La trama por la alzas de tarifas que aplicó Transbank a sus comercios afiliados y a los proveedores de servicios de pago (PSP) continúan dejando esquirlas. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) decidió este martes rechazar una acción legal que interpuso Transbank contra la demanda de la fintech SumUp que busca frenar las subidas en los servicios que provee la compañía controlada por la banca.
A raíz de que la Corte Suprema revocó el esquema de tarifas de Transbank por contravenir las normas de libre competencia, la empresa aplicó un nuevo régimen tarifario que se tradujo en el incremento de los cobros a contar del 22 de agosto.
SumUp interpuso primero una medida cautelar a fines de agosto para detener esta política, la cual fue decretada por el TDLC en septiembre. Semanas después, la fintech europea concretó el ingreso de una demanda contra Transbank.
En dicha actuación, SumUp acusó a Transbank de cometer una “conducta infraccional” en la fijación de tarifas más allá de lo que estableció la Suprema, por lo que se hace necesario “perseguir la responsabilidad” por estos hechos.
A juicio de SumUp, Transbank cometió “un evidente abuso de la posición de dominio, al estrangular los márgenes de SumUp en el mercado de la adquirencia, mercado en el cual Transbank también participa y en el que cuenta con una posición prácticamente monopólica”.
La firma basada en Londres solicitó al TDLC que la estructura de cobros que de realizar Transbank debe ser el resultado de un análisis técnico; no puede resultar más gravosa que la vigente antes del 22 de agosto de 2022; debe reflejar estrictamente los costos de los servicios prestados por Transbank a SumUp, permitiendo exclusivamente el autofinanciamiento de Transbank a su respecto; y que no se podrá estrangular los márgenes de SumUp.
La respuesta de Transbank
Frente a ello, Transbank respondió que la demanda de SumUp carecía de “claridad”, por lo que impedía a la empresa “contestar, de forma concreta y específica”.
Acusó que la pretensión de SumUp “contiene imputaciones y argumentaciones contradictorias” y que “finaliza con un petitorio de una amplitud y vaguedad tales, que hace estéril cualquier intento de resolver interpretativamente tales contradicciones”.
Transbank aseguró que su esquema de tarifas fue resultado de una “metodología revisada por un panel de expertos independiente en cuya selección de los integrantes la Fiscalía Nacional Económica participó activamente”.
Añadió que la empresa “ha mantenido siempre informada a la autoridad respecto a la forma en la que ha puesto en práctica las recomendaciones entregadas por dicho panel”.
Aseguró que hoy “no tiene ninguna relación, control o participación en cómo y a qué nivel se fijan las tasas de intercambio (TI) ni los costos de marca (CM), siéndole, por ende, materialmente imposible hacerse cargo de los efectos que tales TI o CM generen en los usuarios del sistema de pagos con tarjetas, sean estos comercios o PSP y, en particular, de si dichos componentes cumplen o no con la sentencia de la Corte Suprema”.
La decisión del TDLC
El TDLC definió que la demanda de SumUp “cumple satisfactoriamente con la exigencia de claridad y precisión necesaria para que la demandada (Transbank) pueda ejercer su derecho a defensa, al exponer claramente las conductas que darían origen a las infracciones acusadas y el mercado en el que incidirían”.
Entre los antecedentes aportados por SumUp es que expuso que el incremento de las tarifas fue de 190% respecto a los cobros anteriores que venía cobrando Transbank.
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