El Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) se creó en 2003 con el propósito de reclutar a los profesionales
más capacitados para el sector público y alejarlo del ciclo político. La idea era contar con un esquema donde primara la meritocracia antes que cualquier otra consideración. A través de concursos públicos y transparentes, se buscaba directivos de excelencia para ejercer los más altos cargos del Estado e implementar las políticas públicas definidas por el gobierno. Sin embargo, al poco andar, el mecanismo comenzó a mostrar una serie de falencias e, incluso en su momento, hubo discrepancias públicas entre algunos de los consejeros del organismo. Según cifras del Servicio Civil, instancia que hace seguimiento del sistema de ADP, cuando cambia la coalición gobernante la desvinculación en nivel I (jefes de servicios) fluctúa entre 60% y 70% durante el primer año, mientras que en cargos de nivel II (directores regionales jefes de división) llega a aproximadamente a 40% entre el primer y segundo año. Es más, durante los dos primeros años del gobierno de Sebastián Piñera las desvinculaciones de funcionarios de nivel 2 llegaron a 42%, mientras que en lo que va del actual ya se llega al mismo guarismo.
Si bien durante la administración anterior se enviaron dos proyectos de ley, no tuvieron una buena recepción por parte del Congreso. Pero el cuestionamiento sobre la efectividad del Sistema de Alta Dirección Pública subió de tono volvió la semana pasada en el marco de la discusión presupuestaria del Ministerio de Hacienda, donde los parlamentarios coincidieron en la necesidad de reformular con urgencia el instrumento de selección para que cumpla realmente su objetivo. Es por ello que el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, señaló que el gobierno trabaja en un proyecto de ley para reformular el actual sistema y, de esta manera, lograr que efectivamente quienes ingresen al sector público, lo hagan por meritocracia. Explicó que la iniciativa que se enviará al Congreso "modernizará el servicio para que sea eficiente y cumpla el objetivo para el que fue creado y que actualmente no lo está cumpliendo".
El personero detalló que una de las modificaciones apuntaría a regular el período de tiempo que están en el cargo los nombramientos provisionales y transitorios, ya que "en varias oportunidades -al no tener límite de tiempo- permanecen en forma indefinida y que incluso puede extenderse durante todo un período de gobierno".
Por eso, Micco aseguró que dentro del proyecto está la idea de regularlo y, a la vez, analizar si es pertinente que los cargos nombrados como provisional y transitorio puedan concursar. "Hay una serie de aspectos que están en análisis y que se deben perfeccionar", indicó el personero. Otro de los cambios que se impulsará busca regular los nombramientos de segundo nivel para que no estén tan expuestos a los vaivenes del ciclo político. "En estos cargos -dijo Micco- existe una rotación más alta de la que se había pensado, por ello se debe analizar y ver la forma de reestructurarlo".
La visión política
Los parlamentarios coinciden en que el sistema de ADP no funciona como se pensó en un principio, por ello, apoyan su perfeccionamiento. El senador Juan Antonio Coloma (UDI) expuso que "el Servicio Civil es un proyecto fallido y en la práctica no sirve. Se gastan millones de pesos para seleccionar personal de nivel I y II y que tenía por objetivo despolitizar la administración pública para que la gente fuera validada en su mérito y ahora en sólo seis meses de gobierno se han destituido a más del 60% de los funcionarios".
Bajo su óptica, urge un cambio. El senador Andrés Zaldívar afirmó que existe coincidencia en que se debe reformular el sistema, sobre todo en los funcionarios de nivel II, quienes no son de confianza del gobierno de turno.
El legislador afirmó que el gobierno debe presentarle propuestas antes de fin de año, ya que ese es el compromiso que se adquirió.
EL DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DEL CONSEJO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA
El consejo de Alta Dirección Pública presentó una serie de propuestas para perfeccionar el sistema. Entre los principales argumentos se señala que "es necesario separar más claramente las funciones de definición de política pública de la ejecución de éstas, especialmente en el II Nivel". Asimismo, recomiendan precisar mecanismos de desvinculación, tanto por razones técnicas como de confianza. También se propone disminuir los tiempos de duración de los concursos mejorando la alianza público privada, donde es clave el rol de las empresas en el sistema. El consejo sugiere avanzar en estudios y análisis cualitativos y cuantitativos para identificar impactos del sistema Alta Dirección Pública en la gestión de los servicios, ya que el actual modelo de convenios de desempeño ADP es poco eficiente para orientar y mejorar la gestión. También se necesita una medición objetiva que permita acotar discrecionalidad.
Para el consejo el desafío es avanzar hacia un sistema que integre selección, inducción, acompañamiento, desarrollo, evaluación, innovación, lo que debe ser planificado e implica recursos. Se propone incluir servicios de Gobierno Central actualmente excluidos, como el Comité Inversiones Extranjeras, Servicio Nacional de Menores, Dirección de Planeamiento de Obras Públicas, Dirección del Trabajo, Fonasa, Instituto Nacional de la Juventud, Conadi y Senama.
A la vez, se recomienda limitar al máximo uso de figura de Transitorio y Provisional.
"Hay que mejorar la medición del desempeño para acotar discrecionalidad en caso de despido"
El personero afirmó que "se debe evitar que la facultad de la autoridad se convierta en un mecanismo de remoción política".
- ¿Cuál es el diagnóstico que hace del Sistema de Alta Dirección Pública?
- La ADP es una reforma exitosa y ha cumplido con creces el objetivo para el que fue creada: fijar un estándar profesional para acceder a la dirección pública. Su creación ha permitido que principios que están en la esencia de este sistema, como es la meritocracia, se expandan y, además, se le exijan al Estado. Ahora, luego de 11 años de funcionamiento, podemos ver que la ADP tiene debilidades y hay un juicio y diagnóstico compartido en que hay que perfeccionarla y fortalecerla. Lamentablemente, a pesar de este diagnóstico, durante el gobierno del presidente Piñera no se logró modificar el modelo vigente y debemos ponernos de acuerdo para hacerlo en este período presidencial.
- ¿Cuáles son las principales falencias que presenta el sistema
- Está claro que la actual ecuación entre mérito y confianza parecer no ser la más adecuada para los desafíos actuales. Debemos plantearnos aspectos como el separar más claramente las funciones de definición de política pública de la ejecución de éstas, especialmente en el II Nivel. También se debe avanzar para que la Alta Dirección Pública no sea sólo un sistema de reclutamiento y selección y, por ende, avanzar en la retención de los buenos talentos directivos y ponerlos al servicio del Estado. Hay que mejorar la medición del desempeño directivo, es decir, que exista una medición objetiva, que también permita acotar discrecionalidad en caso de despido.
- El subsecretario Micco señaló que el Consejo ADP realizó una serie de propuestas para cambiar la ley. ¿Cuáles son sus puntos principales y los ejes de las propuestas?
- Efectivamente, como ha dicho el subsecretario de Hacienda, el consejo de Alta Dirección Pública ha hecho llegar al Ministro de Hacienda propuestas para perfeccionar legalmente el sistema ADP y ellos están trabajando en un anteproyecto de ley sobre la materia. Estas propuestas del consejo ADP son una contribución al perfeccionamiento del sistema y a superar las debilidades que presenta.
- ¿Hacia dónde debe avanzar el sistema de alta dirección pública?
- En materia de desvinculaciones, hay que evitar que esa facultad que hoy tiene la autoridad se convierta en un mecanismo de remoción política. Y eso pasa también por perfeccionar los convenios de desempeño para que sean una herramienta objetiva de medición del desempeño y puedan contribuir efectivamente a mejorar la gestión. También es necesario realizar una mayor delimitación entre lo técnico y lo político (mérito-confianza), lo que es especialmente relevante en los cargos de II Nivel. En el I Nivel debería estar más presente la confianza. Hay consenso también, y lo plantea el programa, en la necesidad de restringir, solo a casos especiales, el uso de la figura de los directivos transitorios y provisionales. La percepción de que la ADP ratifica nombramientos de la autoridad pone en juego su credibilidad y desincentiva las postulaciones. Como le mencioné, también está el aumento de la cobertura del sistema ADP.
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