El 1° de abril, el mercado amaneció con la cotización y transacción de acciones y bonos de Clínica Las Condes (CLC) suspendidas. El día anterior, fecha fatal para entregar los resultados del ejercicio 2025, la empresa no hizo llegar sus estados financieros a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), por lo que el regulador tomó medidas.
La trama había iniciado unos días antes. El 26 de marzo, CLC envió una carta a la CMF avisando que no llegaría a la fecha. Públicamente, la clínica explicó lo anterior por la “revisión profunda e indispensable” de “inconsistencias detectadas en los estados financieros de la anterior administración”.
Un breve resumen: a inicios de 2025, EuroAmerica y el Grupo Indisa compraron la participación del grupo Auguri, ligado a Cecilia Karlezi Solari -mientras Alejandro Gil, su pareja, mantenía el rol de presidente de CLC- en medio de una crisis financiera que atravesaba el establecimiento. Posteriormente, acusaron haber hallado “ajustes manuales” e “inconsistencias” en los resultados por más de US$ 80 millones, además de haber sincerado pérdidas por otros US$ 83 millones.
Como referencia, en 2024, la clínica reportó ingresos por $ 172.059 millones, unos US$ 194 millones al dólar de hoy. O sea, las inconsistencias acusadas equivalen a más de un 40% de los ingresos de ese año.
US$ 80 millones en inconsistencias acusa CLC
Entrega no oportuna
A inicios de mes la CMF planteó que los inversionistas, accionistas y el mercado en general no cuentan con información “veraz, suficiente y oportuna” sobre la situación de la CLC y, por ende, suspendió sus valores. Y este miércoles es el plazo límite para que la clínica entregue los resultados del ejercicio.
La gerenta de Riesgo de Humphreys, Paula Acuña -que ha seguido a la clínica como analista- refuerza la postura de la CMF. La clasificadora ya había asignado “Categoría E” -utilizada cuando se carece de información suficiente- por la falta de antecedentes sobre la representatividad de la información financiera histórica de la firma.
Esto, señaló, “no permite inferir de manera razonable la capacidad de generación de flujos de la compañía y, por ende, tampoco su capacidad para responder oportunamente al pago de su deuda, bonos incluidos”.
El abogado especialista en regulación financiera y socio de Finmark, Matías Valenzuela, puntualiza que el impacto para el accionista es concreto: mientras esté suspendida la cotización, no puede vender sus acciones y, cuando se levante, el mercado deberá procesar de golpe las pérdidas de la clínica con el riesgo de una caída brusca en el precio.
Explica que la CMF puede cursar multas por el incumplimiento de plazo, pero subraya que la eventual entrega de información falsa al mercado durante la administración anterior sería mucho más grave. Por este tema, “la CMF ha aplicado multas de hasta UF 80.000 (más de $ 3.000 millones) e inhabilidades por cinco años, con remisión de antecedentes al Ministerio Público”, recuerda.
De todas formas, la directora de empresas, Tamara Agnic,sostiene que “habla bien del directorio” haber reaccionado a tiempo para evitar que esta situación siga creciendo y así frenar una posible “bola de nieve (...) Aunque pueda sonar duro o incluso ingrato en lo inmediato, este tipo de decisiones constituye finalmente un resguardo para los accionistas y, de manera muy especial, para los minoritarios, que dependen de que existan controles, alertas y reacciones oportunas”.
Las auditoras
En el mercado, la entrega de información oportuna no fue el único punto que abrió debate. Durante la administración anterior de la clínica, período en que -según se acusa- se habrían ejecutado los “ajustes manuales”, los resultados fueron revisados por Deloitte hasta el año 2022 y, en 2023 y 2024, por Ernst & Young (EY) como auditoras independientes. Y entre los involucrados en este caso se ha abierto la discusión sobre qué rol deberían haber cumplido estas big four ante supuestas inconsistencias de esa magnitud.
EY declinó hacer comentarios y Deloitte explicó que, por normas profesionales, no puede referirse a un trabajo de auditoría que está en curso y en proceso de reportar a los accionistas y al mercado, por lo que cualquier información de relevancia se comunicaría directamente a los responsables de ese gobierno corporativo.
Valenzuela plantea que, de verificarse las discordancias, la CMF podría investigar y sancionar a las auditoras -porque están sujetas a supervisión- y que, por otro lado, los accionistas podrían demandar por los perjuicios derivados.
“Los auditores externos no son meros validadores formales de cifras: tienen el deber profesional de detectar irregularidades e inconsistencias en los estados financieros. Si los ‘ajustes manuales irregulares’ representaban un impacto superior a US$ 80 millones y no fueron detectados ni reportados, hay una pregunta legítima sobre si las firmas auditoras cumplieron con su deber de diligencia suficiente”, sostiene.
El presidente de Chile Transparente -anteriormente superintendente de Valor y Seguros y ministro de Economía-, Alejandro Ferreiro, enfatiza que lo más importante es la responsabilidad potencial del emisor, pero que en el caso de los revisores externos, sería determinante si los “ajustes” pudieron ser detectados empleando la diligencia exigible a una auditora “o si se trató de un engaño o manipulación de un nivel de sofisticación y ocultamiento” que escapaba a esas posibilidades.
Agnic se posiciona en la misma línea. La auditoría dice, “no es infalible”, por eso “el buen gobierno corporativo descansa en varias capas de resguardo”. Así, esgrime que “más que buscar un único responsable, lo razonable es preguntarse por la cadena completa de controles que pudo haber fallado o que no logró detectar oportunamente la situación”. A pesar de todo esto, valora que el sistema hoy “está más alerta y reacciona antes” frente a este tipo de situaciones, lo que muestra una mayor madurez institucional.
CLC tampoco quiso hacer comentarios para este artículo. No obstante, fuentes ligadas a la firma -bajo reserva- han postulado que la no entrega de información fue un “costo a pagar” para limpiar los estados financieros y que no ven responsabilidad en las auditoras, que trabajaron con la información que se les entregó. Por eso, aseguran, cualquier eventual acción legal iría contra la administración anterior y no tienen a terceros en su radar.
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