La pesquería industrial de la merluza común, operada por las empresas PacificBlu y Friosur, certificó la sustentabilidad del proceso a través de Marine Stewardship Council (MSC). Este estándar de competitividad posiciona a la captura del recurso en una categoría superior de trazabilidad y sostenibilidad económica, permitiendo a la industria nacional aumentar su presencia en mercados internacionales.
Para Marcel Moenne, gerente general de Pacific Blu, el sello MSC es el resultado de un trabajo conjunto de las tripulaciones, los equipos técnicos y el vínculo permanente que la empresa mantiene con la academia y la autoridad para que los procesos de captura se ajusten al cuidado de los ecosistemas marinos. “Esta certificación prueba que nuestra pesca de merluza común con arrastre es sustentable, derriba mitos y desmiente falsas acusaciones que por años se han utilizado para justificar cambios regulatorios en contra de nuestra actividad basándose en prejuicios y no en evidencia científica”, señaló.
En términos de participación de mercado, la cuota global de captura de la merluza común se divide en 55% para el sector industrial y 45% para la pesca artesanal. En este escenario, Pacific Blu se consolida como el principal actor, pues si bien la compañía concentra originalmente 53% de la fracción industrial, alcanza 68% de las capturas mediante intercambios con otros actores de la industria.
Consumo interno
Este volumen productivo ha sido clave para consolidar a la merluza como uno de los pescados más consumidos del país y parte de la tradición gastronómica nacional. Su impacto en la economía local es directo, ya que aproximadamente 85% de su producción total abastece al mercado interno, comercializándose en formatos frescos y congelados.
Mientras sólo 15% es exportado, la certificación de la MSC permitirá aumentar sus envíos a mercados con altas barreras de entrada, como Europa y Norteamérica. Julissa Melo, encargada de pesquerías para Sudamérica de MSC, explicó que el sello funciona como una vía rápida para el comercio internacional.
“Uno de los principales beneficios de esta certificación es que te abre el acceso a ciertos mercados en donde hay requerimientos de sostenibilidad muy altos, en donde los retailers ya tienen políticas de suministro muy claras de incluir solamente pesquerías sostenibles, pesquerías con certificación del MSC (…) Esto hace que pueda tener una mejor negociación para ingresar a estos mercados, posiblemente con mejores precios, también preferencias de abasto, sin necesidad de pasar por ciertas vallas o ciertos filtros para ver si ingresan a estos mercados”, argumentó la experta.
Pesca ilegal
Sin embargo, Moenne fue enfático en contrastar este logro internacional con la compleja realidad que la captura de merluza común. En los últimos dos años, la cuota global cayó de 40 mil a 30 mil toneladas. A esto se suma la pérdida de 5% de sus cuotas históricas, las cuales fueron reasignadas al sector artesanal por la Ley de Fraccionamiento.
Esto, sumado al aumento de la pesca ilegal, definida por una mayor captura de algunos actores del sector artesanal, han llevado a que las cuotas no sean, en el caso de Pacific Blu, suficientes para mantener sus dos barcos operativos todo el año, lo que los sitúa en "una situación operacional y económica que no es sostenible en el largo plazo".
La extracción irregular del recurso afecta también al sector artesanal que tiene 45% de la captura global, pues frena el potencial económico de la pesquería.
Moenne explicó que, para fijar las capturas permitidas, el Estado estima el volumen de pesca ilegal y lo descuenta de la cuota global antes de asignarla a los actores regulares. "Mientras más pesca ilegal exista, menor es la cuota disponible para quienes operamos dentro de la ley", dijo y añadió que erradicar este ilícito permitiría duplicar las cuotas, mejorar los precios y generar mayor empleo.
Mayores fiscalizaciones
Desde el Gobierno, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, respaldó esta preocupación y reconoció que existe "una enorme brecha en materia de pesca ilegal" vinculada al sector artesanal. Urrutia advirtió que esta práctica afecta directamente los esfuerzos de manejo y el desarrollo responsable del sector.
Para hacer frente a este perjuicio económico y ambiental, el subsecretario enfatizó que una de las prioridades de la administración es avanzar en reformas legislativas que doten al país de un marco regulatorio y de fiscalización acorde a los desafíos actuales.
Asimismo, Urrutia destacó la urgencia de mejorar las facultades de Sernapesca y su coordinación con instituciones estratégicas, como la Armada, el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público, para dar "pasos significativos en el combate a la pesca ilegal".
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Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
