Más dudas que certezas ha dejado hasta el momento el anuncio de la creación del fondo de infraestructura anunciado por el gobierno. Si bien la idea se valora, la primera lectura al proyecto de ley -cuyo borrador al parecer no habría sido socializado en la industria- deja algunas dudas de cómo operará, los alcances que tendrá y cómo obtendrá recursos.
Entre los abogados de la plaza, expertos en derecho de concesiones e infraestructura, coinciden en la potente herramienta en la que se puede convertir el fondo en materia de financiamiento de obras.
El abogado Rodolfo Guerrero, de Guerrero Olivos, comenta que “es muy interesante la creación de este fondo, que se incorpora como un nuevo actor, con gran capacidad financiera, a la industria de provisión de infraestructura pública”.
El socio de Reymond & Fleischmann, Rodrigo Riquelme, cree que la iniciativa apunta directo al corazón de lo que debe ser la reactivación de esta área, deprimida en los últimos años, siendo uno de los cambios normativos más relevantes.
“Será mucho más fácil obtener recursos del mundo financiero al tener a este actor nuevo y con garantía estatal. Podrá participar como un co ayudante de otras sociedades en licitaciones nuevas”, comenta.
El socio de Domeyko y cía, Francisco Domeyko, explica que el fondo “es una tremenda señal para disminuir la brecha existente en infraestructura. Es una herramienta que puede ser beneficiosa, genera incentivos positivos para desarrollar más y mejores proyectos”.
El gerente de infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Carlos Piaggio, señala que están estudiando el texto en detalle, pero “el concepto es muy positivo, porque será una nueva fuente de financiamiento y, sobre todo, porque separa la gestión de la infraestructura de los ciclos de gobierno”.
Las dudas
Pero en lo detalles, el texto presentado al Congreso dejó varias incógnitas e incluso cuestionamientos.
Algunas fuentes del mercado critican la fórmula elegida, porque no resolvería el déficit del avance de proyectos, ingenierías o evaluaciones, siendo la empresa sólo una fórmula de financiamiento.
En ese sentido, apuestan a que se puede crear un efecto burbuja, porque se emitirá deuda contra deuda por cobrar, lo que tiene el problema que finalmente el patrimonio son recursos que en la práctica no existen. En una empresa que tenga otros activos -por ejemplo Codelco-, se podría echar mano a ellos para pagar los compromisos, pero en este caso no se podría constituir garantía sobre activos, ni se puede rematar -por ejemplo- una carretera.
Enfatizan que aunque se optó por crear una empresa para que el Estado no asumiera en el balance la deuda que ella emita, eso es solo una ficción, porque a final de cuentas es el Fisco el que respalda.
Tampoco se sabe quién fiscalizará los contratos promovidos por la empresa ni cómo “conversarán” con la cartera propia de la Coordinación de Concesiones.
Para Guerrero, una de las dudas es que “por un lado queda bastante claro su calidad de mandante respecto de los proyectos que administre. Sin embargo, no parece bien definido su rol como inversionista directo del sistema, ni su participación en otras empresas”.
En la industria hacen hincapié a esta doble militancia, la que dicen debe quedar resuelta, ya que no se puede ser mandante e inversionista a la vez.
Riquelme subraya que esta empresa, una vez terminada el plazo de concesión de una obra, pasaría a administrar esta infraestructura, lo que podría ser peligroso si su quehacer sólo queda en eso. “Si el único objetivo de esta sociedad es retomar el control de las concesionarias, por ejemplo de las autopistas, se distorsionaría el objetivo de los actores que han participado en confección del proyecto, porque la idea no es terminar con el sistema de concesiones”, señala.
También hay dudas respecto a qué activos se le incorporarán primero, ya que solo hay dos contratos de autopistas próximos a vencer (ver tabla).
El socio de Domeyko y Cía, Javier González, señala que “el fondo debe someterse a la ley de concesiones, pero no en su totalidad necesariamente, ya que entrega mayor flexibilidad y podría establecer un estatuto jurídico distinto”.
“Ahí la duda es sobre qué reglas pueden entrar a jugar en esos contratos como, por ejemplo, en materia de resolución de controversias o distribución de riesgos, porque hoy todo eso está regulado en la ley de concesiones, pero el proyecto permite prescindir de ella”, complementa.
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