Nicolás Bohme ha sido uno de los actores relevantes en lo técnico en las recientes discusiones tributarias. Entre 2022 y 2024 fue co-coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda durante la gestión de Mario Marcel, donde tuvo un rol en el diseño de la reforma tributaria de 2022, rechazada en su idea de legislar en 2023 y que luego se subdividió en lo que se conoció como el pacto fiscal.
En 2024 pasó a la Dirección de Presupuestos (Dipres) como jefe del Subdepartamento de Ingresos; y en 2025 fue parte del núcleo de asesores económicos de la candidatura presidencial de Jeannette Jara.
Por estos días, el economista de la Universidad de Chile divide su tiempo entre las investigaciones en el Observatorio de Políticas Económicas (OPES), la asesoría técnica a parlamentarios de la hoy oposición y los trámites para retomar sus estudios de doctorado en la Universidad de Massachusetts Amherst, EEUU.
- ¿Cuál es su visión del proyecto en su conjunto?
- Cuando se parte del diagnóstico equivocado, en general se proponen soluciones equivocadas. Y existe un consenso bastante extendido entre los economistas respecto a que las tasas de tributación, en el mejor de los casos, son variables de segundo orden para elevar el crecimiento económico potencial. Los temas de productividad, innovación, permisos, capital humano y capacitación son los aspectos centrales y esas son las teclas que debiésemos tocar en las condiciones actuales. El proyecto no va a resolver nuestro problema de desaceleración de largo plazo.
Y lamentablemente las consecuencias principales van a ser agudizar nuestros problemas de distribución del ingreso y elevar nuestro déficit fiscal y la deuda pública.
“Lo peor de este proyecto es que nos pone en una senda fiscal de ampliación del déficit, en un contexto en que no nos podemos dar ese lujo. Y el mismo proyecto le impide a los gobiernos posteriores poder enmendar ese rumbo”.
- Andrea Repetto incluso hablaba de un proyecto “altamente riesgoso” para las finanzas públicas. ¿Lo comparte?
- Lo que el gobierno está realizando es una apuesta bastante temeraria, con potenciales consecuencias delicadas para nuestras finanzas públicas. Por una parte, se comprometen rebajas tributarias con efecto cierto, directo, inmediato en la recaudación, contra una mera expectativa de efectos de segunda vuelta que solamente operarían varios años después. Y, además, esto se hace proponiendo una verdadera ley de amarre tributario.
Esto compromete la capacidad de hasta seis gobiernos posteriores de enmendar el rumbo, porque se incluye una norma que en la práctica congela nuestro sistema tributario. Una invariabilidad tributaria que involucra el impuesto corporativo global complementario, impuesto adicional, el IVA, los pronunciamientos administrativos del SII. O sea, el alcance de esta norma no tiene nada que ver con lo que en su momento fue el DL 600.
- ¿Pero no cree que hay que hacerse cargo también del hecho de que la tasa de impuesto corporativo en Chile quedó alta con el 27%?
- Ese es un debate interesante. Hay dos consideraciones que son relevantes.
En primer lugar, cuando uno mira la tasa, tiene que mirar dentro de qué tipo de sistema estamos hablando. Chile tiene un régimen semi integrado en donde parte importante del impuesto de Primera Categoría es un crédito contra el impuesto de los dueños. Los pocos países de la OCDE que tienen ese sistema, que son solo siete entre más de 30 países, en realidad tienen una tasa promedio del orden de 29%. Entonces, cuando uno compara peras con peras, la situación es distinta.
Además, Chile tiene normas tributarias en donde hay relativamente más beneficios que en otros países para reducir la base imponible. Por ejemplo, un régimen de depreciación acelerada bastante atractivo y también la posibilidad de arrastrar pérdidas hacia adelante en condiciones que no son las usuales en el resto de los países.
- ¿Cómo hacerse cargo, sin este proyecto, de que el crecimiento no se mantenga en 2%, el desempleo en 8% y las finanzas públicas con déficit estructural?
- Lo plantearía en estos términos: hay maneras fiscalmente mucho menos costosas para elevar la capacidad de crecimiento y en donde estoy seguro que podríamos alcanzar un alto acuerdo.
Pongo dos ejemplos: una política nacional de investigación, desarrollo e innovación y emprendimiento; y una política nacional de capacitación. Ese es el tipo de políticas que nos podrían ayudar a pasar del 2% de crecimiento tendencial a entre 3% y 4% a un costo fiscal mucho menor de lo que va a generar este proyecto.
- La semana pasada circuló una minuta de economistas de la oposición -entre ellos usted- calculando que este proyecto generaría US$ 4.400 millones menos de ingresos fiscales, pero hay economistas de la centroderecha que rebaten que cuando ustedes estuvieron en Hacienda y Dipres las proyecciones fueron erradas.
- Es tremendamente relevante que nos pongamos de acuerdo respecto a los números. Hay un informe financiero donde se comparan reducciones de ingresos ciertas contra expectativas de aumentos de ingresos. Es importante que haya una discusión amplia técnica para que partamos sobre bases comunes en esta discusión. Lo importante es poner los elementos técnicos sobre sobre la mesa y la buena fe. Hay economistas capacitados con todas las sensibilidades políticas.
- ¿Qué considera lo mejor, lo peor y lo mejorable del proyecto?
- Lo peor es que nos pone en una senda fiscal de ampliación del déficit, en un contexto en que no nos podemos dar ese lujo. Y el mismo proyecto le impide a los gobiernos posteriores poder enmendar ese rumbo. Y eso lo hace, a la vez, a partir de normas tributarias que empeoran la distribución del ingreso, generando transferencias de recursos focalizadas en el 1% de mayor ingreso.
Respecto a las medidas de reducción de gasto, hay algunas que uno puede analizar y pueden ser positivas. Pero, sin duda, el balance es muy negativo.
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Sebastian Valdenegro
