A fines de abril, en una entrevista con Radio Duna, el ministro titular de la cartera de Transportes y Telecomunicaciones, Louis De Grange, anunció que dejarían de comprar los buses RED de dos pisos.
La movida, explicó, se enmarcó en una serie de “ajustes de perillas” que desde el ministerio estarían haciendo en orden a cumplir con el recorte del 3% que Hacienda mandató realizar a su presupuesto contemplado para este 2026, consignado en Ley de Presupuestos por un total de $ 1.872.061 millones.
El decreto número 337, al que DF tuvo acceso, contiene el desglose de los ajustes oficiales a realizar. Se trata de un escrito de siete páginas –firmado por el actual ministro Jorge Quiroz– ingresado a Contraloría el 24 de abril pasado, que ordena un recorte total por cerca de $ 56.161 millones a la billetera del sector para este 2026.
En él, se detalla que los programas y servicios atribuidos a la Secretaría y Administración General de Transportes verán un recorte de $ 50.394 millones, mientras que la Subsecretaría de Telecomunicaciones disminuirá su presupuesto en $ 5.766 millones.
Con respecto a la primera institución, Hacienda solicitó recortar cerca de $ 45.410 millones en lo que respecta al Subsidio Nacional de Transporte Público, de los cuales $ 15.250 millones serían obtenidos a partir de una disminución a la billetera del Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional.
Otros servicios que verían reducciones en sus presupuestos son el sistema de RED Movilidad (cuyo recorte solicitado rodea los $ 2.084 millones); la Unidad Operativa de Control de Tránsito ($ 608 millones); la Fiscalización y Centro Automatizado de Infracciones ($ 584 millones), entre otros.
En cuanto a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el decreto delineó un recorte de $ 5.766 millones para el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
Dicho programa, constata la Subtel en su página web, “tiene por objeto promover el aumento de la cobertura de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales o urbanas de bajos ingresos, con baja o nula disponibilidad de estos servicios debido a la inviabilidad económica de ser atendidas por parte de la industria nacional de telecomunicaciones”.