El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, se está tomando su tiempo para enviar el proyecto de ley antiterrorista. Y razones hay varias. Primero, porque está evaluando el que ingresó al Senado Renovación Nacional el miércoles, y en ese aspecto la idea del Ejecutivo es la de lograr fusionar ambas iniciativas; pero además, relatan fuentes cercanas a Interior, es que Peñailillo está “moderando” el informe entregado por la comisión asesora presidencial que se convocó para proponer los cambios legales en esa materia. Y en ese sentido, apunta un parlamentario, el informe de la comisión sería más agresivo, mientras que el ministro estaría optando por cambios más “conservadores”.
Este escenario para un miembro de dicha comisión es absolutamente normal en en el proceso de reflexión que está llevando a cabo el ministerio, pues los 8 expertos convocados son académicos e hicieron un “trabajo de corte académico y netamente jurídico”, sin tomar en cuenta elementos políticos, ante lo cual todas sus propuestas son pensando en esa dirección y pueden ser más radicales de lo que el gobierno finalmente llevará a cabo. Estos elementos serían ahora tomados en cuenta por el Ejecutivo, en orden a consensuar la ley con las demás fuerzas políticas.
Temas constitucionales
En ese sentido, propuestas como la derogación del artículo noveno de la Constitución incluido en el informe de la comisión, es examinado a fondo desde el gobierno, pues para ello se necesita un quórum más alto, y porque esa medida no estaría generando el consenso que el jefe de gabinete está buscando para el proyecto.
Dicho artículo que se propone derogar se refiere a la definición de conductas terroristas y a que esta actividad “en cualquiera de sus formas, es por esencia contraria a los derechos humanos”.
Esa propuesta se enfrenta a lo presentado por los senadores RN, quienes en su proyecto justifican precisamente lo contrario. “Hacemos presente que, como lo señala nuestra Constitución Política, el terrorismo en cualquiera de sus formas es por esencia contrario a los derechos humanos”, señalan los parlamentarios, argumentado que dicho concepto además fue incluido en la comisión Rettig al referirse a las distintas formas de violaciones a los derechos humanos, señalando, en dicho informe, que son actos terroristas, calificados de violación a los derechos humanos, los cometidos por particulares por motivos o bajo pretextos políticos. Otro de los artículos de la Carta Fundamental que se sugieren derogar es numeral 2 del artículo 16 y los numerales 2, 3 e inciso final del artículo 17.
Estos elementos más otros como la ampliación de los delitos terroristas a delitos graves como homicidios, lesiones graves, incendios; la posibilidad de incluir agentes encubiertos en las investigaciones; la comprobación de una asociación ilícita o bien la sola figura del “terrorista solitario”- utilizada en otras legislaciones como la francesa- son algunos de los elementos más complejos que el gobierno se encuentra analizando con mayor detención.
La idea de Peñailillo y, según lo solicitado por la propia Presidenta, es que esta ley debe salir de La Moneda con una base sólida de respaldo político, pues se ha tomado, tal como el tema de la demanda en La Haya, como un asunto de Estado.
El lunes de la próxima semana, según indicó el ministro el día de ayer, será ingresado finalmente el proyecto al Senado. Mientras que la presidenta Bachelet firmará, el jueves en España, un Tratado de lucha terrorista y contra la delincuencia.
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