La empresa Agro Entre Ríos -AER, ligada a la familia Bawlitza- logró un fuerte espaldarazo de sus acreedores, que aprobaron su propuesta de reorganización judicial y así evitar la quiebra. La compañía pudo reestructurar una deuda que roza los $ 35 mil millones, sin con considerar pasivos relacionados.
Constituida en 1988, la empresa es considerada una de las mayores exportadoras de frutos orgánicos del país; su producción se exporta a exclusivos supermercados en EEUU, Europa y Asia.
Según se informó en la junta de acreedores donde se aprobó el plan de pagos a los acreedores, la empresa obtuvo recientemente la certificación orgánica del regulador de Japón, por lo que en los próximos días iniciará la venta de berries, arándanos y frutillas orgánicas a ese mercado.
Al solicitar su reorganización judicial en mayo del año pasado, la compañía -asesorada por el Estudio Nelson Contador Abogados & Consultores- planteó su necesidad de conseguir distintas condiciones de pago de sus deudas y adecuarlas a los flujos de caja que actualmente mantiene y proyecta. En ese entonces informó la exportación de 4.750 toneladas de fruta orgánica congelada en empaques de retail.
La compañía aseguró que su reorganización le permitirá resolver estructuralmente su situación financiera, viabilizar el desarrollo de su actividad principal, mantener las inversiones operacionales mínimas para mantener el volumen y calidad de sus productos, y -dijo- “continuar su relevante aporte a la industria nacional”.
La administración de la firma, a fines de 2024, develó la existencia de obligaciones financieras no informadas a los accionistas por parte de exejecutivos, de las cuales -según se señaló- deliberadamente se omitió registro en los reportes financieros. Tras esto, inició acciones penales en contra de todos aquellos que resulten responsables de falsificación de documentos, la contratación de pasivos no autorizados por los accionistas, estafa y administración desleal.
$35 mil millones es la deuda de la compañía.
$6.800 millones inyectó un fondo de inversión extranjera.
Los detalles
El acuerdo de reorganización aprobado implica la continuación plena del giro de Agro Entre Ríos, el pago íntegro de la totalidad de sus deudas, y la implementación de un proceso de fortalecimiento patrimonial, el que deberá ejecutarse en un plazo máximo de 36 meses. Este último, podrá incluir aumentos de capital, incorporación de socios estratégicos, fusiones, emisión de deuda convertible, venta de unidades de negocio o constitución de filiales.
De hecho, se propuso la venta del Fundo El Rosal, en la comuna de Linares, Región del Maule, de 38,60 hectáreas, el que fue catalogado como no indispensable para la continuidad operacional de la empresa. Su producción representó aproximadamente un 2% de la producción agrícola.
“Las plantaciones existentes presentan una antigüedad superior a 30 años en parte relevante de su superficie, lo que implica menores rendimientos productivos y la necesidad de significativas inversiones de capex para su replante”, explicó la firma en su propuesta de reorganización, en la cual se detalló que de las hectáreas que conforman el predio, solo 10 se encuentran efectivamente plantadas, siendo el resto terreno de baja aptitud agrícola.
El acuerdo de reorganización fue dirigido tanto a la clase de acreedores garantizados, en la cual se encontraban algunos de los principales bancos del país, como la clase de acreedores valistas.
Respecto a la primera clase, se propuso el pago de la totalidad de la deuda, estableciendo un plazo de gracia de 10 meses. Para los valistas, tambén se consideró asumir todos los pasivos, con un periodo de carencia de 13 meses
El plan aprobado para ambas clases, además de los calendarios ordinarios de pago, estableció amortizaciones extraordinarias obligatorias en caso de obtener excedentes de caja o materializar ventas de activos prescindibles.
Durante el procedimiento, y con el objeto de poder concretar las inversiones en capex y capital de trabajo, la compañía obtuvo $ 6.800 millones bajo la modalidad de financiamiento en protección financiera concursal. Dicha inyección de recursos fue catalogada como esencial para que la empresa pudiera mejorar sus resultados y cumplir las metas de su plan comercial.
El DIP, o deudor en posesión, fue realizado por Summit Ridge Capital, del canadiense Christopher Park y el chileno Ignacio Guzmán, lo que los transformó en los mayores acreedores de la compañía.
Además, este DIP es considerado el más grande que se ha hecho en Chile bajo la nueva regulación del artículo 74 de la ley 20.720, que enmarca la venta de activos y contratación de préstamos durante la Protección Financiera Concursal (PFC).
“La transacción fue originada y estructurada en tiempo récord, lo que le permitió a la compañía comprar fruta a terceros y reconstruir inventarios, clave para su supervivencia”, explicó Ignacio Guzman, CIO de Summit, quien destacó que la firma es una gestora de crédito privado en Latam que ha originado y estructurado todas sus transacciones con capacidades propias.
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J. Troncoso Ostornol
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