Cuprum-Argentum: Ministra Rincón asiste hoy a comisión y contralor insiste en inhabilidad

La petición de la Superintendencia de Pensiones (SP) no dio frutos. Ayer, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, reiteró su decisión de abstenerse de pronunciarse respecto al oficio que emitió el órgano sobre la fusión Cuprum-Argentum, donde calificaba de “impracticable” a la operación.

“Haciendo un análisis exhaustivo de los antecedentes y sobre todo de la normativa que rige y que regula tanto los conflictos de interés como las reglas de probidad de la función pública, decidí abstenerme de mi pronunciamiento sobre esta materia”, precisó en el marco de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.

La SP estima que no existen razones para que el contralor tome esa decisión, porque no se está solicitando “reconsiderar la opinión que la CGR emitió respecto de cómo se autorizó la fusión, ya que el organismo contralor no tiene competencias para ello; sino que se le pidió específica y exclusivamente, que anule el oficio”.

Como sea, Bermúdez dejó en claro que la persona que deberá referirse a ese tema es la subcontralora Patricia Arriagada, la misma persona que firmó el documento en cuestión.

En ese contexto, Bermúdez explicó que la subcontralora no podía asistir a la comisión ni pronunciarse sobre el tema, dado que la solicitud de la Superintendencia de Pensiones se encuentra aún en estudio. De hecho, añadió, Arriagada está recabando antecedentes de otros organismos.

“(Ella) legalmente no puede en estos momentos emitir una opinión, no porque esté inhabilitada o estén en una causal de abstención, sino porque sería anticipar un juicio que evidentemente tiene que manifestar al momento de dar la respuesta a esa reconsideración”, dijo.

¿Cuándo dará la respuesta? Los órganos públicos tienen diez días hábiles para responder a los requerimientos, comentó Bermúdez, quien calcula que la mitad del plazo ya pasó.

“Estimaría que esta semana la respuesta estará elaborándose, una vez que lleguen las respuestas de los otros servicios”.

La asistencia de la ministra Rincón

La ministra del Trabajo, Ximena Rincón, había sido invitada a participa ayer en la comisión, pero ésta se excusó.

Así, será finalmente hoy cuando asista a la instancia. Y es probable que lo que señale dé para hablar. Después de todo, son dos informes en derecho los que encargó sobre la materia. Uno a Jaime Jara, de la Universidad de Chile, y otro a Matías Guiloff y Carlos Pizarro, de la Universidad Diego Portales.

Por otra parte, el abogado Luis Cordero también había sido invitado a la comisión, pero éste se excusó debido a que se encuentra fuera del país.

Cordero había destacado una dura visión ante el oficio de la Contraloría. “El dictamen es anormal porque la Contraloría se pronuncia respecto de un asunto donde ella misma reconoce que no tiene competencia”, manifiesta.

Asimismo, añade, el organismo “dice que va a otorgar una opinión jurídica, aunque es más consultiva”. Y ese concepto, estima, “no es una figura que la Contraloría reconozca”.

Con este pronunciamiento, además, “se contradice con sus propios precedentes, porque históricamente ha sostenido que no puede emitir opinión respecto de asuntos que estén sometidos a conocimientos de las comisiones investigadoras”, que es distinto a que pueda acompañar antecedentes, por ejemplo.

Cordero también destaca el efecto que provoca esta intervención en el mercado financiero. “El oficio, con este nivel de confusión, aparece en un contexto donde tanto el gobierno anterior como éste han tenido comisiones de expertos que han estado promoviendo la autonomía de los reguladores (…) que no dependan tanto de la autoridad política y que tengan esa autonomía precisamente para interpretar, sancionar y regular”, sentencia.

La arista penal

En la arista penal del caso, por otra parte, el trabajo comienza a avanzar. Trasciende que esta semana, ejecutivos de Cuprum asistirían al 7° Juzgado de Garantía de Santiago a declarar, en el marco de la querella criminal que presentaron los diputados DC Ricardo Rincón y Fuad Chahín, por prevaricación administrativa culposa contra la superintendenta de Pensiones.

Los motivos que entregó jorge bermúdez

El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, busca evitar un potencial conflicto de interés. Por eso decidió abstenerse de pronunciarse respecto del polémico caso de fusión entre las AFP Cuprum y Argentum. Así lo explicó el mismo ayer ante los parlamentarios que integran la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.

"¿Cuál es la razón jurídica de esta abstención? Dice relación con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, donde dice que contraviene el principio de probidad cualquier circunstancia que pueda llevar a que el funcionario, en este caso el contralor, esté o pueda estar carente de imparcialidad frente al asunto del que va a pronunciarse", explicó.

El esa línea, la autoridad recordó que el dictamen respecto del cual se solicita su pronunciamiento y opinión jurídica, fue expedido el 16 de diciembre, un día antes que él fuera nombrado en el cargo.

Además, consignó, un conocido estudio jurídico le solicitó durante su ejercicio profesional en 2015 que hiciera una auditoría legal respecto del proceso de fusión de las AFP Provida-Acquisition.

"Si bien es cierto que no es el mismo proceso de fusión que está investigando esta comisión, evidentemente el ordenamiento jurídico y la figura legal utilizada, así como los organismos públicos que han intervenido son exactamente los mismos", dijo. Por lo tanto, concluyó, "cualquier conclusión que yo podría haber emitido en virtud de esa auditoria legal, evidentemente también era extrapolable al proceso de fusión de las AFP".

En ese contexto, Bermúdez manifestó que en virtud de ese encargo elaboró un borrador, aunque dicho documento nunca llegó a concretarse en un informe ni en el pago de un honorario, porque una vez que el gobierno presentó su nombre para el cargo de contralor, incluso antes de la votación, él tomó contacto con la firma dado que estimó que no se trataba de algo prudente.

"A mí me parece que dado que ese borrador si bien es reservado (se lo entregué sólo a ese estudio jurídico) está allí. En algún momento alguien lo podría conocer. Ésa sola circunstancia podría plantear un potencial conflicto de intereses y frente a eso creo que lo que procede en derecho y de acuerdo a mi leal saber y entender es que yo deba abstenerme de pronunciarme sobre esta materia", sentenció.