La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) sostuvo un encuentro con la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, quien estuvo acompañada por el subsecretario José Francisco Lagos.
Participaron -por parte de la ANP- su presidente José Tomás Santa María; los vicepresidentes Pamela Castro, Víctor Massa y Juan Jaime Díaz; el director Maximiliano Valdés; el secretario general Sebastián Zárate, y la gerente general Claudia Chateau.
Uno de los principales puntos levantados fue la denuncia por la contratación ilegal de servicios de clipping por parte de diversos órganos del Estado. La Asociación advirtió que el sector público contrata actualmente a empresas de monitoreo que reproducen y comercializan contenidos periodísticos íntegros sin contar con la autorización de los titulares, lo que constituye una infracción directa a la Ley N° 17.336 de Propiedad Intelectual.
El gremio cuestionó el doble estándar estatal de exigir estrictas licencias para el uso de software en sus licitaciones, pero omitir este requisito para los contenidos de prensa, normalizando la expropiación del trabajo intelectual de los medios.
El presidente de la ANP, José Tomás Santa María, sostuvo que es fundamental que el Estado respete la legalidad vigente.
José Tomás Santa María, presidente de la ANP, destacó que es fundamental que el Estado sea el primero en respetar la legalidad vigente. “El uso de servicios de clipping sin licencia no solo vulnera la propiedad intelectual, sino que debilita la sostenibilidad de los medios al sustituirlos en el mercado de forma ilícita. Por eso le pedimos al Gobierno exija la acreditación de estas licencias como un requisito de admisibilidad obligatorio en toda licitación de monitoreo de prensa y así corrija esta distorsión".
En la oportunidad, la ANP también expuso el grave incumplimiento de pago por parte del Servel hacia los medios regionales. Se detalló que, tras emitir órdenes de compra formales en octubre de 2025 para la publicación de nóminas electorales, el organismo suspendió unilateralmente los servicios a solo 48 horas de su publicación. Dado que los medios ya habían realizado entre el 95% y el 100% del trabajo -incluyendo maquetación, diagramación y reserva de portadas-, la negativa de pago constituye una señal devastadora de parte del Estado. En esa línea, la ANP solicitó al Gobierno coordinar de manera urgente con el Servel el cumplimiento de estas obligaciones contractuales.
Durante el encuentro, en el que también participó el subsecretario Juan Francisco Lagos, hubo espacio para abordar los desafíos del ecosistema mediático desde la perspectiva del Gobierno. En este contexto, el subsecretario Lagos planteó la creciente problemática de la desinformación, consultando a la directiva sobre el rol que deben tener los medios de comunicación formales para combatirla.
La directiva de la ANP concluyó la cita enfatizando que la implementación de estas medidas no requiere de reformas legislativas, sino de voluntad administrativa para corregir distorsiones, respetar los derechos de autor y resguardar el pluralismo informativo.
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