Un nuevo frente judicial está abriendo Transbank luego que a mediados de julio acudiera al Tribunal Constitucional (TC) para tratar de revertir la decisión del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que le ordenó reformular su sistema tarifario para el comercio.
La sociedad de apoyo al giro de la banca esgrimió que la decisión del TDLC sería inconstitucional y pidió al TC la suspensión de la medida hasta un pronunciamiento de la Corte Suprema. Los primeros en tratar de poner freno a las acciones de Transbank fueron Farmacia Ahumada y Cruz Verde aduciendo que el recurso interpuesto sería improcedente.
El 16 de agosto se sumó otro actor en contra: la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Tres días después se adhirió la cadena de supermercados SMU, del grupo Saieh.
Otro refuerzo a la cancha
Para liderar la ofensiva judicial, SMU contrató los servicios del abogado y exministro de Justicia, Felipe Bulnes, quien el 19 de agosto acudió hasta el TC para sumarse a la causa y al igual que las otras partes solicitó que se declarara inadmisible la petición de Transbank, tal como lo hicieron Farmacia Ahumada, Cruz Verde y la FNE.
El exagente de La Haya señaló en el escrito presentado que ante los reclamos Transbank “estamos en presencia de un tema de interpretación o aplicación de ley y no en un conflicto de naturaleza o alcance constitucional”.
Bulnes recriminó que “los argumentos esgrimidos por Transbank para intentar sustentar su requerimiento de inaplicabilidad son los mismos que desarrolla en su recurso de reclamación a partir del cual se solicita a la Corte Suprema que deje sin efecto la resolución”.
El abogado de SMU, Felipe Bulnes Serrano.
El representante legal de la firma ligada al grupo Saieh adviertió al TC que la norma que trata de impugnar la sociedad de apoyo al giro controlada por los principales bancos del país “no resultará decisiva en la resolución de la gestión pendiente. Lo anterior, toda vez que la Corte Suprema se encuentra facultada para resolver el asunto controvertido en virtud de la competencia que le confiere el Decreto Ley 211 al momento de conocer un recurso de reclamación”.
Los argumentos de la FNE
La FNE también expuso sus argumentos en el TC y explicó que lo que trataría de hacer Transbank es “reprochar una incorrecta resolución judicial del TDLC, y, por tanto, un mero conflicto de legalidad”.
La entidad apuntó que “una indebida o torcida aplicación de la ley por un tribunal no es materia de inaplicabilidad por inconstitucionalidad”.
El ente criticó a Transbank por no cuestionar la norma que dotó al TDLC la facultad de fijar condiciones respecto de hechos, actos o contratos; “ni menos aún argumenta cómo podría ser inconstitucional la facultad de la Corte Suprema de revisar la decisión del TDLC, pudiendo eliminar o modificar las condiciones establecidas por éste. Esto último es lo decisivo para demostrar la falta de fundamento del requerimiento de Transbank”.
La Fiscalía además defendió la labor realizada por el TDLC y dijo que actuó en el marco de sus atribuciones al momento de emitir la resolución cuestionada por Transbank.
Otro de los dardos de la FNE fue que el derecho de propiedad y el de desarrollar una actividad económica está limitado, según su entender, a resguardar la libre competencia de los mercados.
En esa línea, el organismo antimonopolios reforzó esta idea aclarando que el rol de la Suprema es adoptar las condiciones necesarias para resguardar la libre competencia en los mercados, quedando por ley como tribunal de segunda instancia para revisar las resoluciones que adopta el TDLC.
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