¿Habrá manera de ponerle precio a la credibilidad de las cifras públicas? O al revés, ¿habrá manera de cuantificar el daño que se hace cuando no se cuidan?
Quizás algún lector me responda que basta mirar el desarrollo y la profundidad de la democracia de los países para rankear la calidad de la información oficial que se entrega a los ciudadanos. Si es así, más vale empezar a cuidar el uso de cifras fiscales en el debate público en nuestro país, que esta semana confunden hasta al más informado de los chilenos.
Si partimos de la base de la buena fe, es decir, que los montos de presupuestos públicos y gastos comprometidos no han sido alterados para hacer un punto político, hemos avanzado un paso pero estamos lejos de proteger la credibilidad de las cifras fiscales. Dos fenómenos que hemos visto esta semana las erosionan.
Primero, el "goteo". Entregar información parcelada para generar impacto en la opinión pública o defender una gestión presente o pasada es una manera de ir quitándole peso a las cifras a favor de declaraciones generales. Obviamente se pueden corregir estimaciones o agregar información, pero hacerlo parcelado sistemáticamente no ayuda a que la ciudadanía se arme realmente un panorama claro de cómo están las arcas fiscales. Tampoco ayudará en el mediano plazo a que las presiones de diferentes sectores se ajusten a las reales capacidades del Estado.
Segundo, usar en la arena pública una y otra vez conceptos técnicos que ahuyentan la comprensión. Están bien para un análisis especializado, pero no para un debate general. El mejor ejemplo son los famosos "gastos comprometidos", al que les falta el apellido claramente. ¿Comprometidos dónde, con quién y por cuánto tiempo? O gastos provisionados, sobreejecuciones, subejecuciones.......Si hay que armar un glosario para seguir la discusión fiscal de las autoridades y los expertos, es que no es la discusión correcta.
Varias personas nos han comentado que lamentablemente la impresión con que se quedan es que "en el camino se arregla la carga". La mala noticia es que no es así. Lo que pasa cuando hay gastos fiscales que no se pueden cubrir dentro de los equilibrios macroeconómicos es doblemente negativo y va mucho más allá de las cifras: se defrauda a los que más lo necesitan, que no pueden ser priorizados y se aleja a las personas de la política seria.
En Diario Financiero esta semana, decidimos que era importante llevar el debate a nivel de declaraciones -con entrevistas y columnas contrastamos las visiones sobre el fenómeno general y su potencial impacto- pero también aportar con un zoom a uno de los presupuestos, el de salud, que más polémica han causado. En una página pusimos en contexto el impacto del sobregasto hospitalario esperado para 2019-2021 en comparación con otras áreas del gasto social y cómo la falta de controles integrales explica esta desviación de lo planificado.
Y para un tema diferente, pero no por eso menos importante, les recomiendo seguir atentos la polémica por el "derecho al olvido" que enfrenta en tribunales a Google y ciertas redes sociales con personas que quieren ver borradas las informaciones sobre condenas pasadas o familias que quieren cerrar los capítulos de hechos anteriores. Es un tema que lleva años reapareciendo y que abre debates éticos, periodísticos y de derechos civiles importantes. Aquí les dejo un artículo del prestigioso Columbia Journalism Review que actualiza sobre la discusión en casos ingleses. Leer aquí
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