El gremio del transporte de carga del sur del país advirtió un inminente colapso en sus operaciones tras los anuncios del Ministerio de Hacienda respecto al incremento en el precio de los combustibles. Desde la Confederación de Camioneros Sector Sur de Chile, su presidente, Freddy Martínez, calificó la medida como “un golpe inédito que imposibilita la viabilidad financiera de los servicios logísticos del país”, obligando a gran parte del sector a evaluar la paralización de sus funciones, no como una medida de presión política, sino como una consecuencia de la insolvencia.
“Esta alza ha sido inédita en la historia del principal energético. Esto es algo extremadamente grave", declaró.
Martínez agregó que el traspaso del incremento de 62% en el precio internacional del petróleo fue directo y sin ecuaciones de ajuste para su sector. Según detalló, el ajuste afecta al costo de los transportistas en entre 35% y 40%. Ante este escenario, fue categórico al señalar que “esto no tiene ningún tipo de posibilidad de funcionamiento real en el estado de resultados y de costos por cada servicio ofrecido”.
Paralización por insolvencia
La principal preocupación del gremio radica en la incapacidad de ajustar las tarifas con la misma velocidad con la que suben los insumos. “Los contratos y polinomios de ajuste de la industria operan, en el mejor de los casos, tres o cuatro veces al año, haciendo inviable una corrección en 48 horas”. Este escenario contractual, dice el dirigente, amenaza directamente a las pequeñas y medianas empresas de transporte de carga.
Para dimensionar las repercusiones del caso, Martínez recordó que, de acuerdo al catastro entregado por el entonces ministro Ignacio Briones, “80% de la flota nacional está compuesta por pequeñas y medianas empresas, que son prácticamente empresas familiares de uno a 10 camiones”, sin caja para absorber el alza. El dirigente argumenta que en esos datos radica lo significativo del impacto. “El 80% está en esta condición”.
En esa línea aclaró que la paralización que se proyecta no es por generar presión, sino que tendrán que suspender las operaciones por no poder cubrir los costos. El alza, señaló, impactará doblemente a los transportistas en las rutas extremas, como Magallanes y Aysén, que han evaluado detener sus cargas a mitad de camino.
Reunión con Hacienda
Frente a la fecha perentoria del ajuste este jueves, los dirigentes del transporte de carga a nivel nacional exigen una reunión de carácter urgente con el ministro de Hacienda para buscar soluciones alternativas conjuntas.
El sector resiente que el Gobierno haya anunciado medidas paliativas para el transporte público de pasajeros y taxistas, omitiendo al de carga, cuyo impacto, dice Martínez, se trasladará directamente a la economía nacional. “Nosotros prestamos el servicio de flotamiento para el abastecimiento de la nación, para ingresar los productos que vienen desde el extranjero y para sacar los productos nacionales que definitivamente van sumando al PIB de la economía nacional”.
Para el encuentro que esperan tener con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dentro de las próximas horas, los transportistas piden al Gobierno que actúe como garante para reactivar los compromisos adquiridos previamente con los grandes generadores de carga, representados por la CPC y la Sofofa. El objetivo es que los mandantes asuman y concienticen el traspaso de estas alzas a las tarifas para evitar la quiebra de los operadores.
Adicionalmente, el gremio plantea un debate tributario de fondo, exigiendo igualdad de condiciones frente a otras industrias que utilizan combustibles fósiles para sus procesos productivos o transportan carga, como es el caso de las navieras, aerolíneas y el ferrocarril. “En qué proporción se va a tener igualdad, no tenemos ningún problema con la competencia, pero en la medida que sea para todos por igual”, señaló el dirigente.
Impuesto Específico
Respecto al debate sobre el Impuesto Específico a los combustibles, el presidente de la Confederación desestimó su impacto real en la superación de esta contingencia, calificándolo como un factor "absolutamente irrelevante" y desmintiendo que el sector opere bajo un esquema de subsidios sustanciales. "El impuesto específico son 1,5 UTM por cada 1.000 litros y se rebaja en el caso de las PYME hasta el 80%; eso es algo ínfimo en términos de peso, que no tiene ninguna relación con poder solucionar el problema", argumentó.
Además, cuestionó la naturaleza actual de dicha recaudación, recordando que el mantenimiento de las rutas hoy recae en el sistema de concesiones, por lo que propuso rediseñar el gravamen, "no sacarlo, pero que fuera a un fondo que nos permitiera generar un colchón para este tipo de situaciones".
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