Tras los anuncios del Presidente de la República en cadena nacional, los principales gremios productivos y organizaciones empresariales de la Región del Biobío manifestaron su firme y transversal respaldo al ingreso del proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico al Congreso, destacando que el paquete de medidas apunta directamente a los cuellos de botella que mantienen frenado el crecimiento de la zona.
A través de una declaración conjunta, entidades como la CPC Biobío, Corma, la CChC de Concepción, Irade y Pescadores Industriales, entre otras, valoraron la propuesta gubernamental frente a la crisis. "Consideramos que esta propuesta no sólo es una respuesta institucional integral al estancamiento que afecta al país, sino que constituye una herramienta de acción efectiva que ofrece un marco de certezas indispensable para nuestra matriz industrial regional", aseguraron las organizaciones.
La respuesta del sector privado local surge frente a un escenario económico complejo. La Región registra una tasa de desempleo del 9,6%, la más alta del país y que supera en más de un punto el promedio nacional de 8,3%.
Uno de los ejes económicos más aplaudidos por el empresariado es la decisión de extender el Fondo de Emergencia para incorporar específicamente a las regiones del Biobío y Ñuble. La disposición de $ 400 mil millones adicionales, que eleva la caja del fondo a un máximo de $ 1,2 billones de pesos, es vista como una señal concreta para reparar la infraestructura dañada por los incendios y revitalizar territorios con rezago.
Cambios tributarios
En la misma línea de la reactivación, el sector productivo destacó las medidas de alivio tributario y fomento al empleo. “Valoramos la creación de un crédito tributario para remuneraciones de entre 7,8 y 12 UTM, el cual permitirá reducir los costos de contratación tanto para Pymes como para grandes empresas, inyectando liquidez justo cuando el empleador más lo requiere”, expresaron.
A esto se suma el apoyo a la reducción gradual del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) del 27% al 23% y la reintegración del sistema tributario, políticas que a juicio del empresariado local “son pasos necesarios para incentivar la reinversión de utilidades en bienes de capital y personal”.
Respecto a los esfuerzos por destrabar las inversiones, la exención transitoria del IVA para viviendas nuevas por 12 meses fue catalogada como una medida acertada para absorber el stock inmobiliario acumulado y reactivar la construcción, un rubro intensivo en contratación.
Acortar tiempos de tramitación
Estas acciones se complementan con la ansiada reducción de los plazos de invalidación de permisos sectoriales, que pasaran de dos años como ocurre actualmente, a seis meses, y el fortalecimiento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Los gremios productivos calificaron estas mejoras regulatorias como decisiones de "sentido común" que beneficiarán la concreción de proyectos energéticos, mineros y de obras públicas.
Finalmente, el bloque empresarial emitió un llamado directo a la acción legislativa, instando a los senadores y diputados de la región a dar su voto favorable a la iniciativa. "Cada trámite innecesario y cada demora injustificada tiene un costo real en empleos que dejan de generarse", advirtieron en su declaración, remarcando que el país requiere de reglas claras para retomar el progreso económico.
Los gremios firmantes confirmaron finalmente su disposición técnica para colaborar con las autoridades durante el trámite parlamentario de la ley.
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