la pandemia sostenida y los precios congelados, y es lo que condiciona el resultado final”, indica.
Desde este escenario, el directivo gremial anticipa que esta suma de factores condicionará que la industria en 2022 “también tendrá pérdidas”. Al respecto, y no obstante el reajuste de los planes este año, Simón puntualiza que “la adecuación desde el punto de vista de las isapres recién actuará cuando reciba el mayor pago en julio próximo, momento en el cual recién puede partir su recuperación. Sin embargo, como el alza establecida por la autoridad es menor a la evolución de los costos, va a mejorar de alguna manera la situación, pero no va a ser capaz para equilibrar todas las necesidades”.
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