Un fuerte cambio en los temas sociales y ambientales en el país, ha visto en los últimos años Nicolás Eyzaguirre, socio y líder del grupo de recursos naturales y medio ambiente de Claro & Cia.
Esta transformación que ha impactado en los negocios, ha motivado a los bufetes que pretenden otorgar una amplia gama de servicios a sus clientes, a que fortalezcan esta área.
Eyzaguirre relata cómo el tema ha ido tomando vuelo. Hace siete años creó, junto a José Domingo Ilharreborde, esta área de práctica en el estudio y hoy su equipo cuenta con nueve abogados.
Su actividad se concentra en dar soluciones a clientes que están desarrollando un nuevo proyecto o que tienen algún problema en una iniciativa ya en ejecución. Además, ven temas de litigios, financiamientos de proyectos y M&A (fusiones y adquisiciones) que tienen componentes ambientales. Desde esta vitrina ha podido apreciar la evolución del área en los últimos años.
-¿A qué responde esta necesidad de fortalecer el área ambiental?
-Los cambios en medio ambiente han sido radicales en los últimos siete años. Parte con la reforma, pero también con el rol que han jugado los tribunales y el empoderamiento de la comunidad.
-¿Qué rol pretenden jugar ustedes como Estudio en esta situación?
-En Claro & Cia. siempre hemos tenido un enfoque preventivo. Tratamos de tener a nuestros clientes fuera de los tribunales, evitando que cometan alguna infracción que arriesgue al proyecto. Pero cuando aparecen los problemas, buscamos solucionarlos de la mejor forma, cumpliendo con la normativa aplicable.
-¿Las empresas han entendido este fenómeno?
-Chile cambió, va en un rumbo distinto y los empresarios y quienes los asesoramos hemos tenido que entenderlo. Hoy, la forma de concebir un proyecto considera contingencias desde el punto de vista social y ambiental. Vemos que hay un enfoque y forma diferente de desarrollarlos. Existe una preocupación que demuestra mayor conciencia con el medioambiente y las comunidades. Incluso se comienza a trabajar desde muy temprano con ellas.
-¿Hay sectores donde esto haya costado más?
-Hay algunas, como la energética, que han sido más golpeadas por la autoridad, los tribunales y los movimientos sociales. Si se miran los proyectos en evaluación ambiental, la mayoría son de ERNC. Los grandes proyectos hidroeléctricos y de carbón están prácticamente paralizados por la incertidumbre de obtener permisos, pero también, de saber si podrán desarrollarse.
¿Reactivación?
-¿Qué esperan las empresas para reactivar los proyectos?
-No es fácil esta respuesta. Ciertamente hay un componente político, para dar más estabilidad. Pero también hay uno litigioso en tribunales, que el mundo político no controla. Falta un acuerdo país entre los principales actores económicos, políticos y de tribunales, para que lleguen a una pauta de cómo solucionar los problemas, por ejemplo, con comunidades.
-¿Ese tema ha variado mucho en los últimos años?
-Cada gobierno, en los últimos tres o cuatro períodos, ha dado distintos lineamientos de cómo solucionarlo. Ninguno ha sido completo ni definitivo, lo que ha redundado en que un proyecto de larga tramitación, al poco tiempo se da cuenta que las políticas con las que comenzó, cambiaron.
-La consulta indígena es una muestra de ello...
-La consulta partió con un sistema y hoy lo están cambiando. Es imposible para un proyecto desarrollarse sin reglas claras. Hemos visto que cuando llega un gobierno, pone sus reglas, pero cuando viene el siguiente, las cambia. La guinda de la torta es que cuando llegan a tribunales, ellos determinan las reglas.
-¿Cuál es la principal problemática en medioambiente hoy en día?
-Las incertidumbres varían dependiendo de la zona donde se desarrollan y del tipo de proyecto. Pero si uno trata de englobar, son las incertidumbres por normas que pudieran modificarse y los litigios.
Si uno revisa los últimos ocho años, es realmente impresionante cómo ha variado la jurisprudencia en temas ambientales. Los fallos no muestran un lineamiento que permita determinar las reglas que se tienen que cumplir. Al analizar los fallos, me da la impresión que los tribunales no tienen confianza en la institucionalidad ambiental. El país no va a funcionar bien si cada uno no cumple su rol y, a la vez, si los entes de este engranaje no confían en el rol de las otras instituciones.
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