El último informe de Política Monetaria del Banco Central volvió a confirmar el pobre rendimiento de la economía de Chile. No sólo nuestro PIB per cápita lleva 11 años sin crecer, sino que se proyecta que este estancamiento se mantendrá por diez años más.
En el debate público suele escucharse que la razón de nuestro deterioro económico fue que dimos por garantizado el crecimiento y las políticas públicas se enfocaron en gastar y distribuir. Al mirar los datos macroeconómicos, esta tesis toma fuerza. No sólo aumentó el gasto fiscal, sino que hay señales de que este mayor gasto debilitó a la actividad privada y tuvo un enfoque de corto plazo, en desmedro de una mirada de largo plazo que favoreciera el crecimiento. Te lo describo.
Desde el 2008 el gasto público ha aumentado sostenidamente: nuestro Estado pasó de tener un gasto equivalente al 19,3% del PIB en el 2007, a tener un gasto equivalente al 27,4% en el 2023 (figura 1). Lo grave es que desde el 2008 tenemos sistemáticamente déficit fiscal, es decir, que el Gobierno gasta más de los que recauda. Pasamos de tener una deuda pública equivalente a un 3,9% del PIB en el 2007, a una deuda equivalente al 41,6% del PIB en el 2024.
Existe una extensa literatura económica que habla del “efecto recesivo de la expansión fiscal”: cuando las finanzas públicas de un país se deterioran y se gasta sobre sus capacidades de financiamiento, puede provocar una contracción en el sector privado (Giavazzi & Pagano 1990; Barro 1979, 1981; Feldstein, 1982; Blanchard & Perotti, 2002; Barry & Devereux, 2003; Mountford and Uhlig, 2008; Alesina, 2010).
Un principal mecanismo detrás de este efecto se debe a que, cuando un país se está endeudando, se genera entre los agentes la expectativa de que, tarde o temprano, el Estado tendrá que obtener recursos adicionales del sector privado a través de mayores impuestos. Esto impacta negativamente las expectativas y confianzas de las empresas e inversionistas. Y los datos respaldan que este fenómeno sucedió en Chile.
El mayor gasto público vino acompañado de un continuo aumento de la tasa de impuestos corporativos que pagan las empresas chilenas. En el 2009 Chile era el 35° país de la OCDE con la mayor tasa de impuesto corporativo, y hoy somos el 10° país con la mayor tasa.
Junto con el alza de impuestos, el Índice Mensual de Confianza Empresarial, que mide las expectativas que tienen las empresas en Chile respecto a su situación actual y futura, comenzó a deteriorarse. Entre el 2003 y a mediados del 2013, el nivel de confianza promedio de las empresas fue optimista el 89% de los meses, mientras que desde el 2013 hasta el presente, el optimismo fue sólo el 31% de los meses. El aumento de impuestos y el deterioro del ambiente empresarial se reflejó en un estancamiento del sector privado en inversión y en empleo, a partir del año 2014.
Se podría argumentar que el mayor gasto fiscal fue destinado a políticas que buscaban fortalecer el desarrollo económico. Pero el análisis del destino del gasto estatal indica que no. La inversión pública en capital fijo representa el gasto en activos que tienen un uso prolongado y que contribuyen al desarrollo económico a largo plazo, como infraestructura, terrenos, edificios y equipos. Esta inversión fue a la baja: en el año 2009, el gasto público en inversión de capital fijo equivalía a 5,0% del PIB, y en el año 2023 equivale a 3,5%.
Las dos reformas de la última década que implicaron el mayor uso de recursos fiscales respaldan que hemos priorizado un enfoque de corto plazo: reforma en pensiones y en educación. Desde el 2008, las principales reformas a nuestro sistema previsional han sido aumentar las transferencias estatales hacia los pensionados, sin ningún esfuerzo en aumentar el ahorro a través de alzas en la tasa de cotización que se destina a las cuentas de los trabajadores. Sin ahorro, no hay ningún sistema de pensiones que soporte el envejecimiento de la población.
En educación, mientras la evidencia señala que la inversión en las etapas tempranas entrega mayores retornos de largo plazo (Cunha et al., 2006; Heckman et al., 2008), desde el 2014 el gasto estatal hacia educación superior ha ganado protagonismo respecto a las etapas preescolar y escolar, producto de la ley de gratuidad universitaria. ¿Resultado? Hoy Chile es el 4° país de la OCDE que más recursos públicos destina a educación superior en relación a la educación preescolar y escolar.
Desde el 2008 nuestro Estado gasta sobre sus capacidades de financiamiento, lo que llevó a alzas de impuestos corporativos y un deterioro de la actividad privada en nuestro país. Y este mayor gasto no se reflejó en políticas de largo plazo, procrecimiento económico. Debemos terminar con esta inercia y reimpulsar el desarrollo económico.
Primero, se debe mejorar la calidad del gasto público, ser más exigentes en qué gastamos. Para este objetivo, es esencial crear un estatuto único de empleo público encargado de la contratación, promoción y desvinculación los funcionarios estatales en función al mérito y desempeño. También se debe avanzar hacia una Agencia de Calidad de Políticas Públicas, como órgano autónomo encargado de la evaluación ex ante y ex post de los impactos regulatorios de las políticas de Chile.
Por último, en el debate deben ganar protagonismo propuestas que generen retornos positivos en horizontes más largos de tiempo. En la reforma de pensiones se debe evitar que el acuerdo sea sólo seguir aumentando el gasto estatal en PGU, sin fortalecer el ahorro previsional a través de alzas en los puntos de cotización. Y en educación, se debe priorizar el gasto fiscal en las etapas tempranas, no en educación superior como propone el proyecto de reforma del CAE del oficialismo.
“Gastar y gastar, chao el crecimiento”. Ese fue el enfoque de las políticas de Chile en los últimos años. Logremos cambiar esta inercia y que ahora el enfoque sea “¡mejorar la calidad del gasto y bienvenido el crecimiento!”. 
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