El inicio del procedimiento sancionatorio en contra de STF Capital corredores de bolsa, sus principales accionistas y ejecutivos por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) abrió el debate sobre las sanciones a que se exponen los involucrados del caso.
La CMF sostuvo que la suspendida corredora de bolsa y sus principales socios y ejecutivos (Ariel y Daniel Sauer y Luis Flores) cometieron una serie de infracciones, la más grave entregar información falsa al mercado y al regulador.
“STF arriesga hasta la pérdida de su inscripción en el registro de corredoras, imposibilitándola de continuar operando”, alertó el socio de Kunstmann Spiess Abogados, Max Spiess.
Días antes, los ejecutivos de STF intentaron conocer el proceso que vendría, solicitando reuniones por Ley de Lobby con el fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF, Andrés Montes.
El 31 de mayo, el abogado Luis Hermosilla -contratado por Daniel Sauer-, acompañado por la gestora de intereses, María Villalobos, acudió a las dependencias del regulador.
De acuerdo a lo publicado en el sitio web de la CMF la reunión se trató para: “Conocer y colaborar en los actos que contemplan el área de la sanción actualmente impuesta a la sociedad que representa nuestro mandante, don Ariel Sauer”.
Cinco días después, la CMF acusó a los hermanos Daniel y Ariel Sauer, los principales socios de la corredora y este último también presidente del directorio, de entregar información falsa al mercado y al público general. La misma acusación pesa sobre el exgerente general de STF, Luis Flores.
Además, la CMF sostuvo en su procedimiento sancionatorio que, tanto a la corredora como Flores, habrían cometido infracciones a los artículos 52 y 53 de la Ley N°18.045 del mercado de valores, relacionadas con la prohibición de efectuar manipulación de precios y cotizaciones o transacciones ficticias, respectivamente.
“La corredora reafirma que no existe ningún tipo de perjuicio a clientes, proveedores ni personas relacionadas”, aseguró STF a través de un comunicado.
Gravedad de la infracción
“No es habitual que la CMF dé a conocer formulaciones de cargos. Normalmente, estos son reservados y solo muy excepcionalmente son informados en el momento en que se formulan. Esto habla de un proceso que involucra acusaciones serias o de cierta relevancia pública”, señaló el socio de Barros & Errázuriz Abogados, Javier Díaz.
Según el asociado senior de Dentons Chile, José Ignacio Torres, “de ser efectivas las conductas imputadas, la corredora estaría afectando elementos esenciales del mercado de valores”.
El abogado sostuvo que las eventuales manipulaciones podrían responder a la obtención de una ganancia ilegítima o bien a “maquillar” los indicadores operacionales de la firma, una de las situaciones que gatillaron la suspensión de sus actividades.
El socio de Álamos y Squella, Alfonso Álamos, se decantó por la segunda opción. “Por los antecedentes con los que se cuenta a la fecha, en este caso la manipulación de precios y las transacciones ficticias tendrían por objeto justificar el cumplimiento de las condiciones de patrimonio, liquidez y solvencia de la corredora”, explicó.
Mientras que Díaz anticipó que “esto podría derivar en una denuncia al Ministerio Público, bajo el artículo 59 de la Ley del Mercado de Valores. Ello, porque cuando la CMF resuelve la causa y ve que los antecedentes revisten el carácter de delito, se los remite al Ministerio Público para que considere una posible sanción”.
Casos pasados
“La corredora arriesga hasta la pérdida de su inscripción en el registro de corredoras, imposibilitándola de continuar operando”, advirtió el socio de Kunstmann Spiess Abogados, Max Spiess.
Agregó que “los mismos clientes afectados pueden demandar a STF y eventualmente, los responsables podrían enfrentar cargos penales por fraude u otros delitos si su comisión fuera comprobable”.
Álamos aseguró que aunque es temprano para aventurar el tipo de sanciones que podrían derivar de este caso, de todas formas puntualizó que “hay diversas sanciones pecuniarias, cancelación de la licencia, e incluso delitos contenidos en la Ley de Mercado de Valores”.
Torres recordó cargos similares en los casos de Raimundo Serrano McAuliffe corredores de bolsa, Carlos Marín Orrego e Intervalores, los que resultaron con sanciones en el rango más alto que permitía la ley en su minuto. Hasta la Ley de Agentes de Mercado, el límite era de UF 15 mil, ahora es de UF 100 mil.
“En el caso de Serrano, también se dio la cancelación de la inscripción en el registro de corredores de bolsa y en Intervalores, a Gabriel Urenda y Sebastián González se les fue aplicada, accesoriamente, una suspensión de 4 años para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo principal de entidades sujetas a la fiscalización de la CMF”, subrayó Torres.
De comprobarse las infracciones que fundamentan el procedimiento sancionatorio de la CMF “podrían darse todas las sanciones antes vistas, esto es, cancelación y multa para la corredora y multa e inhabilitación temporal para los dueños de la misma”, alertó.
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