La decisión del gobierno de acelerar la tramitación del proyecto de ley que crea una AFP estatal sorprendió a Andras Uthoff, miembro de la Comisión Bravo y además responbsable de las propuestas en materia de pensiones del programa de gobierno de Michelle Bachelet durante su campaña. Esto debido a que algunas de las ideas que analiza el comité de ministros “llaman a cambiar la lógica del sistema”.
Agrega que el darle el apellido de estatal a una AFP no se logrará necesariamente superar los problemas del sector. Mientras la AFP estatal esté sujeta al mismo marco legal que el resto, advierte, “no podrá hacer gran diferencia”.
Por otra parte, estima que dicha iniciativa no reemplaza una ley corta, aunque podría mitigar (pero en una modalidad errónea, a su juicio) el plazo para una reforma mayor.
- ¿Qué opina del anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet respecto de apresurar el proyecto de una AFP estatal?
- En mi opinión es una decisión que sorprende, toda vez que hay un comité de ministros que está viendo la totalidad de las recomendaciones de la comisión Bravo, donde algunas de ellas llaman a cambiar la lógica del sistema
- ¿Qué beneficios trae?
- A mi juicio, muy poco.
- ¿Por qué?
- Sólo apunta al funcionamiento de la industria y no a la seguridad social. Busca mayor eficiencia, cuando el problema es de mayor solidaridad, participación, legitimidad, educación y densidad de cotizaciones. Tal vez se piensa que dándole un apellido (estatal) a una AFP se logren superar estos problemas, pero mientras esa administradora esté sujeta al mismo marco legal y las mismas regulaciones que el resto, no podrá hacer gran diferencia.
- Se decía que buscaba más competencia, pero ya hay dos entidades con comisiones muy bajas. Entonces, ¿cómo se justifica su entrada al mercado y de qué forma competiría?
- Si no opera con subsidios, es probable que no logre menores comisiones. Si lo hace con subsidios estatales, entonces desequilibra la cancha en su favor. En materia de operaciones, aparentemente se piensa en que tenga una política más activa para lograr la continuidad en las cotizaciones. No creo que se justifique sólo por la competencia. Es para consolidar el rol del Estado dentro de su lógica, lo que a mí me parece errado.
- ¿Por qué?
- Lo que hay que mejorar es la lógica del sistema, desde contratos individuales hacia contratos más solidarios. Esto no lo hace una AFP estatal.
Ley corta de pensiones
- El consenso apunta a mejorar el Pilar Solidario, pero no se dijo nada al respecto…
- La forma de modificar el pilar solidario difiere cuando se miran los escenarios de cambio más estructural que se plantearon en la comisión Bravo. Ese puede ser un motivo. Pero en la coyuntura actual claramente es la política de austeridad planteada desde Hacienda.
- ¿La AFP estatal reemplaza una ley corta de pensiones?
- Pienso que no reemplaza una ley corta, y sí deseo pensar que mitiga (pero en una modalidad errónea a mi juicio) el plazo para una reforma mayor.
- ¿Por qué errada?
- Por dos motivos. La AFP estatal viene a consolidar la lógica del actual componente contributivo (la administración de cuentas de ahorro individuales y obligatorias) que hasta ahora ha dado paupérrimos resultados. Está pendiente una resolución del comité de ministros hacia dónde avanzar. Lo que yo y otros diez comisionados pensamos es que la lógica del sistema debe evolucionar hacia un sistema de administración mixta del componente contributivo. No podemos seguir torturando a las personas de bajas rentas y empleos vulnerables sometiéndolas al martirio de administrar cuentas de ahorro bajo total vulnerabilidad en sus condiciones de empleo e ignorancia en las opciones que debe tomar, en un contexto lleno de incertidumbres. Eso no es seguridad social.
- ¿Entonces no se pueden hacer mejoras a la industria?
- El problema no es de la industria, es de los ciudadanos.
- ¿Por qué?
- Si seguimos pensando en cómo mejorar la industria no necesariamente mejoraremos la situación de las personas. Más opciones para el afiliado y más competencia en la industria no es la solución.
- ¿Cuál es?
- La solución pasa por reconocer que el empleo no ha sido un instrumento de inclusión para todos y, por ende, hay que instituir en forma consecuente mecanismos que combinen incentivos a la cotización y solidaridad en el financiamiento. El Pilar Solidario no ha sido suficiente. La propuesta B del informe Bravo, elaborada por un equipo ajeno a los intereses de la industria y multidisciplinario, es la única que hace un esfuerzo serio en este sentido. Quisiera pensar que el comité de ministros está examinando las propuestas con el debido esmero.
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